Futuro incierto para las TIC: Claro y Movistar, condenados a pagar $4,7 billones

Un tribunal de arbitramento condenó este martes a Claro y Movistar a pagar $4,7 billones al Ministerio TIC por cuenta de la reversión de activos de telecomunicaciones a la Nación fijada en los contratos iniciales de los operadores, que datan de 1993.

El pleito entre el Estado y las multinacionales viene de 2013, cuando los contratos originales por el uso de esos activos finalizaron. En su momento, la excontralora Sandra Morelli impulsó por primera vez las acciones legales. La demanda que falló el tribunal de arbitramento este martes fue interpuesta por David Luna, ministro TIC.

La pelea legal deriva de dos leyes aprobadas para servicios de telecomunicaciones, pero que impusieron condiciones diferentes para los operadores. Cuando Claro y Movistar entraron al mercado, lo hicieron bajo una legislación que aplicaba para el servicio de voz y en la cual se establecía una cláusula de reversión de activos. Pero una ley posterior, diseñada para servicios que incluían datos y no sólo voz, acabó con esta cláusula.

La disputa radica en que Claro y Movistar han argumentado que esta nueva legislación aplica también para ellos, lo que eliminaría la reversión de activos, que es un pago que se debe hacer por los equipos de comunicación de las empresas.

En 2013, la Corte Constitucional señaló que los contratos de Claro y Movistar incluían la reversión de activos, así una legislación posterior haya desmontado la cláusula. “Lo que introduce de novedoso el tribunal de arbitramento es que establece cuánto valen esos bienes, esos equipos”, explica Daniel Medina, exministro TIC.

“Por ejemplo, cuando el Estado le entrega la exploración y explotación de un pozo petrolero a una empresa, esa concesión se da por un tiempo. Al acabarse ese plazo y finalizar el contrato, lo que quede en el pozo es del Estado. En el caso de la telefonía, la reversión aplica para los equipos, las torres de comunicación, las antenas repetidoras y demás. O sea, cuando los contratos de los operadores celulares acabaran, esos bienes pasaban a manos del Estado”, dijo Medina.

La decisión de este martes del tribunal de arbitramento no podría llegar en un peor momento para la industria de telecomunicaciones. O por lo menos así lo sienten las personas conocedoras del sector. En 2016, los servicios de correo y telecomunicaciones, en su conjunto, cayeron 1,9 %, de acuerdo con información del DANE. En el primer trimestre de este año, la cifra fue de 2,3 %. En varias ocasiones, las compañías han insistido en que es necesario promover la inversión para dinamizar el sector.

Ahora, los $1,6 billones y los $3,1 billones que Movistar y Claro respectivamente deberán pagar al Estado por la denominada reversión a la Nación de activos de telecomunicaciones parecen complicar el panorama. Para hacerse una idea, el monto que debe pagar Claro es casi cuatro veces el monto de su utilidad anual, que es de $843.000 millones, según el listado de las empresas más grandes del país que hace la revista Dinero.

Del lado de Movistar, la cosa no es menos confusa. Recientemente, el Gobierno aceptó aportar a la capitalización total de $4,4 billones de Telefónica, en la que la Nación tiene una participación del 32 %. La parte pública que corresponde en esta inyección de recursos es cercana a los $1,2 billones, mientras que la parte del privado sería de unos $3,2 billones. La pregunta ahora es si la española replanteará su capitalización.

Medina también advierte que Claro tiene una demanda interpuesta en una corte de arbitraje internacional con sede en Washington por este mismo tema. “Ese fallo no ha salido, pero sería muy raro que salga a favor del Estado. La tradición en Estados Unidos es fallar en favor del sector privado”. O sea, hay una posibilidad de que dos tribunales de arbitraje produzcan fallos opuestos. El popular choque de trenes.

