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Este martes, 20 de julio, el Gobierno del presidente Iván Duque presentó la nueva reforma tributaria, con la que espera recaudar unos $15,2 billones para atender el déficit fiscal y el gasto social, derivado este último de la crisis instalada por la pandemia.
Si al leer reforma tributaria y gobierno Duque siente que está experimentando un deja vu, tranquilo, es una sensación que podría denominarse como común y se explica por esto: esta es la tercera iniciativa de su corte en esta administración y, en justicia, se trata del cuarto proyecto fiscal de su tipo que se presenta en este mandato.
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El gobierno Duque ha sido consistente en la presentación de proyectos fiscales, así como en la creatividad para nombrarlos. En esta ocasión se trata de la Ley de Inversión Social. Ya pasamos por la de Financiamiento y Crecimiento (aprobada en 2018, tumbada por la Corte Constitucional en 2019 y vuelta a presentar en ese mismo año, respectivamente). Y hace apenas unos meses se presentó, ya muerta, la de Solidaridad Sostenible. En el proceso se cayó el ministro de Hacienda y se abrió paso el mayor estallido social en la historia reciente del país.
La presente reforma tributaria es el fruto de varias tensiones, que la explican en sus alcances, intenciones y bondades, así como en sus deformidades y limitantes.
La primera, claramente, es la pandemia, que ha ejercido una enorme presión sobre el gasto del Gobierno, especialmente en el frente social, con la creación de Ingreso Solidario, un programa que nació justo para atender a quienes no estaban incluidos en otros programas de asistencia del Estado.
El desbalance entre la creación de nuevos rubros de gastos, pero con los mismos ingresos es lo que popularmente se conoce como déficit fiscal, que para este año, se estima, llegará a 8,6 % del PIB (según las cuentas del Gobierno; en 2020, esta cifra llegó a 7,8 %.
La necesidad de nuevos recursos es, de fondo, el gran motor que mueve la tributaria. El cómo conseguirlos es por donde se comienza a complicar el asunto.
La reforma impulsada por el exministro Alberto Carrasquilla incluía cambios en IVA y renta para personas naturales, que habrían impactado a la clase media. Expertos coinciden en que este no era, necesariamente, el punto más malo de la impopular propuesta, sino que no hacía lo propio con los renglones más solventes de la sociedad. En otras palabras, no establecía condiciones diferenciadas para renglones de la población que, aunque pueden parecer como iguales, tienen vastas diferencias en capacidades económicas y, por tanto, deberían tener reglas distintas en materia de impuestos.
La propuesta de Carrasquilla, la Ley de Solidaridad Sostenible, murió no tanto porque fuera vastamente rechazada en la opinión pública, sino porque carecía de apoyo político en medio de una pandemia y en un año preelectoral. Su visión, sin embargo, era más ambiciosa, sus cambios habrían sido más permanentes que temporales y, al final, su meta de recaudo era de $11 billones más de lo que busca la propuesta actual.
Esto quiere decir que el proyecto de ley presentado este martes es, ante todo, una propuesta política, primero, y, en segundo, de política económica. Entonces, según analistas, es una propuesta que busca sobreaguar el momento, con apoyo al gasto social, pero sin plantear grandes cambios (sostenibles en el tiempo) que busquen atacar duramente el déficit fiscal.
“De cara a estabilizar las finanzas públicas, la propuesta es claramente insuficiente. Los cálculos que había hecho Hacienda hace unos meses sugerían que se requerían cerca de $14 billones anuales de manera permanente, netos de las disposiciones de gastos adicionales que la propia reforma estableciera”, escribió Marc Hofstetter en una columna para este diario.
Al tiempo, Mario Valencia, también en una columna para este diario, dijo que “en la reforma tributaria que se radicará el 20 de julio, el Gobierno optó por el camino de hacer un acuerdo político con los sectores que históricamente han promovido la regresiva estructura actual y con algunos gremios que promovieron los beneficios de 2019”.
Después del retiro de la Ley de Solidaridad Sostenible, y la consecuente caída del exministro Carrasquilla, el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, emprendió la tarea de buscar consensos para una nueva reforma.
El ministro Restrepo empleó junio sosteniendo encuentros regionales con diversos actores para construir, de forma social, un proyecto que suele diseñarse a puerta cerrada. Esta es, para crédito del Gobierno, una innovación en la forma como se han estructurado históricamente los proyectos fiscales en el país.
