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En el Bajo Cauca antioqueño, la tensión entre mineros y el Gobierno sigue latente. Este viernes se conoció que la mesa de diálogo fue levantada sin que se llegara a un acuerdo sobre el pliego de 11 puntos que contemplan los mineros de la región para cesar un paro que ya completa nueve días.
A la espera de que se retomen las conversaciones, lo cual se daría durante el fin de semana, los mineros se comprometieron a permitir un corredor humanitario por donde pasarán alimentos, insumos médicos, medicamentos y vehículos de emergencias que no han podido llegar a su destino por el bloqueo de carreteras.
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Así mismo, los manifestantes afirmaron que no abandonarán las vías por temor a que las autoridades quemen o destruyan su maquinaria. En este momento, se tiene constancia de que varias unidades del Ejército Nacional y la Policía hacen presencia en la zona.
Y es que, en los últimos días, se conoció que los operativos de la Fuerza Pública han destruido nueve dragas que, en palabras de Iván Velásquez, ministro de Defensa, “generaban riquezas a las organizaciones armadas ilegales”.
Los motivos del paro minero
El descontento de los mineros del Bajo Cauca antioqueño tiene su origen en lo que, para ellos, ha sido la “criminalización” y “estigmatización” de su actividad por parte del Gobierno Nacional.
Según han manifestado los promotores del paro, se han tomado vías de hecho como respuesta a los señalamientos de las autoridades de que su actividad estaría financiando grupos criminales.
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“Somos mineros informales, no criminales. La informalidad no es ilegalidad”, clama Fabio Builes, miembro de la junta directiva de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca (Asomineros) y quien se autodenomina como minero tradicional.
El Espectador conversó con Builes, quien hoy también es uno de los líderes del paro minero que transcurre en esta región del país.
- ¿Qué sucedió hoy en la mesa de diálogo?
Fabio Builes: Se rompieron las negociaciones; el Gobierno se paró de la mesa y los viceministros se fueron para Bogotá. En este momento, la Policía está interviniendo La Apartada y varias partes de Caucasia. Están hostigando a los mineros”.
- ¿Por qué se levantaron de la mesa?
Fabio Builes: El Gobierno no quiere ceder. A la mesa negociadora se le presentaron varias propuestas; son 11 los puntos que tenemos (los cuales se encuentran al final de este artículo). Uno de estos es que no nos quemen la maquinaria, mientras implementamos la forma de formalizar a los mineros del Bajo Cauca.
Les presentamos también una fórmula para que todos los mineros del Bajo Cauca, en las más de 1.000 unidades de explotación que hay en este momento, se puedan formalizar. Pero al Gobierno no le interesa eso.
- ¿Qué quieren hacerle entender al Gobierno y al país?
Fabio Builes: Somos mineros informales porque no estamos legalizados. Para el Gobierno, lo que es informal es criminal. Nos asocian con bandas criminales.
Hay empresas formales que están haciendo más daño que los mineros informales, y el Gobierno no nos mide con el mismo racero.
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Estamos denunciando que la empresa Mineros S.A. ha causado daños que van de lado a lado del río Nechí; han acabado con más de 40 ciénagas y criaderos de peces. Han hecho un daño ambiental impresionante, pero son una empresa legal.
El Gobierno dice que va a proteger al minero artesanal y ancestral, pero para ellos el minero artesanal y ancestral es el que solo tiene una pala y una batea. Nosotros empezamos así, pero fuimos progresando y conseguimos un motor, luego una retroexcavadora. Ese es nuestro patrimonio: ¿nos convierte en criminales?
- ¿Es cierto que su actividad está relacionada con grupos al margen de la Ley?
Fabio Builes: Aquí no han capturado a nadie. Las autoridades queman las dragas porque son informales, pero no han capturado a nadie. Aquí ha habido más de 3.000 operaciones de quema o destrucción de maquinaria en el Bajo Cauca y no hay un solo minero investigado por pertenecer a una banda criminal.
Se nos ha señalado de auxiliadores de las FARC, luego del ELN y, ahora, nos acusan de ser del Clan del Golfo. Es una excusa para quemar las máquinas y perseguirnos sin justificación.
- ¿Qué le piden a la mesa de diálogo con el Gobierno?
Fabio Builes: Le pedimos al Gobierno: formalícenos, pero no ha tenido la voluntad de hacerlo. Le quedó grande formalizar a la pequeña y mediana minería. No estamos formalizados porque el Gobierno no nos ha abierto planes para ello.
Nosotros llevamos trabajando aquí más de 80 años. Yo tengo 71 años y durante 54 años me he dedicado a la minería. Mi abuelo y mi papá fueron mineros; mis hijos son mineros. Esa es la ancestralidad que debería tener en cuenta el Gobierno, pero para ellos la ancestralidad es quien tiene una pala y una batea. Este Gobierno nos está tratando peor que gobiernos anteriores.
