Gobierno responde a gremios energéticos sobre el posible déficit de energía y gas
Mientras los gremios hablaron del déficit de energía firme, los retrasos en proyectos y la deuda de la opción tarifaria, el Ministerio de Minas y Energía respondió sobre las medidas concretas implementadas para fortalecer el sector.
El Ministerio de Minas y Energía le respondió a comité intergremial de la energía, que agrupa a Andesco, Alcogen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia, que está trabajando en “establecer planes y soluciones estructurales a los problemas heredados en el sector”, y apuntó que estos “superan las medidas propuestas por los gremios”, y por lo tanto, se han discutido y definido con ellos mismos.
“Instamos a los gremios a promover discusiones argumentadas, serenas y transparentes que nos permitan cerrar las brechas de las inequidades territoriales, disminuir la pobreza energética y avanzar en la Transición Energética Justa”, se le en el comunicado.
Ahora bien, en la respuesta anunció que se habilitó una línea de crédito de $2 billones a través de Findeter. Esta medida busca aliviar la deuda de empresas comercializadoras como Air-e y Grupo EPM, que han recibido alrededor de $600.000 millones en apoyo financiero.
Los gremios señalaron que la intervención a Air-e ha generado preocupaciones sobre la estabilidad financiera del sistema. La congelación de deudas previas y el atraso en pagos han creado incertidumbre, lo que puede resultar en cortes de energía si no se resuelve.
También se emitieron resoluciones para garantizar el pago de subsidios, beneficiando a los estratos 1, 2 y 3 con $2,91 billones en energía y $485.000 millones en gas. Mientras tanto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios inició un plan para mejorar la calidad del servicio de Air-e en regiones como Atlántico, Magdalena y Guajira.
De acuerdo con el sector de energía, el gobierno debe alrededor de $7 billones a las empresas de energía, incluyendo $2,5 billones en subsidios y $4 billones relacionados con opciones tarifarias. Esta deuda compromete la viabilidad económica de las empresas y pone en riesgo la prestación del servicio, lo que podría generar cortes de energía en regiones como Putumayo y Huila.
En respuesta, el Gobierno apuntó que, si bien la suspensión del cobro de la opción tarifaria ha proporcionado alivios en la región Caribe, las soluciones a largo plazo deben incluir cambios en el cálculo tarifario y el impulso de fuentes de energía renovable.
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Según el Ministerio, la cobertura de la demanda de gas es un tema prioritario para el gobierno. Señaló que cada día se produce 981 millones de pies cúbicos de gas, 9 % más de lo esperado. Para asegurar el suministro, se han implementado medidas como la flexibilización de las condiciones de compraventa de gas, un nuevo Plan de Abastecimiento de Gas Natural, el cual no se actualizaba desde 2019 y auditorías y nuevas tecnologías a obras de infraestructura.
Aún hay más problemas: se espera que a partir del 1° de diciembre de 2024, Colombia no cuente con suficiente gas local, con un déficit que podría alcanzar el 30% de la demanda nacional en 2026. Los gremios piden medidas urgentes, incluyendo la posibilidad de importar gas para asegurar el suministro a hogares e industrias.
En cuanto al abastecimiento eléctrico durante el próximo periodo de sequía, se han tomado medidas preventivas, incluyendo un seguimiento continuo de la situación energética del país. Sin embargo, la cartera de Energía señala que aún no ha recibido un plan concreto de los gremios sobre proyectos estratégicos para la generación de energía, lo que limita la colaboración en el sector.
El Gobierno subrayó que “los análisis concluyen que existe suficiencia para el abastecimiento de energía incluso en los escenarios de hidrología crítica”.
Sin embargo, los gremios prevén un déficit de energía firme a partir de 2027, lo que significa que el país no tendrá suficiente energía para satisfacer la demanda. Los gremios solicitan subastas de expansión para aumentar la capacidad de generación, sin restringir la participación de tecnologías.
En tiempos normales, 70 % de la energía proviene de fuentes hidráulicas. Sin embargo, en la actualidad, los embalses están solo a 51 % de su capacidad, debido a una disminución de 58 % en las lluvias. Esto podría resultar en un racionamiento si no se toman medidas urgentes.
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Por otro lado, hay retrasos en los proyectos de generación: en los últimos cinco años, no se han incorporado cerca de 4.000 megavatios que eran esperados en el sistema. Estos retrasos son críticos y afectan la capacidad del país para responder a la creciente demanda energética.
Por último, el Ministerio mencionó que en los últimos dos años se han tramitado 22 permisos ambientales, un avance significativo en comparación con los 21 permisos gestionados durante el gobierno anterior en un período de cuatro años.
