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En una actuación especial de fiscalización para el sector vivienda y saneamiento básico al programa Bolsas Anteriores, desarrollado por Fonvivienda, la Contraloría General encontró que aún se encuentran 22.284 subsidios familiares de vivienda sin legalizar.
Dichos subsidios, por más de $325.000 millones, fueron asignados entre 2004 y el 2020. La mayoría de ellos completaron más de 19 años desde su asignación.
“Esta situación afecta a igual número de familias, integradas por más de 90.000 beneficiarios, cuya expectativa de acceder a la propiedad de una vivienda digna se posterga en el tiempo y se frustra, incumpliendo los fines sociales del Estado y sus responsabilidades frente a población vulnerable, sujeto de protección diferencial y víctimas del conflicto armado”, dijo la Contraloría General por medio de un comunicado.
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Así mismo, hay 42.888 registros de renuncias a los subsidios familiares de vivienda, de los cuales 4.889 asignaciones se encuentran en proceso de reintegro al Tesoro Nacional. También se registran 19.555 subsidios por más de $148 millones que se encuentran vencidos.
Los dos casos de mayor detrimento patrimonial
La Contraloría reportó en total 25 hallazgos administrativos en la evaluación de Bolsas Anteriores. De estos, siete tienen presunta incidencia fiscal por $4.434 millones, 18 con posible incidencia disciplinaria, uno que da pie a una indagación preliminar y dos para procesos administrativos sancionatorios.
El detrimento patrimonial de mayor cuantía, por $1.640 millones, tiene que ver con la Urbanización Enraizar III Etapa, en San Pablo (Bolívar), en donde no han sido construidas las 413 viviendas previstas, pese a que ya transcurrieron cinco años desde la legalización de los recursos destinados para las obras. “Hoy está paralizado, con apenas un 29 % de avance”, alertó la Contraloría.
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Le sigue un hallazgo fiscal por más de $939 millones relacionado con el proyecto Marina Esperanza, en Maicao (La Guajira), que tenía por objeto construir 300 soluciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) para población desplazada por la violencia. En diez años no se ha iniciado la construcción de 211 viviendas y 23 están paralizadas.
“Lo grave es que esas personas desplazadas han quedado atadas a un proyecto desfinanciado, que se encuentra en alerta roja (completa 6 años paralizado) y presenta recomendación de declaratoria de incumplimiento”, dijo el máximo órgano de control fiscal.
En el departamento de Córdoba también hay tres proyectos de vivienda de interés social con hallazgos fiscales que suman más de $846 millones y están situados en los municipios de Montelíbano, Tierralta y Puerto Libertador.
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La Contraloría determinó que la gestión de Fonvivienda en el programa Bolsas Anteriores presenta debilidades y señaló que no se cuenta con mecanismos de control para hacerles seguimiento a los proyectos.
En esa línea, le solicitó a la entidad crear un Plan de Mejoramiento que incluya acciones correctivas y preventivas dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados.