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Este lunes se conoció un informe preliminar de la Contraloría sobre Hidroituango que fue filtrado a la periodista Vicky Dávila en la W Radio. El documento alerta sobre un hallazgo fiscal de $4 billones: $1,1 billones corresponderían a lucro cesante (monto que la compañía dejó de recibir porque la presa no entró en operación en diciembre de 2018) y $2,9 billones por lo que el ente de control denomina “destrucción de valor”.
Sin embargo, la Contraloría aclaró que este documento es "una versión borrador" de la actuacion especial a Hidroituango, indicando que "este no es un documento oficial y por lo tanto no haremos ningún pronunciamiento sobre el tema". De hecho, indicó que la filtración es motivo de investigación.
Las cifras que revela el informe (versión borrador) son similares a las que Empresas Públicas de Medellín (EPM) ya había informado. En abril de 2019 el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, confirmó en una entrevista para este diario que los sobrecostos en Hidroituango son cercanos a los $3 billones. Además, aseguró que los recursos para saldar esa deuda provendrían de tres fuentes: la operación de caja de la empresa, fuentes de crédito y con la enajenación de activos.
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Además, hay posibilidades de que el sobrecosto lo cubra la aseguradora Mapfre. Una investigación de El Espectador del pasado 11 de mayo revela que con esta empresa se firmaron pólizas de “Todo Riesgo Construcción y Montaje” (que cubre hasta US$2.556 millones por daños materiales y US$628 millones por lucro cesante) y de “Responsabilidad Civil Extracontractual” (que cubre hasta $50.000 millones). La cobertura sería entonces de unos $10 billones. (Lee la investigación completa aquí)
El informe filtrado reitera que desde 2013 la Junta de Asesores “había indicado que los trabajos de la construcción de los túneles no avanzaban bien” y que en su momento “consideró que los riesgos técnicos asociados con la aceleración no eran aceptables para un proyecto de esta envergadura”. Las sugerencias de la junta no habrían sido tenidas en cuenta, y según el informe, hubo una serie de modificaciones contractuales.
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En febrero de este año, la Contraloría General comenzó un control excepcional (por vía de actuación especial) al proyecto Hidroituango para determinar las irregularidades que se pudieron dar el proceso. A lo largo del año, el ente evaluó las etapas de planeación, ejecución, contratación y construcción de la obra, sobrecostos e impacto luego de la contingencia que ocurrió en abril de 2018.
Un desprendimiento parcial de material llevó al taponamiento de uno de los túneles de desviación que llenaría el embalse de la hidroeléctrica con aguas del río Cauca. El incidente llevó a la inundación del cuarto de máquinas, la alteración del caudal del río Cauca y la evacuación de 25.000 personas que vivían en el área de influencia.