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Este lunes, las centrales obreras revelaron sus cartas para la negociación del salario mínimo al indicar que esperan que éste llegue al millón de pesos, sin incluir el subsidio de transporte, que han propuesto llegue a $125.000.
En otras palabras, sumando subsidio de transporte y salario mínimo, las centrales obreras buscan que todo el paquete quede en $1.125.000.
El aumento sólo en el salario mínimo (10,07 %) coincide, sorpresivamente, con la propuesta que planteó el Gobierno este domingo, y que fue respaldada por los grandes empresarios agremiados en la Andi.
La propuesta de las centrales fue revelada por Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) durante el foro que se realizó este lunes en el que hablaron expertos invocados por cada parte en la negociación del mínimo.
A través de un comunicado, los sindicatos aseguraron que “un salario mínimo básico de $1.000.000 es una propuesta hecha por las Centrales Sindicales desde el año 2019, así como la propuesta de incremento de dos dígitos desde hace más de tres semanas”.
Hay que aclarar que al subsidio de transporte sólo acceden quienes ganan menos de dos salarios mínimos. Aparte de las centrales obreras, hasta el momento, ningún otro actor se ha referido al monto de aumento de este auxilio, que también es sujeto de concertación en la mesa.
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En otras palabras, si bien parece haber un principio de acuerdo sobre el salario, aún no se conoce qué vaya a pasar con el subsidio de transporte.
En el calendario de la negociación, este martes 14 se tendría que dar la discusión formal de las propuestas de los empresarios y las centrales obreras y el miércoles 15 es el primer vencimiento legal para llegar a una concertación entre las partes, algo que no sucede hace 11 años.
El domingo, el presidente Iván Duque sorprendió al decir que proponía un aumento del salario de 10,07 %, lo que lo llevaría efectivamente al millón de pesos (sin contar con el subsidio de transporte, de nuevo).
Pocas horas después, la Andi, a través de su presidente, Bruce Mac Master, se manifestó a favor de la idea esbozada por Duque: “Coincidimos con la propuesta del Gobierno nacional de poder llegar a un salario mínimo de un millón de pesos. Es decir, que pueda haber un incremento de 10,07 % para los trabajadores que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, con menos ingresos”.
Este lunes, pero antes de que se conociera la postura de las centrales obreras el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo que “lo más importante ya se dio y fue lo que hizo ayer el presidente. Eso nadie lo había hecho y fue manifestar públicamente la posición del Gobierno. Es un momento coyuntural donde hay que escuchar a los técnicos, pero también hay que esperar la solidaridad de muchos de los empresarios de este país porque el crecimiento económico va a estar entre 8 o 9 % o superior”.
La propuesta de un aumento de 10,07 % sumó este lunes un respaldo importante al incorporar la voz de los micro, pequeños y medianos empresarios (agremiados en Acopi). Rosmery Quintero, cabeza del gremio, aseguró que “somos conscientes de la realidad social del país y, por eso, haciendo un análisis profundo, técnicamente, con la junta directiva nacional decidimos respetar y acatar la propuesta de incremento de salario de 10,7 % presentada por el presidente de la República”.
Pero a renglón seguido, la dirigente gremial agregó que el crecimiento propuesto “será solo para salario y el transporte debe tener un incremento inferior”, lo que parece señalar que una de las partes más duras de la negociación girará alrededor del subsidio de transporte.
Las aclaraciones de Quintero reflejan las dudas que albergaba este gremio frente a la propuesta del Gobierno, que fueron registradas en declaraciones a medios en los que la propia Quintero calificaba el incremento de 10,07 % como una propuesta “acelerada”, según recogieron varios portales noticiosos este lunes.
La dirigente gremial aclaró, después de subirse al bus de la propuesta oficial, que “nuestro segmento necesita seguir contando con instrumentos que le ayuden a seguir conservando esa recuperación de empleo y no podemos olvidar la realidad del país de informalidad laboral y empresarial. Por eso es urgente que para el próximo año todas las instancias seamos responsables y trabajemos juntos sobre una propuesta de reforma laboral estructural que nos permita tener mejores condiciones”.
Como ya se dijo, este auxilio no está vinculado legalmente a ningún otro indicador, pero “si no se ata al menos a la inflación se estaría disminuyendo año a año”, señaló Iván Daniel Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.
Vale la pena recordar que la inflación, para noviembre de este año, se ubicó en 5,26 % en su variación anual.
¿Un aumento viable?
A la vez que Gobierno, empresarios (Andi y Acopi, al menos) y sindicatos parecieran ponerse de acuerdo en un aumento de 10,07 % en el salario mínimo, varios académicos y centros de pensamiento expresaron el lunes sus dudas acerca de un incremento de esta magnitud.
Por ejemplo, para Fedesarrollo, el salario debería incrementarse en 7,5 % (un rango entre 7 % y 8 %). Anif, por su lado, estimó que el mínimo debería subir entre 6,5 % y 7,5 %. Después de estos umbrales, los centros de pensamiento aseguran que habría consecuencias negativas en términos de crecimiento de desempleo y aumento de informalidad.
La lógica detrás de este pensamiento señala que un aumento muy alto en el salario mínimo conlleva a un encarecimiento del trabajo, lo que reduce la posibilidad de contratación de los empresarios, impactando así negativamente en la generación de empleo y poniendo más trabas para la formalización de la fuerza laboral.
Actualmente, según Fedesarrollo, 63 % de los ocupados en Colombia son trabajadores informales. De acuerdo con cifras de Anif, el segmento del mercado laboral que más sufrió en la pandemia fue el empleo formal, que registró una pérdida de 600.000 puestos por encima del lado informal del trabajo. “Y su recuperación ha sido mucho más lenta”, aseguró Anwar Rodríguez, jefe de investigaciones de este centro de pensamiento.
Marcela Eslava, decana de Economía de la U. de los Andes, puntualizó que la pandemia ha dejado una deuda de unos 500.000 puestos de trabajo por recuperar, a la vez que impulsó a unas 300.000 personas hacia la informalidad. “Es decir, sumando, el déficit en empleo formal es de 800.000 trabajadores. Y ese sesgo preocupa porque no se están creando empleos formales estables, con cobertura de protección social”.
Sin embargo, para Diego Guevara, profesor de la U. Nacional y otro de los exponentes en el foro, esta argumentación tiene una trampa fundamental y es pensar el trabajo como una mercancía más. Para el académico, y colaborador de este diario, el trabajo no es un bien como cualquier otro y, por lo tanto, la lógica de la oferta y la demanda no aplica para el mercado laboral, pues el trabajo no es un bien reproducible”.
“Hay que romper el mito de que el salario mínimo genera desempleo: las causas de los problemas laborales tienen que ver con muchas otras dimensiones que no se van a solucionar vía incrementos o baja en los precios. La raíz estructural de la informalidad no es que tenemos un mínimo muy alto: es porque hay problemas estructurales en el sistema laboral”, dijo el académico durante su intervención.