Ambas partes coinciden en mejorar la articulación institucional para cumplir con los plazos establecidos, abrir más diálogos y, sobre todo, fomentar una campaña de ahorro energético, mientras se acelera la ejecución de proyectos de energía en construcción.
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El Ministerio de Minas y Energía le respondió a comité intergremial de la energía, que agrupa a Andesco, Alcogen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia, que está trabajando en “establecer planes y soluciones estructurales a los problemas heredados en el sector”, y apuntó que estos “superan las medidas propuestas por los gremios”, y por lo tanto, se han discutido y definido con ellos mismos.
“Instamos a los gremios a promover discusiones argumentadas, serenas y transparentes que nos permitan cerrar las brechas de las inequidades territoriales, disminuir la pobreza energética y avanzar en la Transición Energética Justa”, se le en el comunicado.
Ahora bien, en la respuesta anunció que se habilitó una línea de crédito de $2 billones a través de Findeter. Esta medida busca aliviar la deuda de empresas comercializadoras como Air-e y Grupo EPM, que han recibido alrededor de $600.000 millones en apoyo financiero.
Los gremios señalaron que la intervención a Air-e ha generado preocupaciones sobre la estabilidad financiera del sistema. La congelación de deudas previas y el atraso en pagos han creado incertidumbre, lo que puede resultar en cortes de energía si no se resuelve.
También se emitieron resoluciones para garantizar el pago de subsidios, beneficiando a los estratos 1, 2 y 3 con $2,91 billones en energía y $485.000 millones en gas. Mientras tanto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios inició un plan para mejorar la calidad del servicio de Air-e en regiones como Atlántico, Magdalena y Guajira.
De acuerdo con el sector de energía, el gobierno debe alrededor de $7 billones a las empresas de energía, incluyendo $2,5 billones en subsidios y $4 billones relacionados con opciones tarifarias. Esta deuda compromete la viabilidad económica de las empresas y pone en riesgo la prestación del servicio, lo que podría generar cortes de energía en regiones como Putumayo y Huila.
En respuesta, el Gobierno apuntó que, si bien la suspensión del cobro de la opción tarifaria ha proporcionado alivios en la región Caribe, las soluciones a largo plazo deben incluir cambios en el cálculo tarifario y el impulso de fuentes de energía renovable.
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Según el Ministerio, la cobertura de la demanda de gas es un tema prioritario para el gobierno. Señaló que cada día se produce 981 millones de pies cúbicos de gas, 9 % más de lo esperado. Para asegurar el suministro, se han implementado medidas como la flexibilización de las condiciones de compraventa de gas, un nuevo Plan de Abastecimiento de Gas Natural, el cual no se actualizaba desde 2019 y auditorías y nuevas tecnologías a obras de infraestructura.
Aún hay más problemas: se espera que a partir del 1° de diciembre de 2024, Colombia no cuente con suficiente gas local, con un déficit que podría alcanzar el 30% de la demanda nacional en 2026. Los gremios piden medidas urgentes, incluyendo la posibilidad de importar gas para asegurar el suministro a hogares e industrias.
En cuanto al abastecimiento eléctrico durante el próximo periodo de sequía, se han tomado medidas preventivas, incluyendo un seguimiento continuo de la situación energética del país. Sin embargo, la cartera de Energía señala que aún no ha recibido un plan concreto de los gremios sobre proyectos estratégicos para la generación de energía, lo que limita la colaboración en el sector.
El Gobierno subrayó que “los análisis concluyen que existe suficiencia para el abastecimiento de energía incluso en los escenarios de hidrología crítica”.
Sin embargo, los gremios prevén un déficit de energía firme a partir de 2027, lo que significa que el país no tendrá suficiente energía para satisfacer la demanda. Los gremios solicitan subastas de expansión para aumentar la capacidad de generación, sin restringir la participación de tecnologías.
En tiempos normales, 70 % de la energía proviene de fuentes hidráulicas. Sin embargo, en la actualidad, los embalses están solo a 51 % de su capacidad, debido a una disminución de 58 % en las lluvias. Esto podría resultar en un racionamiento si no se toman medidas urgentes.
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Por otro lado, hay retrasos en los proyectos de generación: en los últimos cinco años, no se han incorporado cerca de 4.000 megavatios que eran esperados en el sistema. Estos retrasos son críticos y afectan la capacidad del país para responder a la creciente demanda energética.
Por último, el Ministerio mencionó que en los últimos dos años se han tramitado 22 permisos ambientales, un avance significativo en comparación con los 21 permisos gestionados durante el gobierno anterior en un período de cuatro años.
Ambas partes coinciden en mejorar la articulación institucional para cumplir con los plazos establecidos, abrir más diálogos y, sobre todo, fomentar una campaña de ahorro energético, mientras se acelera la ejecución de proyectos de energía en construcción.
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