En un comunicado, Telefónica aseguró que “respecto a la decisión tomada hoy por el tribunal de arbitramento convocado por el Mintic contra los operadores de telefonía móvil celular, Telefónica Colombia manifiesta que analizará el contenido de la decisión y adoptará las acciones legales para la defensa de sus intereses, la de sus accionistas y empleados, así como para garantizar la prestación del servicio a todos los colombianos”.

Claro se pronunció en un sentido similar y agregó: “Rechazamos el cambio al marco jurídico existente y bajo el cual hemos hecho importantes inversiones en el país, cambios que afectan elementos tan indispensables como el derecho a la propiedad privada y la certeza jurídica necesaria para la promoción de inversiones en el país”.

El Mintic dijo que “acata el fallo, en tanto este era el mecanismo acordado por las partes en los contratos para resolver las controversias que se pudieren llegar a presentar con ocasión de la ejecución y liquidación de los mismos. Debe destacarse que el tribunal de arbitramento se conformó de común acuerdo entre las partes y por expresa recomendación de la Procuraduría General de la Nación a comienzos del año 2016”.

Sin embargo, el laudo tiende un manto de duda sobre la subasta de espectro que prepara el Gobierno. Como ha reiterado el ministro Luna, la subasta no da espera y debería hacerse este año. Según la organización 5G Américas, ningún país de América Latina ha alcanzado siquiera el 35 % de espectro concesionado que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) sugiere para el año 2020 en busca de un óptimo desempeño de la banda ancha móvil.

Mientras países como Alemania ya están pensando en espectro para la tecnología 5G, en Colombia se abren nuevos interrogantes sobre el futuro del despliegue de 4G, que nacionalmente tiene una participación cercana al 30 %. Asimismo surgen preguntas sobre las fuentes de la inversión para la economía digital, que, de acuerdo con los números de las empresas del sector, demandaría unos $95 billones.

“Esto se veía venir. Ya la Corte lo había dicho, pero cae en un momento tremendamente malo para el sector. La noticia del fallo en Colombia seguro le va a dar la vuelta al mundo. Esto va a tener un impacto. Se puede frenar la inversión”, finaliza el exministro Medina.

Un tribunal de arbitramento condenó este martes a Claro y Movistar a pagar $4,7 billones al Ministerio TIC por cuenta de la reversión de activos de telecomunicaciones a la Nación fijada en los contratos iniciales de los operadores, que datan de 1993.

El pleito entre el Estado y las multinacionales viene de 2013, cuando los contratos originales por el uso de esos activos finalizaron. En su momento, la excontralora Sandra Morelli impulsó por primera vez las acciones legales. La demanda que falló el tribunal de arbitramento este martes fue interpuesta por David Luna, ministro TIC.

La pelea legal deriva de dos leyes aprobadas para servicios de telecomunicaciones, pero que impusieron condiciones diferentes para los operadores. Cuando Claro y Movistar entraron al mercado, lo hicieron bajo una legislación que aplicaba para el servicio de voz y en la cual se establecía una cláusula de reversión de activos. Pero una ley posterior, diseñada para servicios que incluían datos y no sólo voz, acabó con esta cláusula.

La disputa radica en que Claro y Movistar han argumentado que esta nueva legislación aplica también para ellos, lo que eliminaría la reversión de activos, que es un pago que se debe hacer por los equipos de comunicación de las empresas.

En 2013, la Corte Constitucional señaló que los contratos de Claro y Movistar incluían la reversión de activos, así una legislación posterior haya desmontado la cláusula. “Lo que introduce de novedoso el tribunal de arbitramento es que establece cuánto valen esos bienes, esos equipos”, explica Daniel Medina, exministro TIC.

“Por ejemplo, cuando el Estado le entrega la exploración y explotación de un pozo petrolero a una empresa, esa concesión se da por un tiempo. Al acabarse ese plazo y finalizar el contrato, lo que quede en el pozo es del Estado. En el caso de la telefonía, la reversión aplica para los equipos, las torres de comunicación, las antenas repetidoras y demás. O sea, cuando los contratos de los operadores celulares acabaran, esos bienes pasaban a manos del Estado”, dijo Medina.

