Gobierno busca redefinir reglas de tarifas de energía con nuevo decreto
Entre otras cosas, el documento ordena a CREG que, siguiendo unos lineamientos, facilite o modifique asuntos como la participación de los usuarios en los procesos de formulación de política pública. Le contamos los detalles.
El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 0929, que le da herramientas al Gobierno para tomar decisiones sobre las tarifas de energía eléctrica en el país, un asunto que, hasta hoy, estaba en manos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
De acuerdo con el Ministerio de Minas, el documento pretende “aumentar la eficiencia económica del mercado mayorista estableciendo lineamientos de política para estimular la competencia y la consolidación de precios que beneficien a usuarios y empresas”.
La propia ministra del ramo, Irene Vélez, aseguró que “avanzamos en la segunda fase del Pacto por la Justicia Tarifaria, con el objetivo de orientar la regulación y promover una efectiva competencia en los segmentos de mercado donde esto es posible. Estos lineamientos nos permitirán aumentar la eficiencia para el sistema eléctrico, de manera tal, que conlleve a precios justos para los usuarios”.
La intervención en el mercado de los servicios públicos ha sido, casi desde el principio, una de las metas del gobierno Petro. Varios de sus impulsos no han sido bien recibidos por el sector. Un primer decreto para asumir funciones de la CREG y la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable) quedó en veremos luego de un fallo del Consejo de Estado.
También lea: Con reforma a ley de servicios públicos buscan intervenir las tarifas eléctricas
Lo cierto es que los servicios públicos son uno de los motores actuales de la inflación en el país que no termina por enfriarse, como sí lo han ido haciendo otros rubros, como los alimentos.
De acuerdo con un análisis de BBVA Research, “la inflación básica aún muestra incrementos en términos anuales, alcanzando el 11,6 %. Dentro de esta, la inflación de la canasta de regulados continúa acelerándose en términos anuales, alcanzando el 15,7 % presionada por productos como gasolina, energía eléctrica y acueducto”.
Según los datos que el DANE publicó este miércoles, el renglón de gas y energía para consumo en el hogar y combustibles para vehículos subió 2,39 % en su variación mensual (esto es comparando mayo con abril de 2023) y lo hizo 22,34 % en su perspectiva anual (comparando mayo de 2022 y 2023).
Cabe aclarar acá que buena parte de este aumento lo está impulsando el alza en los precios de la gasolina, que el mismo Gobierno viene impulsando desde hace meses como una medida para sanear el déficit que arrastra el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).
La intervención en los servicios públicos
Si bien el decreto firmado por Petro no establece medidas concretas, acciones aplicables ya, sino que le da órdenes a la CREG para que, siguiendo unos lineamientos, facilite o modifique asuntos como la participación de los usuarios en los procesos de “regulación y formulación de política pública”, así como en “medidas para el seguimiento y monitoreo del poder de mercado en las ofertas de precio en bolsa”.
El decreto también busca que la CREG establezca “lineamientos para la valoración de los recursos de generación de corto plazo”, así como le ordena a la Comisión que analice “la factibilidad y la conveniencia de flexibilizar los requisitos de medida de los consumos de los usuarios”.
Aquí vale recordar algunos elementos estructurales del sistema energético colombiano para entender mejor esta discusión.
La generación de energía eléctrica en el país es 68,3 % hidráulica, agua que se encuentra en los embalses repartidos por casi todo el país. Las térmicas generan el 30,7 % y con energía solar, cogeneración y eólica se completa la matriz colombiana.
Si los embalses se mantienen llenos no quiere decir que las tarifas tengan que descender con fuerza. Esa electricidad que se consume hoy corresponde a contratos negociados dos o tres años atrás que son un poco más del 80 % de la energía requerida por los consumidores. El porcentaje faltante se negocia al día: esta es la energía de bolsa y su precio depende de la hidrología del momento, las contingencias (como una planta que entre en mantenimiento) y los precios de combustibles como el gas, el Acpm y el carbón, que a su vez tienen injerencia en hechos internacionales.
