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Este martes arrancó formalmente la negociación del salario mínimo que regirá en 2024 con la instalación de la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la cual tienen asiento representantes de los empresarios, trabajadores y el Ministerio del Trabajo como mediador.
En la apertura de la sesión, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, afirmó que espera que desde la diferencias se pueda aportar el mayor esfuerzo para contribuir al país. “Quiero manifestar que, de parte del Gobierno Nacional, venimos con nuestra mente abierta y decisión para contribuir”, señaló.
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Así como en 2022, este año la puja por el salario mínimo no será sencilla, pues la inflación sigue siendo un reto considerable para el ingreso de los trabajadores. De allí que muchos de los integrantes de la negociación expliquen que se volverá a concertar un incremento de dos dígitos, pues las principales proyecciones apuntan a que el IPC cerrará 2023 muy cerca de 10 % (levemente por encima o por debajo).
Todo porcentaje adicional a la inflación se conoce como incremento real. Por ejemplo, si se tiene en cuenta que el IPC cerró en 2022 en 13,12 %, y que el incremento fue de 16 %, el salario mínimo tuvo un incremento real de 2,88 %.
Entender esto es importante, pues en los últimos años se ha hablado de incremento real, ya que si se ajusta solamente el salario a lo que dicta la inflación, se está recuperando el poder adquisitivo que se perdió durante el año, pero si a eso se le añade un porcentaje extra, se está equipando al trabajador para soportar las alzas que entran a contar para el año siguiente.
Si bien se espera que la inflación se modere drásticamente para 2024, la meta de 3 % del Banco de la República no se alcanzaría hasta 2025. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, proyecta que el próximo año el IPC se ubicará entre 4 % y 5 %.
También hay que tener en cuenta la contracción de 0,3 % que registró el PIB del país en su tercer trimestre, lo que es síntoma de los efectos que han tenido las altas tasas de interés que se han empleado para mitigar la inflación, pero a su vez la necesidad de medidas de reactivación para mejorar el panorama económico en general.
Si bien el salario mínimo puede ser la respuesta a algunos de los malestares macroeconómicos que se tienen el país (que también hay que decir, no somos la única economía que atraviesa por retos similares), es cierto que el acceso a este ingreso es limitado, pues el grueso de los ocupados, es decir el 45,41 % (que son 10,31 millones) devenga menos de este umbral.
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En otras palabras, los que devengan un salario mínimo son uno de cada diez ocupados, es decir, poco más de dos millones de personas. El resto de los ocupados en Colombia se reparte en los que devengan más de un salario mínimo y hasta dos (26,82 %) y por encima de dos (13,74 %).
Algunos de los temas que también se han pedido abordar en esta mesa de concertación es avanzar en la protección del poder adquisitivo de quienes devengan más de un salario mínimo. De allí que se espera que se implementen medidas que ya se dieron sus primeras luces el año pasado, como fue la desindexación de un importante número (se apuntó a más de 200) de cobros del salario mínimo, y otros pendientes, como la revisión de las tarifas de energía y la reducción de la tasa de usura.
Se espera que en los próximos días cada uno de los integrantes de la Mesa de Concertación destape sus cartas para así comenzar la negociación del porcentaje que definirá el incremento que tendrá el mínimo en 2024.
Por ley, la negociación tiene hasta el 15 de diciembre para llegar a una concertación. Si no se logra para la fecha, se podrán agendar unas sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre. Si para entonces no se llega a un acuerdo será el presidente Gustavo Petro, vía decreto, quien definirá el alza del salario mínimo.
El inicio de la concertación
Entre los temas que se abordaron en esta primera reunión estuvo la reactivación de la Subcomisión de Empleo y Empleabilidad, la cual se creó el año pasado y con la que se busca generar análisis y reflexiones en torno a la situación económica que vive el país y su impacto en el mercado laboral.
También se reafirmó el compromiso que tiene el Gobierno con el Convenio 190 de la OIT, el cual establece mecanismos para mitigar las violencias sexuales y acoso en ambientes laborales contra las mujeres. Sobre esto se está trabajando en un proyecto de ley que será presentado en el Congreso de la República.
La próxima fecha en la que sesionará la mesa será el 30 de noviembre y primero de diciembre, donde se analizarán los procesos de productividad. El 4 de diciembre será la próxima cita y el grueso de la concertación se dará del 11 al 14 de diciembre, ya con las propuestas que cada uno de los representantes llevará a la mesa.11,12,13 y 14 en pleno con las propuestas.
La reforma laboral también tendrá su espacio en esta mesa de concertación, pues hace sentido que en este espacio, que reúne a los principales actores detrás de los cambios que se buscan generar, tengan su propio debate para reunir las ideas y posibles ajustes que tendría este proyecto que se debate en el Congreso.
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