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Este miércoles el Ministerio del Trabajo reveló oficialmente su propuesta de reforma pensional. Iniciativa que incorpora varias de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro y que representa un un revolcón en la forma en la que funcionan el régimen público (de prima media, Colpensiones) y el privado (fondos de pensión) en Colombia. En total, el proyecto contempla tres pilares.
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En primer lugar, está el pilar solidario: se propone pagar una renta básica correspondiente a medio salario mínimo legal vigente ($500.000 a precios de 2022) para las personas que no alcanzan a obtener una pensión.
Se trata de una las promesas de campaña que más ruido generó y que de hecho agremiaciones como Asofondos apoyan parcialmente pues destacan el mecanismo de protección a la vejez, pero piden claridad y responsabilidad sobre la consecución de los recursos. De hecho, su temor es que las ayudas se financien con parte de los ahorros en los fondos privados.
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Precisamente, por esto es que el segundo eje de la reforma pensional es tal vez el más polémico. El pilar contributivo propone que los ciudadanos que ganen hasta cuatro salarios mínimos ($4 millones) sean obligados a realizar sus aportes al régimen de prima media administrado por Colpensiones.
Desde hace meses se sabe que esta propuesta plantea que al engrosar la base de cotizantes de Colpensiones se reducirá el déficit en el régimen público ($14,8 billones en tan solo el 2021) y se reducirá el gasto en los subsidios de las megapensiones. La caja liberada ayudaría a financiar esas transferencias de $500.000 del primer pilar.
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Sin embargo, según Asofondos, en Colombia hay 4,9 millones de personas en edad de jubilación y que no gozan de una pensión. Estos demandarían US$29 billones al año por la transferencia monetaria que propone el presidente.
Finalmente, el tercer pilar propone que las personas que tienen ingresos por encima de los 4 salarios mínimos hagan aportes adicionales al Régimen de Ahorro Individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (AFP).
Las propuestas del Gobierno fueron presentadas durante la instalación de la subcomisión de reforma pensional, mesa en la que hay representantes de tanto los gremios empresariales y sindicatos del país.
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Frente a estas propuestas, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, explicó que “es una reforma estructural, no es una reforma paramétrica, lo que estamos buscando es cómo generar mayor cobertura, para que todos los adultos mayores que hoy están por fuera de la posibilidad de tener una vejez digna, tengan unos elementos que les permitan a través del apoyo del Estado liberar sus recursos y así potenciar una vejez con dignidad y que no vivan de la caridad de sus familias”.