Gobierno firmó nuevo decreto de aranceles a las prendas de vestir

Este viernes, el Gobierno fijó, mediante el decreto 414 de 2021, los aranceles para el sector textil. El documento establece un arancel del 40 % para las importaciones de confecciones por valor igual o inferior a US$10 por kilo. Para las importaciones de confecciones con valores superiores recomienda un arancel mixto del 15 % ad valorem más US$1,5 por kilo.

La medida no aplicaría para países con los que Colombia tiene acuerdo de libre comercio firmado. “El gravamen arancelario establecido en el presente decreto será revisado semestralmente por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior”, explica el documento.

Lea también: ¿Por qué no se soluciona el dilema con los aranceles a las prendas de vestir?

El documento asegura que se excluyen de la aplicación de las medidas establecidas “las importaciones al territorio nacional de residuos y/o desperdicios de la industria de la confección resultantes de los procesos productivos desarrollados por un usuario industrial de zona franca o al amparo de los Sistemas Especiales de Importación Exportación ‘Plan Vallejo’ que tengan valor comercial y las reimportaciones en el mismo estado que cumplen con los requisitos de la modalidad”.

Vale la pena recordar que el pasado 10 de marzo de 2021 se publicó el borrador de decreto en la página web del Ministerio de Comercio. Según se lee en el borrador de decreto, el proyecto es la recomendación del “Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A), órgano colegiado con participación de varias entidades públicas”, y propone restablecer el máximo arancel permitido por la Organización Mundial de Comercio.

El borrador, que estuvo para comentarios hasta el 17 de marzo, volvió a poner sobre la mesa las controversias sobre el tema. La Cccya y el partido del Gobierno presionaron para implementar los aranceles. Sin embargo, el mismo gremio se dividió entre quienes apoyaban la propuesta del Mincomercio y quienes estaban en desacuerdo. Fenalco retomó su posición al decir que los productos subirían de cara al consumidor final y Analdex se mantuvo en su opinión al considerar el aumento de aranceles como una medida que aumentará el contrabando.

Al comparar el borrador con el documento firmado este viernes por los ministros, la única novedad es la vigencia, pues en el borrador era de un año y en el decreto quedó de dos. Este entrará en vigor en 15 días contados desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

De acuerdo con Mincomercio, el propósito de esta medida es, “no solo corregir distorsiones de mercado originadas por el aumento de las importaciones de confecciones a precios ostensiblemente bajos, sino también impulsar un sector que ha resultado altamente afectado por la coyuntura actual”.

La cartera agregó, mediante un comunicado, que se “trata de un tema que se analiza desde antes de la pandemia, y que se complementa con una agenda integral del sector textil y confecciones impulsada por este Ministerio y el sector privado, para la productividad y la competitividad”.

Tras conocer el decreto firmado, Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, gremio que representa al sector textil nacional, aseguró que “no es suficiente, reiteradamente se lo expusimos al ministro, quien ha hecho oídos sordos con la industria nacional, pero sí parece escuchar los intereses de importadores de mano de obra de otros países. Este es un decreto que es insuficiente, no responde a una integralidad y hoy el ministro ha decidido apartar a el gremio de este tipo de discusiones porque le resultamos incómodos por decir la verdad”.

El Gobierno, por su parte, aseguró que la medida responde a un análisis técnico, en el que se consideró el desempeño de la producción nacional, el empleo y los flujos de comercio exterior. “El decreto pretende mantener un balance que permita impulsar la reactivación del sector y preservar el empleo, sin generar un sesgo antiexportador, ni afectaciones al bienestar de los consumidores”.

Vale la pena mencionar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se incluyeron los aranceles en los artículos 274 y 275 en el Decreto 1419 para, según los textileros, frenar la masiva importación de prendas de vestir provenientes de países de África y Asia, con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales, para proteger la mano de obra nacional.

La normativa establecía un aumento del 15 % al 37,9 % para las importaciones de los artículos de vestuario cuando su precio fuera inferior o igual a US$20 por kilo. Para los elementos que superaran ese precio habría un arancel del 10 % según el valor de la mercancía: más de US$3 por kilo.

El 6 de agosto de 2019, José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, quien también se opuso a los aranceles, firmó la medida que entró en vigor noventa días después. El decreto generó polémicas, disputas gremiales y una demanda presentada ante la Corte Constitucional por gremios como Analdex, Fenalco, la ANDI e incluso la Procuraduría y Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, quienes la consideraban inconstitucional.

Pero en enero de 2020, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó los aranceles a textiles al considerar que solo es potestad del poder Ejecutivo, es decir del presidente, establecer o quitar aranceles y no del Congreso, como había quedado establecida la medida. La Cccya lamentó la situación y le pidió a Duque fijar los aranceles mediante un decreto.

