El Ministerio de Agricultura publicó el 14 de mayo la Resolución 124 de 2024 mediante la cual “se crea el programa de fomento a la Asociatividad Rural Productiva ‘Confianza Colombia’ en el marco de la Reforma Rural Integral”.
Sin embargo, hay quienes tienen serios reparos con el documento. Entre las razones se incluye que modificaría el funcionamiento de los fondos parafiscales y que hay vicios en el trámite. Por ello, le aseguraron a este medio que demandarán la resolución que contempla recursos por $2,6 billones.
Estos son los principales aspectos que se deben tener en cuenta para entender las diferencias que hay en torno al documento del ministerio y los fondos parafiscales:
La resolución que da vida a ‘Confianza Colombia’
La iniciativa consiste en un plan de inversión económica y de adaptación a las situaciones climáticas en la ruralidad, que contará con una bolsa de $2,6 billones para su funcionamiento.
“Lo que queremos es sumar esfuerzos, sumar recursos, y por eso la necesidad de invitar a los gremios que administran fondos de parafiscalidad para que sumen con nosotros, de manera que sea más impactantes y efectivas las impresiones que queremos con ‘Confianza Colombia’”, explica la jefa de la cartera, Jhenifer Mojica.
El objetivo del programa, según el ministerio, es reunir dinero de diferentes fuentes para hacer proyectos más grandes que impulsen la reactivación del sector y dinamicen su economía.
“La resolución de ‘Confianza Colombia’ tiene asustados a muchos sectores que administran sectores de parafiscalidad. Nosotros tenemos 9 billones de pesos para invertir, no nos interesa quitarle el fondo a nadie. Hay muchas fuentes desde las que lo podemos financiar”, resalta la ministra Mojica.
Antes de entender la tensión que hay frente a los parafiscales, vale la pena entender de qué se trata.
¿Qué son los fondos parafiscales?
En Colombia existen 16 fondos parafiscales. Estos son las bolsas a las que llegan las contribuciones realizados por los productores de actividades agropecuarias que son de especial protección por su relevancia para el sistema agroalimentario. El encargado de administrarlo es el gremio principal, con supervisión del Gobierno (que tiene participación en la junta directiva del fondo).
Por ejemplo, si una persona se dedica a cultivar café y paga impuestos por ello, el dinero recaudado va para el Fondo Nacional del Café (FoNC) que es administrado por la Federación Nacional de Cafeteros. Pero en cuya junta directiva están los ministros de Hacienda, Agricultura y Comercio, junto con el director de Planeación Nacional y los integrantes del Comité Directivo gremial.
“Los recursos de los fondos parafiscales solamente podrán ser utilizados para las finalidades señaladas en la ley que establezca cada contribución” y estos “no hacen parte del Presupuesto General de la Nación”, de acuerdo con la Ley 101 de 1993.
Ahora sí: ¿cuál es el problema?
El tema álgido es el origen de los recursos. El artículo 5 de la resolución incluye, entre sus fuentes de dinero, los parafiscales y dice que esos dineros serán “para programas económicos, sociales y de infraestructura, destinados a las organizaciones de campesinos, pequeños y medianos productores agropecuarios”.
Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) que agrupa varios gremios del sector, hace énfasis en que los parafiscales son dineros que solo se pueden ejecutar respecto a la ley.
“Los temas de Gobierno deben estar alineados con parafiscal, teniendo en cuenta que los beneficiarios son los sectores que generan tributo”, pues de lo contrario se estaría incumpliendo la Ley 101 de 1993, de acuerdo con Bedoya.
Desde la SAC defienden que, al final, la resolución estaría modificando una ley que cambiaría la naturaleza de dichos fondos.
Al respecto, el artículo 10 del documento defiende que los funcionarios delegados de los parafiscales serán los que “orientarán la inversión en los proyectos y/o instrumentos que forman parte del programa; en todo caso de manera preferente en favor de las organizaciones de campesinos, pequeños y medianos productores agropecuarios...”.
En últimas, no todos los productores del sector que tributa se verían beneficiados de las inversiones del programa.
Los problemas que tiene la resolución
Este medio conoció que hay varios interesados en demandar, ante el Consejo de Estado, la resolución. Estos son algunos de los motivos:
- Que el documento no respeta la naturaleza que tienen los fondos parafiscales establecidos en la Ley 101 de 1993. Puesto que se cambiaría su asignación, los beneficiarios y las restricciones que tienen.
- La resolución estaría cumpliendo funciones del Ministerio de Hacienda al cambiarle la asignación presupuestal a las entidades que recibirían los dineros de la bolsa (Agencia Nacional de Tierras y Agencia de Desarrollo Rural).
- Se pasan los límites que puede reglamentar el documento porque desconocer normas de mayor rango o de la misma constitución.
- La resolución no cumplió con el adecuado proceso de expedición porque no fue publicada para comentarios antes de que se firmara, lo que es un requisito establecido por el Consejo de Estado en su concepto del 14 de septiembre de 2016.
¿Qué hacer con la resolución?
El presidente de la SAC considera que el Gobierno debería pensar seriamente en derogar la resolución y “volverla a sacar cumpliendo los procedimientos y corrigiendo los errores como el de los parafiscales”.
Además, destaca que siempre han puesto su conocimiento, asistencia técnica y experiencias al servicio del Gobierno. Todo esto es de utilidad a la hora de promover la asociatividad, exportaciones de pequeños productores y buscar una mayor productividad frente al cambio climático.
Más allá de los reparos que hay frente al origen de los recursos, “se necesita que el Gobierno aproveche la experiencia que tenemos los gremios”, finaliza Bedoya.
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