Contraloría desnuda grandes fallas en el programa de vivienda del gobierno Petro
En lo corrido de 2024, con corte a 16 de febrero, la asignación de subsidios muestra un avance de 5,8%. Se han asignado 2.905 de los 50.000 subsidios que tiene como meta el Gobierno Nacional entregar al finalizar la presente vigencia.
La modificación que hizo el Gobierno Nacional en las condiciones de acceso al programa de vivienda de interés social “Mi Casa Ya” afectó la entrega de subsidios en 2023, advirtió la Contraloría General de la República tras una evaluación que hizo del programa habitacional del presidente Petro.
Sostiene el estudio que las modificaciones al Decreto 1077 de 2015, afectaron la entrega de subsidios de Mi Casa Ya en 2023, mostrando una reducción del 22,4% respecto al año 2022. Quiere decir, que el año pasado se asignaron 15.000 subsidios menos que en 2022.
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En cuanto a las asignaciones del subsidio, en lo corrido de 2024, con corte a 16 de febrero, se muestra un avance de 5,8%, es decir, se han asignado 2.905 de los 50.000 subsidios que tiene como meta el Gobierno Nacional entregar al finalizar la presente vigencia.
En la vigencia 2023, entre enero y febrero se asignaron 73 subsidios, en 2022 en estos mismos meses se asignaron 15.853 subsidios, precisa la entidad de control.
Además de la caída en la entrega de subsidios, el informe llama la atención sobre la situación socioeconómica de la población a la cual van dirigidos los subsidios. Esa población no tiene la capacidad de pago para acceder al sistema financiero, advirtió la entidad de control de las finanzas públicas.
Estas dos dificultades para cumplir el programa habitacional “pueden poner en riesgo la dinámica del sector de la construcción”, advierte el informe.
Según la Contraloría General, el Gobierno propende por priorizar a los municipios de categoría 5 y 6 (que son los más pobres), en zona rural y para las categorías más bajas de SISBEN, entre otras variables. También, independiente de la categoría del SISBEN, debe demostrarse la capacidad financiera para acceder a un crédito; y además de ello, se requiere contar con recursos para pagar el valor de la vivienda que no se financiará. Es decir que la población con mayores oportunidades de ser beneficiarios, pueden no lograr obtener el subsidio por su bajo nivel de ingresos.
Para alcanzar el objetivo del éxito esperado el gobierno tiene que comenzar a relajar los estrictos requisitos que no puede cumplir la población objetivo del programa social.
Para que una familia acceda a una vivienda VIP, debe tener ingresos de $1.88 millones y pagar una cuota de $741.000 (o $525.000 por 7 años con el beneficio de la tasa FRECH). Además de eso, debe aportar el 20% del valor de la vivienda como cuota inicial, equivalentes a $23,4 millones; lo que resulta difícil en condiciones normales para una familia que tiene ingresos ligeramente superiores a un salario mínimo legal, explica la Contraloría.
“Lo anterior pudo tener gran influencia en restringir el número de asignaciones en el programa, lo que no estaría contribuyendo a la reducción del déficit habitacional, ni a la provisión de una solución efectiva de vivienda a la población más necesitada”, señala el estudio.
Reitera la entidad de control que no solo se frena el acceso de la población de menores ingresos a una vivienda digna que pueda disminuir el déficit habitacional, sino que se detiene el crecimiento de la construcción con los funestos resultado en la expansión de la economía y la creación de empleo, aspectos que han sido advertidos por Camacol, el gremio constructor y la ANDI que agremia a los empresarios del país.
Otro aspecto negativo de las decisiones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda fue la expedición de la Resolución 0101 de 2024, que establecen los modelos de operación de asignación y preasignación al programa Mi Casa Ya.
Resalta la Contraloría que, con esta nueva Resolución, el Ministerio regresó al esquema de preasignaciones y redujo el requisito de avance de obra del 85% al 70%; en otras palabras, implementó nuevamente estrategias del modelo que venía operando.
El Banco de la República tiene su parte
El estudio de la Contraloría General de la República que desnuda las fallas en el programa de vivienda del presidente Petro, también señala de alguna responsabilidad al Banco de la República.
“Otro factor determinante en el comportamiento del sector de vivienda fue el aumento de la Tasa de Política Monetaria por parte del Banco de la República en su objetivo de reducir la inflación. El efecto fue un aumento de las tasas de los créditos hipotecarios para Vivienda de Interés social (VIS), la vivienda No VIS y la tasa de interés de los préstamos a los constructores, desde 2022″, precisa el informe.
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Destaca el estudio que, debido a la importancia de la construcción en la recuperación de la economía “es pertinente evaluar el comportamiento del sector frente al agregado económico y examinar algunos factores que han incidido en su evolución”.
Recuerda que para 2022, el sector constructor aportó el 7,5%de la ocupación total nacional y en referencia al PIB, la construcción de vivienda residencial y no residencial aportó el 2,36%.
Recomienda la entidad de control de las finanzas públicas que para revertir la tendencia negativa que tuvo el sector en 2023 y los años previos a la pandemia se requiere trabajar en aspectos como “reducir las tasas de los créditos, en lo cual el Banco de la República tiene una elevada injerencia, rediseñar programas de asignación de subsidios para hacer más ágil el proceso y apalancar la construcción de vivienda. Adicional a esto, deben alcanzarse niveles plenos de ejecución del presupuesto de la Nación”.
