Hay 7 millones de hectáreas potenciales para las zidres

Después de casi cuatro años desde el inicio del debate, una ley, varias demandas por inconstitucionalidad, un decreto, una sentencia de la Corte y una oposición que persiste, las zidres, o zonas de interés de desarrollo, rural, económico y social, empiezan a tener rostro. El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) publicó los mapas con las áreas potenciales para conformarlas (ver mapa al final). (Lea: Así quedó la ley de Zidres).

Según el documento, en Colombia hay 7,2 millones de hectáreas (6,4 % del territorio continental del país) en donde podrán establecerse estas zonas, creadas para desarrollar, según el Gobierno, regiones con altos índices de pobreza y baja densidad de población, alejadas de centros urbanos y con tierras costosas de producir y poca infraestructura. De acuerdo con el mapa publicado, las áreas están principalmente en la Altillanura y los departamentos de Córdoba, Antioquia, Bolívar, Sucre y Magdalena. (Lea: Arranca el mapa de las zidres).

La cartografía es el resultado de analizar las limitaciones legales y productivas que no harían viable una zidres. Lo que viene ahora, por orden de la Corte Constitucional, es un proceso de concertación con los concejos municipales de los territorios potenciales, para empezar a delimitarlas. Esas discusiones deberán involucrar una caracterización de las condiciones del municipio, si es pertinente o no crear una zidres y un plan de trabajo para, finalmente, seleccionar los predios que harán parte de ellas. (Lea: Las zidres aún causan preocupación)

La delimitación deberá adoptarse en otro Conpes y la aprobación final se hará por decreto del Gobierno. Pero para que eso ocurra debe hacerse “un informe que contenga como mínimo un plan de desarrollo rural integral”, que contiene “la visión, objetivos, acciones, el plan de inversiones y los mecanismos de evaluación para el funcionamiento de una zidres”. Ese plan, “a su vez, deberá incluir (…) un plan de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural”, liderado por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, el brazo técnico en todo el proceso y autor de la cartografía recién publicada en el Conpes.

Entre las principales críticas a esta cartografía ha estado la escala que utiliza, de 1:100.000, relativamente general. Para Yamile Salinas, consultora e investigadora de temas de tierras en Colombia, esto es diciente de una falta de información. “Por ejemplo, en cuanto a los páramos (sobre los cuales hay restricción), todavía no los tenemos delimitados de verdad. El campo de visión que tuvieron para señalar cuáles son las zidres (potenciales) no tiene la información total que debería tener”, afirmó.

Salinas, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, étnicas y campesinas, parlamentarios, entre otros, ha sido una de las principales críticas de las zidres, desde que estaban en etapa de proyecto de ley. Una de las razones que persisten es que estas zonas son consideradas regresivas: “Es una ley que legaliza la acumulación de tierras tituladas antes de la Ley 160 de 1994”. Sin embargo, la mayoría de los magistrados de la Corte declaró exequibles los artículos en cuestión.

Para Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el asunto de la escala y el nivel de detalle se irá “decantando” en los procesos en los territorios. Para el dirigente gremial, en contraste, este Conpes es un avance. Ahora, cree que “lo importante es que el (actual) Gobierno logre dejar dos o tres zidres listas con todo el proceso” y que se den garantías de lo que denomina “seguridad jurídica” a través de la tan esperada ley de tierras. Ese proyecto, que modificaría aspectos de la Ley 160 de Reforma Agraria de 1994, se había anunciado para 2017. Sin embargo, no alcanzó a ser radicado. (Lea: Ley de Tierras: un reto para 2018).

Se trata de una iniciativa de articulado cuyo borrador levantó ampolla por figuras como la “regularización por confianza legítima”, que, en pocas palabras, según explicó el Ministerio en ese momento, sería para campesinos que, por ejemplo, desconocían las normas agrarias y, producto de su desarrollo económico, empezaron a ocupar más tierras de las que era permitido por la ley, es decir, una unidad agrícola familiar (UAF). Al respecto, Jhenifer Mojica, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), opinó: “Ninguna de las contrarreformas agrarias había sido así de agresiva. El efecto retroactivo es: perdonemos todo y olvidemos”.

El contenido final se conocería en marzo, luego de la consulta previa anunciada por el Gobierno. Pero, en definitiva, esa ley y las zidres, junto con las zomac (zonas más afectadas por el conflicto), el Fondo de Tierras y los PDET, entre otros, conforman un arsenal de figuras para el desarrollo rural y el posconflicto, cuya implementación aún genera dudas y discrepancias.