Este viernes, el Gobierno fijó, mediante el decreto 414 de 2021, los aranceles para el sector textil. El documento establece un arancel del 40 % para las importaciones de confecciones por valor igual o inferior a US$10 por kilo. Para las importaciones de confecciones con valores superiores recomienda un arancel mixto del 15 % ad valorem más US$1,5 por kilo.

La medida no aplicaría para países con los que Colombia tiene acuerdo de libre comercio firmado. “El gravamen arancelario establecido en el presente decreto será revisado semestralmente por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior”, explica el documento.

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El documento asegura que se excluyen de la aplicación de las medidas establecidas “las importaciones al territorio nacional de residuos y/o desperdicios de la industria de la confección resultantes de los procesos productivos desarrollados por un usuario industrial de zona franca o al amparo de los Sistemas Especiales de Importación Exportación ‘Plan Vallejo’ que tengan valor comercial y las reimportaciones en el mismo estado que cumplen con los requisitos de la modalidad”.

Vale la pena recordar que el pasado 10 de marzo de 2021 se publicó el borrador de decreto en la página web del Ministerio de Comercio. Según se lee en el borrador de decreto, el proyecto es la recomendación del “Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A), órgano colegiado con participación de varias entidades públicas”, y propone restablecer el máximo arancel permitido por la Organización Mundial de Comercio.

El borrador, que estuvo para comentarios hasta el 17 de marzo, volvió a poner sobre la mesa las controversias sobre el tema. La Cccya y el partido del Gobierno presionaron para implementar los aranceles. Sin embargo, el mismo gremio se dividió entre quienes apoyaban la propuesta del Mincomercio y quienes estaban en desacuerdo. Fenalco retomó su posición al decir que los productos subirían de cara al consumidor final y Analdex se mantuvo en su opinión al considerar el aumento de aranceles como una medida que aumentará el contrabando.

Al comparar el borrador con el documento firmado este viernes por los ministros, la única novedad es la vigencia, pues en el borrador era de un año y en el decreto quedó de dos. Este entrará en vigor en 15 días contados desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

De acuerdo con Mincomercio, el propósito de esta medida es, “no solo corregir distorsiones de mercado originadas por el aumento de las importaciones de confecciones a precios ostensiblemente bajos, sino también impulsar un sector que ha resultado altamente afectado por la coyuntura actual”.

La cartera agregó, mediante un comunicado, que se “trata de un tema que se analiza desde antes de la pandemia, y que se complementa con una agenda integral del sector textil y confecciones impulsada por este Ministerio y el sector privado, para la productividad y la competitividad”.

Tras conocer el decreto firmado, Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, gremio que representa al sector textil nacional, aseguró que “no es suficiente, reiteradamente se lo expusimos al ministro, quien ha hecho oídos sordos con la industria nacional, pero sí parece escuchar los intereses de importadores de mano de obra de otros países. Este es un decreto que es insuficiente, no responde a una integralidad y hoy el ministro ha decidido apartar a el gremio de este tipo de discusiones porque le resultamos incómodos por decir la verdad”.

El Gobierno, por su parte, aseguró que la medida responde a un análisis técnico, en el que se consideró el desempeño de la producción nacional, el empleo y los flujos de comercio exterior. “El decreto pretende mantener un balance que permita impulsar la reactivación del sector y preservar el empleo, sin generar un sesgo antiexportador, ni afectaciones al bienestar de los consumidores”.

Vale la pena mencionar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se incluyeron los aranceles en los artículos 274 y 275 en el Decreto 1419 para, según los textileros, frenar la masiva importación de prendas de vestir provenientes de países de África y Asia, con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales, para proteger la mano de obra nacional.

La normativa establecía un aumento del 15 % al 37,9 % para las importaciones de los artículos de vestuario cuando su precio fuera inferior o igual a US$20 por kilo. Para los elementos que superaran ese precio habría un arancel del 10 % según el valor de la mercancía: más de US$3 por kilo.

El 6 de agosto de 2019, José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, quien también se opuso a los aranceles, firmó la medida que entró en vigor noventa días después. El decreto generó polémicas, disputas gremiales y una demanda presentada ante la Corte Constitucional por gremios como Analdex, Fenalco, la ANDI e incluso la Procuraduría y Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, quienes la consideraban inconstitucional.

Pero en enero de 2020, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó los aranceles a textiles al considerar que solo es potestad del poder Ejecutivo, es decir del presidente, establecer o quitar aranceles y no del Congreso, como había quedado establecida la medida. La Cccya lamentó la situación y le pidió a Duque fijar los aranceles mediante un decreto.