La modificación que hizo el Gobierno Nacional en las condiciones de acceso al programa de vivienda de interés social “Mi Casa Ya” afectó la entrega de subsidios en 2023, advirtió la Contraloría General de la República tras una evaluación que hizo del programa habitacional del presidente Petro.
Sostiene el estudio que las modificaciones al Decreto 1077 de 2015, afectaron la entrega de subsidios de Mi Casa Ya en 2023, mostrando una reducción del 22,4% respecto al año 2022. Quiere decir, que el año pasado se asignaron 15.000 subsidios menos que en 2022.
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En cuanto a las asignaciones del subsidio, en lo corrido de 2024, con corte a 16 de febrero, se muestra un avance de 5,8%, es decir, se han asignado 2.905 de los 50.000 subsidios que tiene como meta el Gobierno Nacional entregar al finalizar la presente vigencia.
En la vigencia 2023, entre enero y febrero se asignaron 73 subsidios, en 2022 en estos mismos meses se asignaron 15.853 subsidios, precisa la entidad de control.
Además de la caída en la entrega de subsidios, el informe llama la atención sobre la situación socioeconómica de la población a la cual van dirigidos los subsidios. Esa población no tiene la capacidad de pago para acceder al sistema financiero, advirtió la entidad de control de las finanzas públicas.
Estas dos dificultades para cumplir el programa habitacional “pueden poner en riesgo la dinámica del sector de la construcción”, advierte el informe.
Según la Contraloría General, el Gobierno propende por priorizar a los municipios de categoría 5 y 6 (que son los más pobres), en zona rural y para las categorías más bajas de SISBEN, entre otras variables. También, independiente de la categoría del SISBEN, debe demostrarse la capacidad financiera para acceder a un crédito; y además de ello, se requiere contar con recursos para pagar el valor de la vivienda que no se financiará. Es decir que la población con mayores oportunidades de ser beneficiarios, pueden no lograr obtener el subsidio por su bajo nivel de ingresos.
Para alcanzar el objetivo del éxito esperado el gobierno tiene que comenzar a relajar los estrictos requisitos que no puede cumplir la población objetivo del programa social.
Para que una familia acceda a una vivienda VIP, debe tener ingresos de $1.88 millones y pagar una cuota de $741.000 (o $525.000 por 7 años con el beneficio de la tasa FRECH). Además de eso, debe aportar el 20% del valor de la vivienda como cuota inicial, equivalentes a $23,4 millones; lo que resulta difícil en condiciones normales para una familia que tiene ingresos ligeramente superiores a un salario mínimo legal, explica la Contraloría.
“Lo anterior pudo tener gran influencia en restringir el número de asignaciones en el programa, lo que no estaría contribuyendo a la reducción del déficit habitacional, ni a la provisión de una solución efectiva de vivienda a la población más necesitada”, señala el estudio.
Reitera la entidad de control que no solo se frena el acceso de la población de menores ingresos a una vivienda digna que pueda disminuir el déficit habitacional, sino que se detiene el crecimiento de la construcción con los funestos resultado en la expansión de la economía y la creación de empleo, aspectos que han sido advertidos por Camacol, el gremio constructor y la ANDI que agremia a los empresarios del país.
Otro aspecto negativo de las decisiones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda fue la expedición de la Resolución 0101 de 2024, que establecen los modelos de operación de asignación y preasignación al programa Mi Casa Ya.
Resalta la Contraloría que, con esta nueva Resolución, el Ministerio regresó al esquema de preasignaciones y redujo el requisito de avance de obra del 85% al 70%; en otras palabras, implementó nuevamente estrategias del modelo que venía operando.
El Banco de la República tiene su parte
El estudio de la Contraloría General de la República que desnuda las fallas en el programa de vivienda del presidente Petro, también señala de alguna responsabilidad al Banco de la República.
“Otro factor determinante en el comportamiento del sector de vivienda fue el aumento de la Tasa de Política Monetaria por parte del Banco de la República en su objetivo de reducir la inflación. El efecto fue un aumento de las tasas de los créditos hipotecarios para Vivienda de Interés social (VIS), la vivienda No VIS y la tasa de interés de los préstamos a los constructores, desde 2022″, precisa el informe.
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Destaca el estudio que, debido a la importancia de la construcción en la recuperación de la economía “es pertinente evaluar el comportamiento del sector frente al agregado económico y examinar algunos factores que han incidido en su evolución”.
Recuerda que para 2022, el sector constructor aportó el 7,5%de la ocupación total nacional y en referencia al PIB, la construcción de vivienda residencial y no residencial aportó el 2,36%.
Recomienda la entidad de control de las finanzas públicas que para revertir la tendencia negativa que tuvo el sector en 2023 y los años previos a la pandemia se requiere trabajar en aspectos como “reducir las tasas de los créditos, en lo cual el Banco de la República tiene una elevada injerencia, rediseñar programas de asignación de subsidios para hacer más ágil el proceso y apalancar la construcción de vivienda. Adicional a esto, deben alcanzarse niveles plenos de ejecución del presupuesto de la Nación”.