Ahora bien, aquí hay que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, actualmente hay déficit de generación. “Con la información que tenemos hoy de demanda (energía que consumimos en el país) y la energía disponible de los generadores necesitamos invertir, de aquí a 2029, entre $16 y $21 billones para atender el crecimiento proyectado de la demanda”, señala Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen.
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¿Cómo funciona el marco tarifario?
Después de la generación (35 %), los otros componentes de los costos tarifarios son: transmisión, que pesa 5 % en la factura, distribución (38 %), comercialización (13 %), pérdidas de energía (7 %) y restricciones (2 %).
Vale acá hacer una pequeña disección de qué implica cada una de estas etapas.
Entonces, transmisión es el costo del transporte de energía desde las plantas generadoras hasta los centros poblados. Por su parte, la distribución es lo que vale llevar la energía dentro de los centros poblados hasta los hogares y demás usuarios. En cuanto a la comercialización se refiere al proceso de lectura de los medidores para determinar el consumo, la entrega de la factura y el recaudo.
Las pérdidas eléctricas, que también se incluyen en las facturas eléctricas, tienen dos componentes: las técnicas, que son la energía que se pierde durante el transporte por las líneas físicas, y las no técnicas, que tienen que ver con el robo de energía. Finalmente, están las restricciones, que contemplan los mantenimientos diarios para evitar, entre otras cosas, cortes en el suministro.
Lea: ¿Será más costosa la electricidad con un fenómeno de El Niño?
“A la suma de esos costos se le llama Costo Unitario de Prestación del Servicio”, explica la CREG. En la factura se identifica como CU. Junto con el costo de llevar el servicio está la cantidad electricidad que consume durante un período determinado; esa cantidad de energía se mide en unidades de kilovatio hora (kWh).
De acuerdo con la Comisión, el valor total a pagar por parte del consumidor será lo que le cuesta a la empresa llevar el servicio (CU), multiplicado por la cantidad de energía eléctrica consumida (kWh), menos el subsidio que beneficia a los estratos 1, 2 y 3 o sumado a la contribución, si es de estratos 5 y 6, dependiendo del usuario.
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El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 0929, que le da herramientas al Gobierno para tomar decisiones sobre las tarifas de energía eléctrica en el país, un asunto que, hasta hoy, estaba en manos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
De acuerdo con el Ministerio de Minas, el documento pretende “aumentar la eficiencia económica del mercado mayorista estableciendo lineamientos de política para estimular la competencia y la consolidación de precios que beneficien a usuarios y empresas”.
La propia ministra del ramo, Irene Vélez, aseguró que “avanzamos en la segunda fase del Pacto por la Justicia Tarifaria, con el objetivo de orientar la regulación y promover una efectiva competencia en los segmentos de mercado donde esto es posible. Estos lineamientos nos permitirán aumentar la eficiencia para el sistema eléctrico, de manera tal, que conlleve a precios justos para los usuarios”.
La intervención en el mercado de los servicios públicos ha sido, casi desde el principio, una de las metas del gobierno Petro. Varios de sus impulsos no han sido bien recibidos por el sector. Un primer decreto para asumir funciones de la CREG y la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable) quedó en veremos luego de un fallo del Consejo de Estado.
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Lo cierto es que los servicios públicos son uno de los motores actuales de la inflación en el país que no termina por enfriarse, como sí lo han ido haciendo otros rubros, como los alimentos.
De acuerdo con un análisis de BBVA Research, “la inflación básica aún muestra incrementos en términos anuales, alcanzando el 11,6 %. Dentro de esta, la inflación de la canasta de regulados continúa acelerándose en términos anuales, alcanzando el 15,7 % presionada por productos como gasolina, energía eléctrica y acueducto”.
