Gremios del Valle del Cauca piden celeridad en proyecto Mulaló-Loboguerrero
La región le solicita al Gobierno soluciones para el único proyecto de la Cuarta Generación de Concesiones (4G) que no ha sido viabilizado. Sin embargo, son pocas las opciones para llegar a un acuerdo en los próximos días.
Por medio de un comunicado, gremios, cámaras de comercio y el sector privado de la región ratificaron la importancia de iniciar las obras de construcción del proyecto Mulaló-Loboguerrero, “estratégico para la competitividad y desarrollo económico del sur occidente colombiano”.
En el documento, manifestaron que el Valle del Cauca lleva más de 15 años esperando esta vía. “Fue concebida por la necesidad de conectar a Buenaventura de forma eficiente y con menor impacto ambiental con el suroccidente colombiano al reducir la distancia en 50 kilómetros”.
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Aunque en noviembre de 2021 se logró culminar el proceso de licenciamiento ambiental, las obras no se han iniciado y los inconvenientes con el concesionario siguen.
Para el proyecto se estima una inversión de $1,6 billones que, afirman los gremios, servirán para avanzar en la reactivación económica, “por el empleo que se generaría y por la capacidad de arrastre de otros sectores de la economía”.
Los interesados que firman el comunicado aseguran que confían “en que se logre conciliar rápidamente un acuerdo entre el gobierno y el concesionario para salvaguardar el equilibrio en las relaciones contractuales, cubrir las variaciones que han presentado la canasta de insumos para la construcción y con esto poder dar inicio a la fase de constructiva”.
Pese a la importancia estratégica, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le dijo a este diario que el proyecto es el único de los 29 de la Cuarta Generación de Concesiones que todavía no está viabilizado.
Aunque la entidad asegura que ha trabajado con la Procuraduría y Contraloría para buscar alternativas, también reconoce que lo más probable es que no se logre un acuerdo en los próximos días. En ese caso, se tendrá que pagar una liquidación prevista en el contrato, cerca de $800.000 millones.
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Aunque en noviembre de 2021 se logró culminar el proceso de licenciamiento ambiental, las obras no se han iniciado y los inconvenientes con el concesionario siguen.
Para el proyecto se estima una inversión de $1,6 billones que, afirman los gremios, servirán para avanzar en la reactivación económica, “por el empleo que se generaría y por la capacidad de arrastre de otros sectores de la economía”.
Los interesados que firman el comunicado aseguran que confían “en que se logre conciliar rápidamente un acuerdo entre el gobierno y el concesionario para salvaguardar el equilibrio en las relaciones contractuales, cubrir las variaciones que han presentado la canasta de insumos para la construcción y con esto poder dar inicio a la fase de constructiva”.
Pese a la importancia estratégica, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le dijo a este diario que el proyecto es el único de los 29 de la Cuarta Generación de Concesiones que todavía no está viabilizado.
Aunque la entidad asegura que ha trabajado con la Procuraduría y Contraloría para buscar alternativas, también reconoce que lo más probable es que no se logre un acuerdo en los próximos días. En ese caso, se tendrá que pagar una liquidación prevista en el contrato, cerca de $800.000 millones.
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