Después de casi cuatro años desde el inicio del debate, una ley, varias demandas por inconstitucionalidad, un decreto, una sentencia de la Corte y una oposición que persiste, las zidres, o zonas de interés de desarrollo, rural, económico y social, empiezan a tener rostro. El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) publicó los mapas con las áreas potenciales para conformarlas (ver mapa al final). (Lea: Así quedó la ley de Zidres).

Según el documento, en Colombia hay 7,2 millones de hectáreas (6,4 % del territorio continental del país) en donde podrán establecerse estas zonas, creadas para desarrollar, según el Gobierno, regiones con altos índices de pobreza y baja densidad de población, alejadas de centros urbanos y con tierras costosas de producir y poca infraestructura. De acuerdo con el mapa publicado, las áreas están principalmente en la Altillanura y los departamentos de Córdoba, Antioquia, Bolívar, Sucre y Magdalena. (Lea: Arranca el mapa de las zidres).

La cartografía es el resultado de analizar las limitaciones legales y productivas que no harían viable una zidres. Lo que viene ahora, por orden de la Corte Constitucional, es un proceso de concertación con los concejos municipales de los territorios potenciales, para empezar a delimitarlas. Esas discusiones deberán involucrar una caracterización de las condiciones del municipio, si es pertinente o no crear una zidres y un plan de trabajo para, finalmente, seleccionar los predios que harán parte de ellas. (Lea: Las zidres aún causan preocupación)

La delimitación deberá adoptarse en otro Conpes y la aprobación final se hará por decreto del Gobierno. Pero para que eso ocurra debe hacerse “un informe que contenga como mínimo un plan de desarrollo rural integral”, que contiene “la visión, objetivos, acciones, el plan de inversiones y los mecanismos de evaluación para el funcionamiento de una zidres”. Ese plan, “a su vez, deberá incluir (…) un plan de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural”, liderado por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, el brazo técnico en todo el proceso y autor de la cartografía recién publicada en el Conpes.

Entre las principales críticas a esta cartografía ha estado la escala que utiliza, de 1:100.000, relativamente general. Para Yamile Salinas, consultora e investigadora de temas de tierras en Colombia, esto es diciente de una falta de información. “Por ejemplo, en cuanto a los páramos (sobre los cuales hay restricción), todavía no los tenemos delimitados de verdad. El campo de visión que tuvieron para señalar cuáles son las zidres (potenciales) no tiene la información total que debería tener”, afirmó.

Salinas, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, étnicas y campesinas, parlamentarios, entre otros, ha sido una de las principales críticas de las zidres, desde que estaban en etapa de proyecto de ley. Una de las razones que persisten es que estas zonas son consideradas regresivas: “Es una ley que legaliza la acumulación de tierras tituladas antes de la Ley 160 de 1994”. Sin embargo, la mayoría de los magistrados de la Corte declaró exequibles los artículos en cuestión.

Para Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el asunto de la escala y el nivel de detalle se irá “decantando” en los procesos en los territorios. Para el dirigente gremial, en contraste, este Conpes es un avance. Ahora, cree que “lo importante es que el (actual) Gobierno logre dejar dos o tres zidres listas con todo el proceso” y que se den garantías de lo que denomina “seguridad jurídica” a través de la tan esperada ley de tierras. Ese proyecto, que modificaría aspectos de la Ley 160 de Reforma Agraria de 1994, se había anunciado para 2017. Sin embargo, no alcanzó a ser radicado. (Lea: Ley de Tierras: un reto para 2018).

Se trata de una iniciativa de articulado cuyo borrador levantó ampolla por figuras como la “regularización por confianza legítima”, que, en pocas palabras, según explicó el Ministerio en ese momento, sería para campesinos que, por ejemplo, desconocían las normas agrarias y, producto de su desarrollo económico, empezaron a ocupar más tierras de las que era permitido por la ley, es decir, una unidad agrícola familiar (UAF). Al respecto, Jhenifer Mojica, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), opinó: “Ninguna de las contrarreformas agrarias había sido así de agresiva. El efecto retroactivo es: perdonemos todo y olvidemos”.

El contenido final se conocería en marzo, luego de la consulta previa anunciada por el Gobierno. Pero, en definitiva, esa ley y las zidres, junto con las zomac (zonas más afectadas por el conflicto), el Fondo de Tierras y los PDET, entre otros, conforman un arsenal de figuras para el desarrollo rural y el posconflicto, cuya implementación aún genera dudas y discrepancias.