Hoy, en los seis municipios que componen nuestra región del Bajo Cauca, el oro mueve el 80 % de la economía.
Se nos ha señalado de hacer daño ambiental y es falso que estemos degradando 11.000 hectáreas cada año. Nosotros estamos trabajando el terreno que ya se trabajó hace 30 o 40 años y que, por el precio actual del oro, vale la pena intentarlo. El 95 % de los mineros del Bajo Cauca nos dedicamos a eso: a trabajar terrenos que ya se trabajaron.
Y respecto al uso del mercurio, hace unos años salió la ley que lo prohíbe y aquí nadie está utilizándolo.
- ¿Qué va a pasar, entonces, con el paro minero?
Fabio Builes: Si nos vamos de aquí sin un arreglo, mañana empiezan a quemar la maquinaria: nuestra herramienta de trabajo.
Los promotores de la negociación cedieron y se comprometieron a despejar las vías como acuerdo humanitario, para que pase comida u oxígeno a los hospitales, con el compromiso de que mañana (sábado 11 de marzo) o pasado mañana (domingo 12 de marzo) se retomen las negociaciones. Hasta ahora, la economía del Bajo Cauca está paralizada.
Las 11 peticiones de los mineros
A continuación, el pliego de peticiones de los mineros del Bajo Cauca:
1. Reconocimiento por parte del Estado colombiano de la existencia de una minería tradicional, en sus diversas formas, en situación de informalidad, quitando la calificación dada por el decreto 2235 del 2012 de Mineros ilegales que nos cataloga como financiadores de grupos al margen de la ley, situación que no está acorde con la realidad; y hacer uso de la potestad facultativa del estado, dado por el artículo 6 de la decisión 774 del 2012 de la comunidad andina de naciones, para suspender las medidas extremas, desiguales y abusivas como es la destrucción y demás verbos rectores presentes en dicha norma, en contra de nuestro capital de trabajo (retroexcavadoras, dragas, motobombas, motores u otros instrumentos para dicha actividad), las cuales generan más inestabilidad económica y desempleo que beneficios a las comunidades en las zonas afectadas.
2. La no judicialización de los representantes de la mesa de negociación por los actos que se llegaren a desencadenar como resultado de la manifestación pacífica.
3. Que se creen distritos mineros, iniciando con un plan piloto en el bajo Cauca y el sur de Córdoba, de minería especial.
4. Que se reglamente cuanto antes el articulado de la Ley 2250 de 2022 otorgando presunción de legalidad y no al contrario, como se viene haciendo, a los mineros en proceso de formalización, creando una comisión que se enfatice en la teleología de dicha norma, la cual es el cuidado del medioambiente, dejando supeditadas las licencias ambientales a visitas realizadas por dicha comisión a las empresas perseguidas por la ley.
5. Que se ponga en marcha el Plan Único de Formalización teniendo como fundamento la Ley 2250, pero derribando las barreras existentes en temas de licencias y concesiones reglamentadas de manera desigual por el estado y la situación social real que está viviendo el país con respecto a la minería informal, el cual debe ser basado en el cuidado del medio ambiente y no en la persecución, obstrucción y dilación de la formalización de nuestro oficio.
6. Que se modifique el artículo 106 de la Ley 1450 y el decreto reglamentario 2235 excluyendo de la aplicación de esas normas a los mineros en proceso de formalización.
7. Que no se condene eternamente y de por vida al uso de una pala y una batea en el ejercicio de la actividad minera a pequeña y mediana escala, lo cual favorece únicamente a los pocos, pero grandes conglomerados económicos en la extracción de las riquezas de nuestras tierras.
8. Que se respete el legítimo derecho al uso de maquinaria y equipos en nuestras actividades como se hace en cualquier actividad económica que lo requiera.
9. Reconocer el potencial laboral de nuestro oficio, que el uso de maquinarias genera más oportunidades a los barequeros, beteros, y moto bomberos, ya que estos se benefician directamente, se beneficia el medio ambiente al utilizar los pozos de sedimentación y lagunas de oxidación creadas para no contaminar los causes de los ríos y arroyos; generando sostenibilidad económica, medio ambiental, social y cultural.
10. Que se inicien procesos de formalización de la mano de los mineros informales ubicados en el territorio nacional, donde se encuentren como mediadores delegaciones creadas para dicho fin, conformadas por los ministerios de medio ambiente, el de Minas y Energía y las comunidades afectadas directamente, teniendo en cuenta los diferentes grupos poblacionales, raciales, étnicos.
11. Que se realice una nueva caracterización en territorio con la institucionalidad para que se liberen áreas de ley 2 de 1959, permitiendo así la formalización y titulación de pequeños y mediados mineros, para tener la posibilidad de competir de manera justa y equitativa con los grandes conglomerados económicos.
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