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Mitigar los problemas del mercado laboral colombiano (como la informalidad, el desempleo y la brecha de género, entre otros) es un debate que se le debe al país desde hace décadas. En el gobierno de Gustavo Petro se debatirá en el Congreso mediante la Reforma Laboral, un articulado que busca (según sus autores) dignificar aún más el trabajo en Colombia.
Parte de lo que propone la reforma laboral, y que ha sido cuestionado por algunos sectores (especialmente empresarios, quienes señalan que su aplicación implicaría un considerable repunte en los costos de la formalidad), es volver a la jornada nocturna desde las seis de la tarde; el recargo del 100 % de trabajos que se hagan en domingos y festivos; aumento en las indemnizaciones; así como la vinculación a un contrato de trabajo a repartidores de aplicaciones de entrega, como Rappi y DiDi Food.
Desde su elaboración, la reforma no contó con el apoyo de gran parte del sector empresarial colombiano, de allí que haya pasado al Congreso sin haber logrado una concertación. En las últimas horas, y sin que haya comenzado el debate en el legislativo alrededor de esta propuesta, pareciera que los temores de los empresarios han encontrado un respaldo, pues el Banco de la República publicó un análisis en el que se alertan sobre los eventuales riesgos que implicaría si se aprueba esta reforma tal y como la presentó el Ministerio del Trabajo.
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En este informe especial se hace una cuantificación del posible impacto que tendría la reforma laboral que actualmente está en trámite en el Congreso sobre los costos laborales promedio del segmento asalariado. Los resultados sugieren un incremento permanente en el costo laboral promedio, producto de aumentos en los costos salariales y en las indemnizaciones.
Las cuentas del Grupo de Análisis del Mercado Laboral de la Subgerencia de Política Monetaria e Información Económica del Banco de la República (a quien corresponde la autoría de este estudio) indican que la sola implementación de la reforma aumentaría entre un 3,2 % y un 10,7 % el costo de las empresas que emplean formalmente, mientras que las indemnizaciones representarían un incremento de entre el 1,2 % y el 1,9 %.
Según el grupo de análisis, el impacto económico sería más fuerte en las ramas de actividades profesionales, de servicios de recreación y esparcimiento, en hotelería, turismo y comercio. Si se analiza por tamaño de empresa, las micro y pequeñas (que representan el grueso del tejido empresarial colombiano) tendrían una mayor carga.
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En suma, y esta ha sido la declaración más polémica del análisis, se estima que la reforma podría reducir el empleo formal en alrededor de 454.000 plazas laborales, lo que equivale a restarle 2,1 puntos porcentuales a la tasa de formalidad (escenario que podría presentarse en un lapso de entre tres y cuatro años).
“Por otro lado, el aumento planteado en los costos de despido podría tener efectos más grandes, pero a plazos mayores (alrededor de dos décadas). Sin embargo, estos últimos efectos son más difíciles de cuantificar por la menor disponibilidad de estimaciones de las elasticidades relevantes en la literatura. Estos resultados son compatibles con estudios basados en modelos de equilibrio general, que muestran que ambos aumentos en los costos laborales tienen implicaciones tanto sobre el empleo formal como sobre otros agregados macroeconómicos”, precisa el documento que presentó el grupo de análisis.
La negativa de Gustavo Petro
El presidente de la República sugiere que los negativos resultados del análisis obedecen a un sesgo en la metodología empleada por parte de los analistas. En su argumentación, Petro califica de “anacrónica” la teoría económica que indica que entre mayor sean los costos de contratación menor será la capacidad de generación de empleo de las empresas (tesis que es usada, año tras año, por los empresarios en el marco de las negociaciones de salario mínimo).
El presidente prefiere apegarse a otros postulados, como que el empleo depende del abaratamiento del crédito, la energía y la protección del comercio exterior en las producciones intensivas en empleo, como hacer que la tierra sea productiva (discurso que ha acompañado sus ocho meses de gobierno).
“Toda la política económica del gobierno gira alrededor de pensamientos teóricos económicos diferentes a la base teórica del artículo en mención. Si abaratando el salario se creara empleo, Colombia tendría pleno empleo pues es uno de los países de América con el más bajo salario mínimo de la región y Alemania tendría el mayor de los desempleos mundiales. Contrario a la falsa teoría del artículo, Colombia tiene de los peores salarios, de las jornadas laborales más largas, una bajísima productividad y una tasa real de desempleo salarial que llega al 60% de su población activa”, concluyó el presidente.
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Sobre el análisis, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, también salió al ruedo del debate. Dijo estar seguro de que la intención del gobierno no es aumentar el desempleo y la informalidad, de allí la importancia, asegura, de que se preste atención a las alertas que se vienen haciendo desde hace semanas, cuando se conoció el documento final de la reforma.
“Hagamos una reforma que aumente la Protección social de los trabajadores pero que no genere desempleo”, es la invitación que le hizo al mayor mandatario, a lo que Petro respondió: “La informalidad no está ligada al costo laboral del empleo en el sector formal sino a la falta de capacidades productivas de la sociedad. Si se mira en el mundo rural es la ausencia de tierra fértil para el productor pobre, si se mira en el urbano, la falta de crédito y saberes para la economía popular”.
También hay que decir que el propio análisis del Banco de la República reconoce que sus resultados sólo tuvieron en cuenta el aumento de los costos laborales promedio y su impacto en el empleo formal, por lo que se dejaron de lado otros factores que podrían tener efectos positivos, como el aumento en su estabilidad laboral y el mayor acceso a mecanismos de protección social.
“Un balance de los beneficios y costos de los cambios en la regulación debería tener en cuenta estas disyuntivas sobre los segmentos del mercado laboral impactados, e incluso considerar que los costos pueden ser heterogéneos, tanto por sectores como por tamaños de empresa, como se concluye de la cuantificación aquí ofrecida”, precisa el documento.
Lo cierto es que la informalidad es uno de los problemas más marcados en el mercado laboral colombiano, pues casi seis de cada diez trabajadores se encuentra en esta condición. Disminuirla, sin sacrificar la capacidad de las empresas de generar empleo (y, si se puede, favorecer su creación) es el inmenso reto que enfrentará la reforma laboral en el Congreso de la República.
Seguramente, según las conclusiones de la última Misión de Empleo, es que no se logre un cambio considerable en el corto plazo, y que incluso resolver los problemas más arraigados del mercado laboral colombiano necesite de otras reformas. Las apuestas deberían ir encaminadas a que esta reforma sea, cuanto menos, un buen comienzo.
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