La decisión de este martes del tribunal de arbitramento no podría llegar en un peor momento para la industria de telecomunicaciones. O por lo menos así lo sienten las personas conocedoras del sector. En 2016, los servicios de correo y telecomunicaciones, en su conjunto, cayeron 1,9 %, de acuerdo con información del DANE. En el primer trimestre de este año, la cifra fue de 2,3 %. En varias ocasiones, las compañías han insistido en que es necesario promover la inversión para dinamizar el sector.

Ahora, los $1,6 billones y los $3,1 billones que Movistar y Claro respectivamente deberán pagar al Estado por la denominada reversión a la Nación de activos de telecomunicaciones parecen complicar el panorama. Para hacerse una idea, el monto que debe pagar Claro es casi cuatro veces el monto de su utilidad anual, que es de $843.000 millones, según el listado de las empresas más grandes del país que hace la revista Dinero.

Del lado de Movistar, la cosa no es menos confusa. Recientemente, el Gobierno aceptó aportar a la capitalización total de $4,4 billones de Telefónica, en la que la Nación tiene una participación del 32 %. La parte pública que corresponde en esta inyección de recursos es cercana a los $1,2 billones, mientras que la parte del privado sería de unos $3,2 billones. La pregunta ahora es si la española replanteará su capitalización.

Medina también advierte que Claro tiene una demanda interpuesta en una corte de arbitraje internacional con sede en Washington por este mismo tema. “Ese fallo no ha salido, pero sería muy raro que salga a favor del Estado. La tradición en Estados Unidos es fallar en favor del sector privado”. O sea, hay una posibilidad de que dos tribunales de arbitraje produzcan fallos opuestos. El popular choque de trenes.

En un comunicado, Telefónica aseguró que “respecto a la decisión tomada hoy por el tribunal de arbitramento convocado por el Mintic contra los operadores de telefonía móvil celular, Telefónica Colombia manifiesta que analizará el contenido de la decisión y adoptará las acciones legales para la defensa de sus intereses, la de sus accionistas y empleados, así como para garantizar la prestación del servicio a todos los colombianos”.

Claro se pronunció en un sentido similar y agregó: “Rechazamos el cambio al marco jurídico existente y bajo el cual hemos hecho importantes inversiones en el país, cambios que afectan elementos tan indispensables como el derecho a la propiedad privada y la certeza jurídica necesaria para la promoción de inversiones en el país”.

El Mintic dijo que “acata el fallo, en tanto este era el mecanismo acordado por las partes en los contratos para resolver las controversias que se pudieren llegar a presentar con ocasión de la ejecución y liquidación de los mismos. Debe destacarse que el tribunal de arbitramento se conformó de común acuerdo entre las partes y por expresa recomendación de la Procuraduría General de la Nación a comienzos del año 2016”.

Sin embargo, el laudo tiende un manto de duda sobre la subasta de espectro que prepara el Gobierno. Como ha reiterado el ministro Luna, la subasta no da espera y debería hacerse este año. Según la organización 5G Américas, ningún país de América Latina ha alcanzado siquiera el 35 % de espectro concesionado que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) sugiere para el año 2020 en busca de un óptimo desempeño de la banda ancha móvil.

Mientras países como Alemania ya están pensando en espectro para la tecnología 5G, en Colombia se abren nuevos interrogantes sobre el futuro del despliegue de 4G, que nacionalmente tiene una participación cercana al 30 %. Asimismo surgen preguntas sobre las fuentes de la inversión para la economía digital, que, de acuerdo con los números de las empresas del sector, demandaría unos $95 billones.

“Esto se veía venir. Ya la Corte lo había dicho, pero cae en un momento tremendamente malo para el sector. La noticia del fallo en Colombia seguro le va a dar la vuelta al mundo. Esto va a tener un impacto. Se puede frenar la inversión”, finaliza el exministro Medina.