Con todo, estos son los puntos clave para entender qué trae este nuevo proyecto tributario y qué implica para el país. De entrada, significa que después de las elecciones de 2022 volveremos a hablar de reforma tributaria con toda seguridad.
El gasto social en la nueva reforma
“Con gran satisfacción, he sido testigo de cómo podemos construir los consensos que nos permitirán alcanzar tres propósitos fundamentales: primero, atender a los más vulnerables, segundo, crecer económicamente para generar más y mejores empleos y, tercero, hacerlo con responsabilidad fiscal, sin tocar a los sectores más vulnerables ni a la clase media”, aseguró Duque durante la instalación del Congreso.
El proyecto de ley contempla hacer del programa Ingreso Solidario una renta básica de emergencia hasta diciembre de 2022. La iniciativa, que nació en el marco de la pandemia, entrega $160.000 mensuales a hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que no son beneficiarios de otros programas sociales del Estado.
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Con la nueva reforma, se ampliaría la cobertura de Ingreso Solidario en 200.000 beneficiarios, alcanzando una cobertura de 3,3 millones de hogares. Esto tendría un costo de $8,7 billones hasta 2022.
Cabe recordar que la reforma tributaria presentada por el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, buscaba hacer de este programa una renta básica permanente que también incluyera a beneficiarios de otros programas del Estado.
Uno de los argumentos de Carrasquilla para impulsar la reforma anterior era que con ella se podrían financiar los programas sociales creados en la pandemia. No obstante, algunos analistas observaron que la meta de un Ingreso Solidario permanente era una jugada arriesgada en el marco de la crisis fiscal del país.
Para el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), que se ampliaría hasta diciembre de este año, se destinarán cerca de $1,1 billones. Esta iniciativa otorga un subsidio a la nómina de $454.000 por cada trabajador y se creó en 2020 para ayudar a las empresas a proteger el empleo.
El PAEF se focalizaría en las micro y pequeñas empresas, y también incluiría a las personas naturales que tengan a partir de dos empleados.
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En cuanto a la matrícula cero, el compromiso que adquirió el Gobierno durante el paro nacional, se pagarán los estudios de educación superior de 695.000 estudiantes en condición de vulnerabilidad económica. Para ello se dispondrá de $700.000 millones anuales.
Además, para incentivar la generación de empleo entre los jóvenes, mujeres mayores de 40 años y población en general se van a destinar $809.000 millones para este y el siguiente año.
El plan de austeridad del Gobierno
Uno de los cambios en la nueva reforma tributaria es que se propone frenar el crecimiento de la burocracia y se contempla una reducción de gastos en la adquisición de equipos, vehículos, viáticos y gastos de publicidad. Con este plan de austeridad se pretende obtener $1,9 billones anuales.
Así mismo, el proyecto busca recaudar $2,7 billones del fortalecimiento de la lucha contra la evasión fiscal, que contempla la modernización de la Dian, la transformación de la factura electrónica y la georreferenciación de inmuebles.
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El papel de las empresas
La nueva iniciativa descarga la tributación sobre las empresas, pues el 60 % del recaudo total provendrá de ellas.
Se busca obtener $6,7 billones por cambios en la tarifa del impuesto de renta corporativa. La tarifa pasará de 30 a 35 %, pero continúan los beneficios de la Ley de Crecimiento de 2019 (para contratación de jóvenes, Economía Naranja, sector agroindustrial y hoteles y parques).
Además, se buscan ingresos por $3,9 billones al bajar del 100 % al 50 % el descuento del impuesto de industria y comercio (ICA).
Por otro lado, el sector financiero tendría una sobretasa de 3 puntos porcentuales hasta 2025.
Durante la instalación del Congreso, el presidente destacó el “patriotismo, coraje y valentía” de los empresarios, “que han hecho una lectura acertada de nuestra realidad y han dado un paso al frente para contribuir a superar la crisis y convertirnos en la sociedad que podemos ser”, aseguró.
¿Qué pasará con las personas naturales?
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, indicó que el proyecto de ley no tocará a las personas naturales, de bajos ingresos ni a la clase media. Tampoco incluirá ajustes al IVA o a las pensiones de los colombianos.
Eso sí, una de las iniciativas consiste en mantener tres días al año sin IVA para incentivar el comercio, particularmente las compras electrónicas.
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Lea el proyecto completo aquí: