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Por primera vez, todos los gremios del sector de energía (Andesco, Acolgen, Andeg, Asocidis, Naturgas y Ser Colombia) realizaron una rueda de presa para advertir sobre los riesgos que persisten en el sistema y que, incluso, podrían afectar la prestación de los servicios de energía y gas. Las empresas, además, piden que el Gobierno tome medidas de manera urgente.
Estas fueron las alertas de los gremios.
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Pago de los subsidios y la opción tarifaria a las comercializadoras
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, aseguró que a los gremios les preocupan los mensajes que está mandando el Gobierno y cómo pueden afectar la inversión en el sector. El líder gremial dijo que el presidente Gustavo Petro sigue dando anuncios contradictorios, que no hay una institucionalidad fuerte (se refirió al presidente de la ANH, Orlando Velandia, que también tiene el cargo de encargado en la CREG) y que las comercializadoras están en aprietos por las deudas del Gobierno.
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A 30 de septiembre, el Gobierno le debe a las empresas de energía eléctrica y gas natural cerca de $2,5 billones por los subsidios que se le han entregado a los usuarios de estratos 1,2 y 3, a este monto se suma la opción tarifaria, $4 billones (el Ejecutivo también se comprometió a asumir parte de esa deuda).
De acuerdo con los gremios, además hay un déficit en la apropiación de recursos para subsidios correspondientes a 2025, cercano a $3 billones. “Como los comercializadores deben pagar a los otros agentes que conforman la cadena de prestación, lo anterior afecta estos pagos y, por tanto, representa un riesgo sistémico que podría manifestarse no solo en un apagón financiero sino también físico. Además, el no pago de los subsidios podría, por ejemplo, representar incrementos del 150 % en las facturas de los usuarios del estrato 1″, aseguraron los gremios.
José Camilo Manzur, de Asocodis, explicó que ninguna empresa puede ser viable con saldos por cobrar por $7 billones, el 60 % son deudas del Estado. “La comercialización de energía hoy no es viable”. El Gobierno publicó una medida que implica que a las empresas intervenidas (en este caso Air-e), así no paguen, no se les puede aplicar suspensión del suministro, Manzur asegura que esa decisión es peligrosa y puede desestabilizar a toda la cadena.
Manzur dijo que han pasado cinco meses desde que el Gobierno prometió que asumiría la deuda de la opción tarifaria,pero que hasta ahora ha sido solo un anuncio. En este punto, si las comercializadoras no pueden pagarles a los generadores, se pone en riesgo la prestación del servicio de energía.
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Intervención de Air-e
Los gremios advirtieron que la intervención de Air-e generó el congelamiento de deudas previas y el atraso en el pago de obligaciones que superan los $500.000 millones. Así mismo, las empresas advierten que se han tomado medidas que ponen en riesgo la prestación del servicio de energía, como la habilitación de la posibilidad de no pago de obligaciones del mercado hasta finales de año.
Sánchez afirmó que les preocupa cómo se está manejando la intervención, particularmente por los anuncios sobre la baja en las tarifas, vía la opción tarifaria: “la empresa tendrá un desequilibrio y, ¿cómo vamos a evitar los cortes programados en la Costa? Puede haber un costo económico y social sin precedentes y la solución puede ser peor que la enfermedad”.
Respecto a este tema, las solicitudes de los gremios son: asegurar que se honren los compromisos de pago de la empresa, incluyendo a los demás agentes de la cadena, a través del Fondo Empresarial de la Superservicios; evaluar, previo a su anuncio o emisión, los impactos de cada medida; atender la situación estructural de la Costa aplicando medidas ya planteadas como el pago de los subsidios, la opción tarifaria, la deuda oficial y recursos adicionales para mitigar el cobro de pérdidas a usuarios, entre otras.
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La situación de gas
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, dijo que es urgente que se atienda el déficit de gas natural para evitar interrupciones en la prestación del servicio: “No hay gas local en firme suficiente que nos garantice la prestación del servicio sin interrupciones a toda la demanda, ni en hogares ni en industria”.
Murgas explicó que al 1° de diciembre de 2024 debe haber una solución para evitar problemas en el suministro. De acuerdo con Naturgas, desde esa fecha los faltantes de gas son del 12 % de la demanda nacional (incluyendo a las plantas térmicas), a finales de 2025 y durante 2026 el déficit se incrementa al 30 %.
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Como ya es claro que se necesitan fuentes externas de gas, el primer paso, según Naturgas, es que el Gobierno firme un decreto, que elaboró el Ministerio de Minas y energía, para poder importar gas, que hasta ahora solo se importa para las plantas térmicas. “Si antes del 1 de diciembre no vamos a poder evitar cortes en el suministro en industriales, pero también en hogares”, dijo Murgas.
El gremio también pide otras medidas como priorizar y acelerar el desarrollo de proyectos de exploración y producción de gas local, en área continental y costa afuera, y la infraestructura de transporte requerida; adoptar la regulación necesaria para flexibilizar la compra y venta de gas y resolver solicitudes tarifarias para gasoductos de transporte y de distribución y para la actividad de comercialización a usuarios finales.
Los temas urgentes en materia de energía
Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, dijo que el punto crítico en el que se encuentra el sistema se ha advertido desde hace tres años.
Los problemas se ven en el corto y en el mediano plazo. A partir de 2027 habrá un déficit de energía en firme, lo que implicaría racionamientos en caso de ocurrencia de El Niño o mayores sequías, según estudios de la UPME y de la Universidad Nacional, para eso el sector pide nuevas subastas de expansión de energía sin limitar la participación de tecnologías y promover esquemas de contratación de largo plazo. -
En el corto plazo, Acolgen advierte que el nivel de los embalses debería estar en diciembre por encima del 60 % para atender la temporada seca que se avecina, pero en este momento está en el 51 %. De ahí que Gutiérrez dijo que hay temor de no lograr llenar los embalses al nivel que se necesita.
Los atrasos en los proyectos de energía, que implican que el margen entre oferta y demanda es más estrecho, más lluvias por debajo de lo estimado (no ha arrancado el fenómeno de La Niña), tienen en aprietos al sector.
Acolgen pide que se use técnicamente el estatuto de desabastecimiento que en 10 años no se había utilizado. La aplicación implica que el Gobierno interviene el mercado y decide cuánto se genera con cada tipo de tecnología: “El estatuto mal usado puede afectar financieramente a toda la cadena”.
El gremio de las generadoras de energía sostiene que debe arrancar en el menor tiempo posible una campaña de ahorro de energía: “hay que hacer un seguimiento del día a día porque estamos en una situación que no habíamos vivido en 30 años”.
Edwin Cruz, de Andeg, aseguró que la generación térmica se está “satanizando”, pese a que esta generación ofrece confiabilidad al sistema y ha mitigado los riesgos de desabastecimiento eléctrico. “Colombia no se apagó en el Niño de 2023-2024 gracias a la generación térmica”, explicó.
Bajo la situación actual, XM, el operador del mercado de energía, ha identificado la necesidad de incrementar la generación térmica a su máxima capacidad, para proporcionar alrededor de 110 GWh día (48 % de toda la demanda del país), para eso, según los gremios, se necesita hacer un seguimiento continuo a la operación de plantas térmicas y facilitar la logística de combustibles, incluyendo el gas natural para las plantas que lo requieren; no aplicar ninguna medida de intervención al precio de escasez del cargo por confiabilidad que impida el reconocimiento de los costos de la generación térmica.
Retrasos en los proyectos de generación de energía
Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables de Colombia, SER Colombia, solicitó que los proyectos de generación de energía entren en operación en la menor brevedad posible para poder atender el déficit que habrá desde 2027, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que hay 32 proyectos que deberían estar listos para iniciar construcción, pero que están atrasados por trámites pendientes. “Si se cumplieran los tiempos normativos, la entrada en operación de los proyectos tomaría la mitad del tiempo”.
Hernández también advirtió que los proyectos incluso están en problemas para lograr cierres financieros.
Los gremios advirtieron que se requiere la ejecución de proyectos de ingeniería de gran envergadura, que implican inversiones significativas. “Para energía eléctrica son cerca de $10 billones anuales, gran parte correspondiente a plantas de fuentes renovables no convencionales y las líneas de transmisión asociadas. Para gas natural se requerirán inversiones del orden de los $20 billones, considerando actividades de exploración, explotación, e instalación de gasoductos y estaciones”, afirmaron los gremios.
En la lista de solicitudes está garantizar la estabilidad normatividad y seguridad jurídica con reglas claras, mayor acompañamiento en territorio a quienes desarrollan estos proyectos estratégicos y vigilancia en el cumplimiento de los tiempos normativos y celeridad al desarrollo de los proyectos de energía eléctrica (plantas de generación y líneas y subestaciones de transmisión) y de gas natural (hallazgos de gas natural y gasoductos).
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