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A partir de esta semana, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desplegó una ofensiva para recuperar lo que le adeudan al Estado. Durante la jornada nacional de cobro “Al Día con la DIAN le cumplo al país”, que va del 17 al 21 de marzo de 2025, la entidad embargará facturas por un valor estimado en $5,7 billones, pertenecientes a 21.649 contribuyentes morosos.
Luis Eduardo Llinás, director general de la DIAN, advirtió que quienes deben más de $210.000 millones en tributos podrían enfrentar procesos penales ante la Fiscalía.
Las deudas acumuladas alcanzan los $2,6 billones, de los cuales la mayor parte corresponde a impuestos clave como el IVA (Impuesto al Valor Agregado) y el Impoconsumo. Algunos de los mayores morosos están clasificados como grandes contribuyentes. Solo ellos deben $96.200 millones.
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Por ciudades, Bogotá lidera el ranking de incumplidos con 53,6 % del total de los embargos: cerca de $3 billones.
Le siguen Medellín ($814.000 millones), Barranquilla ($488.000 millones), Montería ($309.000 millones) y Cali ($273.000 millones), con embargos que suman entre todas $1,9 billones.
“Estamos trabajando para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes y reducir la evasión”, dijo Llinás, y agregó: “Hacemos un llamado a quiénes tienen deudas con la DIAN para que se pongan al día y eviten sanciones administrativas y penales”.
La legislación actual impone penas de prisión entre 4 y 9 años para quienes no consignen los recursos recaudados por IVA o Impoconsumo, además de multas que podrían duplicar el valor adeudado.
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Los otros frentes de la DIAN: minería y comercio exterior bajo la lupa
Este plan de choque hace parte de una estrategia más amplia para cerrar los huecos fiscales. Llinás viene insistiendo en la necesidad de medidas estructurales para estabilizar las cuentas públicas. A la par de la presión sobre los deudores, la DIAN avanza en un control más estricto a sectores que tradicionalmente presentan desafíos en materia de recaudo.
Uno de ellos es la minería de materiales de construcción. Según el diagnóstico de la entidad, aunque las empresas titulares de los títulos mineros son formales, en la cadena de distribución aún persisten eslabones informales que evaden impuestos. El gobierno exigirá facturación completa y correcta, y prevé sanciones para quienes incumplan. En paralelo, buscará integrar sus sistemas tecnológicos con los de las compañías privadas, en un intento por transparentar el negocio y mejorar la fiscalización.
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En comercio exterior, el Decreto 659 de 2024 prometía modernizar el sistema aduanero, pero su reglamentación está pendiente. Ante el retraso, la DIAN planea abrir mesas de trabajo con el sector privado para ajustar la normativa y anticipar las declaraciones de importación.
La expectativa es que, antes de finalizar el año, se implementen nuevos controles y plataformas tecnológicas que permitan un seguimiento más riguroso de las mercancías y aumenten la eficiencia en el recaudo.
Llinás es claro: una mayor fiscalización y el control del contrabando podrían generar recursos equivalentes a “casi dos reformas tributarias”. En tiempos de estrechez fiscal, la DIAN se mueve rápido para garantizar ingresos sin sacrificar la competitividad empresarial.
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