Según los datos que el DANE publicó este miércoles, el renglón de gas y energía para consumo en el hogar y combustibles para vehículos subió 2,39 % en su variación mensual (esto es comparando mayo con abril de 2023) y lo hizo 22,34 % en su perspectiva anual (comparando mayo de 2022 y 2023).
Cabe aclarar acá que buena parte de este aumento lo está impulsando el alza en los precios de la gasolina, que el mismo Gobierno viene impulsando desde hace meses como una medida para sanear el déficit que arrastra el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).
La intervención en los servicios públicos
Si bien el decreto firmado por Petro no establece medidas concretas, acciones aplicables ya, sino que le da órdenes a la CREG para que, siguiendo unos lineamientos, facilite o modifique asuntos como la participación de los usuarios en los procesos de “regulación y formulación de política pública”, así como en “medidas para el seguimiento y monitoreo del poder de mercado en las ofertas de precio en bolsa”.
El decreto también busca que la CREG establezca “lineamientos para la valoración de los recursos de generación de corto plazo”, así como le ordena a la Comisión que analice “la factibilidad y la conveniencia de flexibilizar los requisitos de medida de los consumos de los usuarios”.
Aquí vale recordar algunos elementos estructurales del sistema energético colombiano para entender mejor esta discusión.
La generación de energía eléctrica en el país es 68,3 % hidráulica, agua que se encuentra en los embalses repartidos por casi todo el país. Las térmicas generan el 30,7 % y con energía solar, cogeneración y eólica se completa la matriz colombiana.
Si los embalses se mantienen llenos no quiere decir que las tarifas tengan que descender con fuerza. Esa electricidad que se consume hoy corresponde a contratos negociados dos o tres años atrás que son un poco más del 80 % de la energía requerida por los consumidores. El porcentaje faltante se negocia al día: esta es la energía de bolsa y su precio depende de la hidrología del momento, las contingencias (como una planta que entre en mantenimiento) y los precios de combustibles como el gas, el Acpm y el carbón, que a su vez tienen injerencia en hechos internacionales.
Ahora bien, aquí hay que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, actualmente hay déficit de generación. “Con la información que tenemos hoy de demanda (energía que consumimos en el país) y la energía disponible de los generadores necesitamos invertir, de aquí a 2029, entre $16 y $21 billones para atender el crecimiento proyectado de la demanda”, señala Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen.
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¿Cómo funciona el marco tarifario?
Después de la generación (35 %), los otros componentes de los costos tarifarios son: transmisión, que pesa 5 % en la factura, distribución (38 %), comercialización (13 %), pérdidas de energía (7 %) y restricciones (2 %).
Vale acá hacer una pequeña disección de qué implica cada una de estas etapas.
Entonces, transmisión es el costo del transporte de energía desde las plantas generadoras hasta los centros poblados. Por su parte, la distribución es lo que vale llevar la energía dentro de los centros poblados hasta los hogares y demás usuarios. En cuanto a la comercialización se refiere al proceso de lectura de los medidores para determinar el consumo, la entrega de la factura y el recaudo.
Las pérdidas eléctricas, que también se incluyen en las facturas eléctricas, tienen dos componentes: las técnicas, que son la energía que se pierde durante el transporte por las líneas físicas, y las no técnicas, que tienen que ver con el robo de energía. Finalmente, están las restricciones, que contemplan los mantenimientos diarios para evitar, entre otras cosas, cortes en el suministro.
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“A la suma de esos costos se le llama Costo Unitario de Prestación del Servicio”, explica la CREG. En la factura se identifica como CU. Junto con el costo de llevar el servicio está la cantidad electricidad que consume durante un período determinado; esa cantidad de energía se mide en unidades de kilovatio hora (kWh).
De acuerdo con la Comisión, el valor total a pagar por parte del consumidor será lo que le cuesta a la empresa llevar el servicio (CU), multiplicado por la cantidad de energía eléctrica consumida (kWh), menos el subsidio que beneficia a los estratos 1, 2 y 3 o sumado a la contribución, si es de estratos 5 y 6, dependiendo del usuario.
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