Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este mes debía inaugurarse la totalidad del proyecto Cruce de la Cordillera Central, más conocido por su obra cumbre, el túnel de La Línea. En septiembre de 2020, el Gobierno puso en servicio una parte del complejo de 60 unidades entre túneles cortos, dobles calzadas, puentes e intercambiadores y prometió que en abril de este año los colombianos podrían hacer uso de la infraestructura en su totalidad.
Le recomendamos: Un país con el transporte varado
Dicho plazo se amplió “al primer semestre de 2021”, pero finalmente no se pudo cumplir, pues por un mes no hubo ningún trabajador en la zona. ¿Qué pasó? Se decretó un paro nacional. Esta misma situación se repitió en decenas de proyectos de infraestructura vial que estaban en plena reactivación, pues las limitaciones por cuenta de la pandemia ya los permitían trabajar a media marcha.
Ha pasado más de un mes desde que se convocó a un paro nacional, que ha estado acompañado de movilizaciones, bloqueos a vías, a puertos, desmanes y vandalismo. Progresivamente y en algunas zonas del país se ha restablecido el orden público, pero el alcance de las manifestaciones en tiempo y gravedad terminaron por afectar el desarrollo de los proyectos de infraestructura en curso.
Los 3.000 trabajadores del Cruce de la Cordillera Central se quedaron por fuera del proyecto hasta el pasado 26 de mayo, cuando los manifestantes que habían levantado barricadas en los dos únicos puntos de acceso (Cajamarca, Tolima, y Calarcá, Quindío) accedieron a dejarlos pasar. Ese día entraron el director del Invías y un grupo de expertos de la firma constructora y de la interventoría a revisar el estado de la infraestructura.
Durante este período se registraron 37 eventos a lo largo del vía en los que resultaron particularmente afectados tres puntos por la falta de intervención permanente que exige el tipo de suelo en la zona: el kilómetro 37, en el sector de Cinabrio, por deslizamientos; el kilómetro 39, sector de Bellavista, también por deslizamientos, y el puente Yarumo Blanco, que tuvo daños en los componentes de la estructura.
La entidad encargó un diagnóstico integral que estará listo la próxima semana, dado que algunas labores que debían ser tratadas de forma constante, como el mantenimiento de taludes, se vieron interrumpidas. El Invías también trabaja en una nueva hoja de ruta para lograr la estabilización y conclusión del proyecto.
Lea también: Cierre en la vía Cajamarca-Calarcá: a los bloqueos se sumó un derrumbe
“La obra del Cruce de la Cordillera Central va a tener afectaciones en la fecha de entrega, prevista para el primer semestre de este año, debido a que se han presentado fenómenos asociados al abandono total que tuvo la obra durante este mes y que, sin duda alguna, generó un deterioro, toda vez que la obra no estaba totalmente finalizada”, explicó el director de la entidad, Juan Esteban Gil.
Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), advirtió de dos fenómenos que calificó como preocupantes y que son consecuencia directa de los bloqueos y los actos de vandalismo, principalmente en las casetas de peajes, tanto de vías públicas como concesionadas, donde se han robado el recaudo y han destruido todo.
“Ha habido retrasos en varias obras de estabilización, que son aquellas orientadas a atender las problemáticas que se presentan por cuenta de los derrumbes. En varios departamentos, fundamentalmente en Cauca, Putumayo y Nariño, no dejan entrar los equipos y las maquinarias que se requieren para recoger los escombros y esto ha generado demoras para que las vías entren a operar de manera adecuada”, dijo.
La CCI advirtió en el pasado sobre los efectos del paro en los bienes públicos y el desabastecimiento. Su presidente insistió además en las consecuencias para las personas menos favorecidas: “Desafortunadamente con estos bloqueos quienes están viviendo la peor parte son las personas de menores ingresos, campesinos y agricultores que se ven de manos atadas a la hora de transportar sus productos; familias que, por cuenta del incremento en los precios de la canasta básica, hoy no pueden acceder a la alimentación mínima vital, trabajadores humildes que dejaron de ejercer sus actividades, además de jóvenes estudiantes que no han podido volver a sus colegios o escuelas. Y ni hablar de la gravedad que implica el hecho de no poder transportar a quienes demandan el acceso urgente a los servicios de salud”.
Lea también: Malla vial del Valle del Cauca: primera autopista 5G adjudicada en Colombia
Por su parte, a la entidad encargada de la infraestructura dada en concesión a terceros, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), han llegado reportes de varias concesiones paralizadas, pero hasta ahora no reporta oficialmente retrasos o modificaciones en los cronogramas. Sin embargo, El Espectador pudo confirmar con varios constructores que habrá repercusiones en tiempo y dinero.
Las vías más afectadas son precisamente las del suroccidente colombiano. En el proyecto autopista conexión vial Pacífico Tres, una carretera de 146 kilómetros que beneficia 19 municipios de Antioquia, Caldas y Risaralda, las obras están suspendidas hace varias semanas. En el punto más álgido de la protesta alcanzaron a reportarse siete puntos de bloqueo que dejaron daños y afectaciones en la capa de rodadura de la vía, sin mencionar las averías en los tres peajes a su cargo (Supía, Irra y Acapulco en Caldas) tras el incendio provocado por algunos manifestantes, hecho que está siendo investigado por la Fiscalía y que hasta el momento ha dejado seis personas capturadas.
De acuerdo con la concesión Pacífico Tres, las afectaciones son del orden de $5.000 millones, sin contar lo que implicará la suspensión de recaudo de peajes por una semana, la reducción de 80 % en el tráfico habitual, la disminución de rendimientos de obra a causa de las alteraciones de orden público, los problemas de abastecimiento de combustible, acero y concreto, necesarios para la ejecución de obras, y los inconvenientes con el transporte de maquinaria y de personal a sus puestos de trabajo.
También han padecido la falta o demora en suministros en la autopista conexión Pacífico Uno, a cargo de Covipacífico. “Hace unos días había bastante inventario y cada día se nos están generando nuevas restricciones en la medida en que esos inventarios se agotaron y ya dependemos del suministro”, contó Mauricio Millán, gerente de la firma.
Por su parte, KMA Constructores reportó dificultades con un proyecto en el que es accionista en Antioquia, Autopistas del Nordeste, y con las obras que tiene en curso en los aeropuertos de Nuquí (Chocó) y Pasto (Nariño). En su caso particular, los bloqueos en la vía Panamericana y la desconexión del puerto de Buenaventura les han impedido abastecerse para continuar los trabajos, por lo que tomaron la decisión de adelantarles las vacaciones a los trabajadores para no tener que hacer recortes y de solicitar actas de suspensión de obra en la Aerocivil para no afectar el cronograma, pues se habían comprometido a entregar la infraestructura antes del plazo acordado.
“El puerto de Buenaventura ha afectado toda la transversalidad de los proyectos, porque la carga de importación entra por ese punto. Todo lo que viene de Asia en materias primas y maquinaria está retenido. Las empresas importadoras están asumiendo unos sobrecostos altísimos por lo que les cobran los puertos; después de un tiempo los costos de bodegaje se hacen insostenibles, eso es un problema generalizado en todo el país”, contó el presidente de KMA Constructores, Menzel Amín.
Esta información fue confirmada por la Cámara Marítima y Portuaria de la Andi. De acuerdo con la directora, Carolina Herrera, hay cerca de 1,6 millones de toneladas de mercancía represadas, incluyendo 44.000 contenedores.
Incluso la concesión Autopistas de la Sabana, el proyecto entre Córdoba y Sucre, tuvo que evacuar al personal del peaje Las Flores-Corozal a principios de mayo, cuando un grupo de personas atacó las casetas, la estación de pesaje y el centro de atención al usuario. Los actos vandálicos contra estos puntos de cobro se extendieron por todo el país.
El problema está en que la locomotora de la infraestructura, como los mismos gobiernos se han empeñado en llamarla, no se enciende tan fácilmente. El arranque de todo proyecto es lento, porque se deben coordinar una serie de actividades que van en serie. Cada vez que hay una interrupción se rompe la inercia y retomarla es tanto como volver a empezar. Bajo esa premisa, harían falta dos y hasta tres meses para que los proyectos retomen el ritmo que traían, por lo que las promesas de mejores vías también quedarán en veremos.