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El Ministerio de Minas y Energía confirmó que ha dado su aval a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para la intervención de la empresa Air-e, operadora del servicio de energía eléctrica en Atlántico, La Guajira y Magdalena.
El jefe de cartera, Andrés Camacho, anunció en un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado: “Hoy en la CREG hemos dado concepto favorable a la intervención de Air-e”, la cual enfrenta una crítica situación financiera con deudas superiores a $1,8 billones, ha solicitado la intervención del Gobierno Nacional para evitar la suspensión del servicio y evitar un apagón en la región.
Además, apuntó que la decisión del Gobierno es garantizar la prestación del servicio. “No vamos a permitir que el mercado siga apoderándose de los derechos de la gente. Y es parte de lo que vamos a empezar a hacer”, dijo.
“Hay una batalla entre empresas comercializadoras y generadoras, y entre intermediarios con los gobiernos locales. Vamos a impedir ese apagón y garantizar los derechos de los usuarios”, aseguró.
Por su parte, Air-e señaló en un comunicado que las condiciones actuales del mercado, incluidos los altos costos de generación y la volatilidad de la Bolsa de Energía, han puesto una presión considerable en la estabilidad financiera de las empresas comercializadoras y distribuidoras.
La comercializadora de energía explicó que los altos precios de la energía en bolsa, actualmente por encima de $720 pesos por kilovatio/hora, y las deudas del sector público, que ascienden a $1,8 billones, están asfixiando sus finanzas.
Un estudio del Grupo Bancolombia reveló que en la primera mitad del año, el costo de la energía aumentó 4,3%, principalmente debido al fenómeno de El Niño y sus periodos de sequía, que exigieron un mayor uso de las plantas térmicas.
Según el ministro Camacho, aunque se han tomado medidas en la generación y comercialización de energía, la intervención es ahora necesaria. “La situación es insostenible”, y que “no ha sido posible” solucionar las altas tarifas de la energía en el Caribe con la normativa vigente.
“Hemos intentado hacer acuerdos con las empresas a través de la regulación, romper esa telaraña de normatividad que se ha creado durante 30 años para mantener unos intereses”, insistió.
El ministro subrayó que nunca antes se habían dado pasos tan cercanos a una respuesta estructural para transformar el mercado energético. “La forma monopólica que han ejercido en contra de la población, incluso en contra de otras empresas, no se puede permitir”, dijo. Y agregó que se harán intervenciones en la generación, comercialización “y en los demás segmentos de la cadena para garantizar que los derechos de todos los usuarios se alcancen y se garantice la justicia tarifaria”.
Según la Superintendencia de Servicios Públicos, en diciembre de 2023, la factura promedio para un usuario de estrato 1 de Enel Colombia (Bogotá y Cundinamarca) fue de $106.085, y de EPM (Antioquia) de $85.275. En contraste, para un usuario de Afinia (Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre) fue de $215.490, y para Air-e (La Guajira, Atlántico y Magdalena) de $351.471.
El fenómeno de El Niño afectó significativamente el sistema eléctrico colombiano, llevando los embalses a niveles históricamente bajos, apenas por encima del 28% de su capacidad útil. Aunque los embalses se han recuperado parcialmente, su llenado se detuvo antes de alcanzar 60% y actualmente están en 53%, según datos de XM, operador del sistema eléctrico nacional.
La CREG ha publicado una resolución para comentarios que permitirá reducciones en las tarifas de energía eléctrica, permitiendo al Gobierno asumir la deuda de la opción tarifaria, estimada en unos $2 billones, para los usuarios de estratos 1, 2 y 3.
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