Frente al proyecto de ley de las TIC, organismos internacionales insisten en la independencia

El país sigue a la espera del segundo debate del proyecto de ley de “modernización de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC)” que radicó el Gobierno en septiembre de 2018 (y que tiene mensaje de urgencia). Debido a los cambios estructurales que propone la iniciativa, y que según analistas como la fundación Karisma podría comprometer la independencia del sector, algunos organismos internacionales se han pronunciado.

Lee también: ¿Por qué critican el proyecto de ley TIC?

Tras una carta de la representante a la cámara María José Pizarro, la Relatoría Especial para la Liberta de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino en el debate invocando varias recomendaciones que había hecho en un informe de 2011 sobre “Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente”.

 “Entre otras condiciones es de la mayor importancia que la autoridad de aplicación y fiscalización de la actividad de radiodifusión sea independiente, tanto de la influencia gubernamental como de los grupos privados vinculados a la radiodifusión publica, privada/comercial o comunitaria”, es una de las principales recomendaciones del organismo.

Este comentario tiene especial importancia debido a la propuesta del proyecto de ley de crear un regulador único de las TIC en Colombia. Lo que implicaría que Ministerio estaría encargado de la política y vigilancia del sector, así como del manejo de los recursos, entre otras funciones.

La otra gran propuesta del proyecto TIC es la creación de un fondo único, a diferencia de los dos que existen hoy, que son: uno para el desarrollo tecnológico del país y el otro para la televisión pública. Dicha unidad estaría adscrita al Mintic y las contraprestaciones que las empresas depositarían allí para financiar, entre otras, la TV pública se reglamentarían en los próximos seis meses después de expedida la ley.

Frente a esto, un informe de la Unesco indica que el principio de la independencia también debe aplicarse a la gestión de recursos. De acuerdo con el organismo los fondos de fomento mediáticos no deben ser administrados por “órganos que se encuentren bajo la esfera del Poder Ejecutivo”.

Políticos como Germán Vargas Lleras se han pronunciado frente a las posiciones de estos organismos internacionales, indicando que deben ser tenidas en cuenta en las nuevas discusiones que se den en el Congreso.

El país sigue a la espera del segundo debate del proyecto de ley de “modernización de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC)” que radicó el Gobierno en septiembre de 2018 (y que tiene mensaje de urgencia). Debido a los cambios estructurales que propone la iniciativa, y que según analistas como la fundación Karisma podría comprometer la independencia del sector, algunos organismos internacionales se han pronunciado.

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Tras una carta de la representante a la cámara María José Pizarro, la Relatoría Especial para la Liberta de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino en el debate invocando varias recomendaciones que había hecho en un informe de 2011 sobre “Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente”.

 “Entre otras condiciones es de la mayor importancia que la autoridad de aplicación y fiscalización de la actividad de radiodifusión sea independiente, tanto de la influencia gubernamental como de los grupos privados vinculados a la radiodifusión publica, privada/comercial o comunitaria”, es una de las principales recomendaciones del organismo.

Este comentario tiene especial importancia debido a la propuesta del proyecto de ley de crear un regulador único de las TIC en Colombia. Lo que implicaría que Ministerio estaría encargado de la política y vigilancia del sector, así como del manejo de los recursos, entre otras funciones.

La otra gran propuesta del proyecto TIC es la creación de un fondo único, a diferencia de los dos que existen hoy, que son: uno para el desarrollo tecnológico del país y el otro para la televisión pública. Dicha unidad estaría adscrita al Mintic y las contraprestaciones que las empresas depositarían allí para financiar, entre otras, la TV pública se reglamentarían en los próximos seis meses después de expedida la ley.

Frente a esto, un informe de la Unesco indica que el principio de la independencia también debe aplicarse a la gestión de recursos. De acuerdo con el organismo los fondos de fomento mediáticos no deben ser administrados por “órganos que se encuentren bajo la esfera del Poder Ejecutivo”.

Políticos como Germán Vargas Lleras se han pronunciado frente a las posiciones de estos organismos internacionales, indicando que deben ser tenidas en cuenta en las nuevas discusiones que se den en el Congreso.