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Luego de que el presidente Iván Duque decretara durante la noche de este martes el Estado de Emergencia, en el que se ordenó el aislamiento de personas mayores de 70 años hasta el 30 de mayo, el Gobierno anunció este miércoles un paquete de medidas con el fin de hacer frente a los efectos del coronavirus en la economía colombiana. En total se destinarán $14,8 billones. (Lee también: Declarado estado de emergencia económica y social por coronavirus)
En primer lugar se garantizará los recursos para el sistema de salud. Por ejemplo, facilitar los equipo médicos que se requieran para atender el coronavirus, y dar liquidez a la red hospitalaria. Además, se dará exención del IVA para la importación de artículos que sirvan para controlar la pandemía.
El presidente también anunció giros adicionales en diferentes programas sociales que realizan transferencias monetarias a las poblaciones vulnerables. De esta manera se ordenó un giro adicional, durante el tiempo que se mantenga el Estado de Emergencia, para los beneficiarios de Familias en Acción (que beneficia a 2,6 millones de hogares), Jóvenes en Acción (204.000 jòvenes beneficiados) y Adulto Mayor (1,5 millones adultos mayores beneficiados).
Asimismo, por medio de la gestión del Ministerio de Vivienda se ofrecerá reconexión gratuita del servicio de agua, y se congelarán las tarifas en este servicio público. Una medida que tiene como objetivo que los colombianos tengan los medios para mantener la salubridad de sus hogares.
También se adelantará el esquema de devolución de IVA para las poblaciones más vulnerables. En vez de iniciar en enero de 2021, como estaba previsto, iniciará desde abril de 2020 y beneficiará a un millón de colombianos de los segmentos de menores ingresos.
El mandatario también dijo este miércoles que se dará un respiro a personas y empresas que tengan dificultades con sus créditos. Se les permitirá suspender el pago de dos cuotas (de dos meses), con la posibilidad de refinanciar sus préstamos sin afectar su historial crediticio.
Adicionalmente, se dará una línea de crédito para que las empresas puedan garantizar el pago de su nómina, y se asegurará el abastecimiento de los municipios y ciudades del país.
El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, dijo la finalidad del gobierno con el plan de choque es defender el empleo de los colombianos. “Necesitamos habilitar canales de transferencia monetaria para la población vulnerable” como son los programas sociales Adulto Mayor, Jóvenes en Acción y Familias en Acción.
Son $12,1 billones que el Gobierno espera sacar del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolero y $2,7 billones prestados del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. El ministerio de Hacienda descarta contratar nueva deuda.
Frente a las medidas anunciadas, Camilo Herrera, presidente del Grupo Raddar, destacó los giros adicionales a Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor: “eso es darles más dinero a los informales, muy buena medida. Eso alivia la presión a desempleo, y los gastos frecuentes de las personas de ingresos bajos. Y en lo financiero, la flexibilización de créditos, pagos y plazos busca dar caja y capital de trabajo a las empresas para que no despidan personas”.
Anif era uno de los centros de estudios que recomendaba al Gobierno intervenir con programas como Familias en Acción, pero indica que “estas transferencias deben ser temporales y no condicionadas, dirigidas a las personas con puntajes bajos en el Sisbén y que no tengan trabajos formales”.
Respecto a la devolución del IVA, Marc Hofstetter, profesor de economía de la Universidad de los Andes, explicó que "en principio esto está basado en el Sisben 4, que está más actualizado y, en principio, más focalizado. No sé cuáles sean los riesgos de acelerarlo, pero lo que haría es ponerle algunos pesitos a la gente más vulnerable en el país. Si bien seguro habrá espacio para error si lo aceleramos, está bien intentarlo y tratar de que esa plata llegue lo más pronto posible".
