Gobierno busca la ampliación del cupo de deuda: ¿qué pasa si no se logra?

Plenaria del Senado, imagen de referencia.

Foto: Óscar Pérez

En el último día de la segunda legislatura, el Congreso definirá la ampliación del cupo de endeudamiento por USD$17.607 millones, un tema crucial para el país.

El Gobierno espera obtener este jueves el visto bueno de las plenarias de Cámara y Senado para que la iniciativa termine su trámite, después de que el pasado 11 de junio las Comisiones Terceras aprobaron el proyecto. Según el Ministerio de Hacienda, con la ampliación se podrían cubrir las necesidades financieras hasta que termine la actual administración, en agosto de 2026.

Desde el Congreso, José Roberto Acosta, director de Crédito Público y del Tesoro Nacional, reconoció que si no se aprueba el proyecto, el país corre el riesgo de un default, es decir, de no cumplir con el pago de sus compromisos. “Es un hecho, es verificable, el flujo de caja en dólares de la nación necesita nutrirse de este ingreso de capital proveniente del crédito externo para seguir cumpliendo con sus compromisos de servicio de deuda”.

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Frente a la ponencia de archivo que presentó el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, la senadora Karina Espinosa, coordinadora ponente, dijo en Canal Congreso que aunque es “incómodo” que el presidente Gustavo Petro mande mensajes “amenazantes al Congreso”, considerando que el mandatario dijo que se debe aprobar o se declarará emergencia económica, el aumento del cupo es necesario.

“Esta es una ley rutinaria, necesitamos el cupo de endeudamiento, no podemos asumir la deuda con el Presupuesto General de la Nación, las amortizaciones son altas, los intereses también. (...) La oposición lo sabe, los exministros lo han dicho, incluso representantes y congresistas de la bancada del Centro Democrático lo dijeron en los debates”, dijo Espinosa.

Hace dos días, Acosta señaló que sin la ampliación el país no podría contar con ingresos provenientes del crédito externo que se necesitan para cumplir el servicio de la deuda externa, por ejemplo, el pago del crédito flexible que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional. Si la ley no se materializa este 20 de junio, para septiembre u octubre el país estaría en grave riesgo de incumplir sus obligaciones.

“No tener esa ley nos pone en una situación difícil que podría implicar incumplir con el pago de la deuda externa y eso es el acabose, no es estar al borde del precipicio, sino caer. (...) No pagarle a un acreedor dispara cláusulas con todos los demás generando graves consecuencias”, dijo el director.

José Manuel Restrepo, quien fue ministro de Hacienda y de Comercio y actualmente es rector de la Universidad EIA, señala que caer en default implica aumento en los costos, por incremento en la tasa de cambio, pero en especial por los mayores intereses para acceder a financiamiento, afectando al sector público y al privado.

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El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que del límite actual de deuda, US$70.000 millones, solo están disponibles US$2.180 millones. “Este año, si no se amplía el cupo de endeudamiento, terminaríamos en negativo dado que en las obligaciones del Gobierno hay pagos previstos por US$3.546 millones, faltan US$1.366 millones”.

El ministro ha explicado en varias ocasiones que la solicitud de aumentar el cupo tiene que ver con los decretos de emergencia aplicados durante la pandemia: “En ese momento, el Gobierno aplicó 10 decretos de emergencia que tuvieron implicaciones crediticias, que no pasaron por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y que no están incorporadas en el cupo de endeudamiento”.

Como no están incluidas, cuando se pagan las obligaciones no se abre nuevo cupo. El ejemplo más citado es el del crédito con el FMI (del que hablaba Acosta) por un total de US$5.375 millones. Esta obligación se deben pagar entre 2024 y 2025 en cuotas trimestrales, ya se han cancelado dos.

“El crédito no es negociable y es, en última instancia, la declaratoria más importante que existe de que un Estado cumple sus requisitos internacionales. De tal manera, que esto se convierte en la base para que las decisiones de las calificadoras”, explicó el ministro durante la presentación del proyecto en el Congreso.

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