Los descuadres fiscales
El coronavirus, y los efectos directos e indirectos que ha provocado en la economía mundial, han provocado grandes cambios en dos de los principales indicadores de la economía colombiana: el dólar y el petróleo, situación que podría incrementar los riesgos de que las finanzas de la Nación se estén descuadrando. (Lee también El efecto mariposa del coronavirus en la economía global)
Dentro del “Marco Fiscal de Mediano Plazo (2019-2020)”, documento con el que el Gobierno hace sus cuentas fiscales a 10 años, se dejó como supuesto que la TRM promediaría los $3.129 en 2020. Pero debido a las alzas de las últimas semanas, en el que el dólar ha superado los $4.000, el indicador ha promediado más de $3.445, es decir, $316 por encima de lo que esperaba el Ejecutivo. Y la deuda denominada en dólares es el rubro que más podría sentir el descuadre de los supuestos.
De acuerdo con el más reciente informe del Banco de la República, en noviembre la deuda externa pública llegó a los US$72.848 millones (22,9 % del PIB), de los cuales US$710 millones son compromisos que hay que saldar en el corto plazo y US$72.137 millones son de largo plazo.
Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, dijo en septiembre del año pasado que el efecto de $100 adicionales en la tasa de cambio encarecería los pagos de deuda en $1 billón, por lo que hasta el momento esos $316 de descuadre frente al supuesto equivaldrían a más de $3,1 billones (si se mantiene la diferencia a lo largo del año).
Respecto al petróleo, el Marco fiscal esperaba un petróleo Brent promediando los US$67,5 en 2020. Sin embargo, debido a las bajas de la última semana, la cotización promedia los US$55 en lo corrido del año, es decir, US$12,5 por debajo del supuesto del Gobierno.
Es una brecha significativa, pues el “Marco fiscal” también advierte que cada dólar que caiga el precio del crudo implica $217.000 millones de menores dividendos de Ecopetrol y $212.000 millones de menos recaudo tributario (del sector petrolero). Es decir, la pérdida total de un dólar menos en el Brent es de $429.000 millones. Lo que indica que el descuadre sería de $5,3 billones de menores ingresos (si se mantiene la diferencia a lo largo del año).
Las peticiones del Congreso
Los partidos políticos ya venían pidiéndole al primer mandatario que declarara la emergencia económica para que este tomara varias medidas que trajeran un alivio frente al difícil panorama económico que enfrenta el país por el coronavirus. Esta petición venía acompañada de otras propuestas que buscan beneficiar tanto a empresas como a ciudadanos del común.
Entre las principales propuestas remitidas por los partidos está brindarles ayudas económicas a los trabajadores informarles, que, según el senador Efraín Cepeda, son cerca del 48% de la población productiva. “El Gobierno debe dar asistencia a esta población vulnerable que con las medidas de prevención por el covid-19 no puede generar ingresos”, concluyó el partido conservador.
Congelar y ampliar el plazo para pagar los impuestos también estuvo dentro del plan económico de varias de las colectividades remitido al ejecutivo. El senador David Barguil propuso que se mueva el calendario de pago de varios impuestos. El Centro Democrático también se manifestó con ideas similares en este apartado:aplazar las fechas de las obligaciones tributarias como el IVA, la sobretasa a la energía y la declaración de renta.
El pago de las obligaciones bancarias también fue un tema recurrente, debido a la posible reducción en las economías de los hogares. Por esta razón, los congresitas incluyeron en sus peticiones desde condonación de las cuotas, hasta la reducción de los intereses y la ampliación para el pago de estos. En el primer caso está la senadora Aida Avella, de la UP. Esta pidió que se le condone las cuotas de créditos de todo tipo de los meses de marzo y abril a la gente.
Por otro lado, el senador Wilson Arias propuso que se prohíba el desalojo a los deudores morosos durante la contingencia y que se abstengan de hacer reportes a las centrales de riesgo. En cambio, el representante del Atlántico José Gabriel Amar aconsejó crear un incentivo a los bancos para que estos puedan renegociar los créditos con la pymes y las personas naturales con proyectos de emprendimeinto.