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Un movimiento protagonizado por personas que trabajan a través de aplicaciones como Rappi y Uber parece estar tomando fuerza en la región. Su lucha es contra lo que describen como condiciones que vulneran su actividad laboral. Las inconformidades han llevado a que en Argentina se esté evaluando la opción de consolidar un sindicato y a que en Colombia se lleven a cabo paros y manifestaciones. En suma, estrategias para que su voz pueda tener un impacto.
Pero tales hechos, que se han vuelto a registrar durante este mes, no son nuevos ni exclusivos de la región. El año pasado, en España, una juez falló en contra de Deliveroo, aplicación de comida a domicilio similar a Rappi, por considerar que uno de sus repartidores había sido despedido de manera injusta.
Al revisar el caso, se comprobó que las condiciones de trabajo del repartidor eran las de un empleado vinculado a la compañía y no freelance, como le prometieron al principio, es decir, tenía que seguir instrucciones de la empresa bajo unas pautas fijadas unilateralmente. Se evidenció una subordinación laboral.
Esto es lo que marca la diferencia entre tener un contrato que vincula a un empleado a una compañía y otro de tipo de prestación de servicios, en el que el trabajador asume, por ejemplo, su seguridad social. Pero la subordinación laboral también podría implicar un elemento que resultaría útil en este movimiento de trabajadores: formular pliegos de peticiones bajo el amparo de un sindicato.
Según Víctor Julio Díaz, director del área de derecho del trabajo y de la seguridad social de la Universidad del Norte, no es descabellado pensar que estas personas, así no tengan un contrato que las vincule directamente con la compañía, decidan consolidar un sindicato. “La libertad sindical es un derecho que garantizan los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pueden constituirse como tales y el Ministerio del Trabajo está obligado a inscribirlos en el Registro Sindical”, precisa.
Sin embargo, Díaz también asegura que si los trabajadores agrupados bajo un sindicato tienen un contrato de prestación de servicios, como el que tienen los rappitenderos y los socios conductores de Uber, no podrán presentar pliegos de peticiones con los cuales exigir mejoras de sus condiciones laborales, ya que oficialmente no tienen empleadores.
El experto dice además que si estos trabajadores consideran que existen prácticas de subordinación, pueden denunciar a la compañía ante un juez laboral, quien, examinando las pruebas presentadas por la empresa para demostrar que la relación laboral no es así, decidirá si existe o no dicha situación.
Por su parte, Rappi asegura que no existe una subordinación laboral entre la compañía y los rappitenderos. “Son emprendedores independientes que han encontrado en nuestra plataforma la posibilidad de tener oportunidades económicas e ingresos extras (...). Pueden conectarse a la aplicación y escoger los pedidos de acuerdo con sus necesidades y flexibilidad de tiempo”, dijo la startup colombiana a este diario.
Rappi argumenta además que los repartidores no cumplen un horario, no tienen exclusividad, es decir, pueden trabajar con otras compañías, ni están obligados a adquirir los productos que llevan la marca de la compañía.
No obstante, la defensa de la empresa no es compartida por el movimiento sindical que actualmente avanza en Argentina, que en un comunicado asegura que la compañía los controla si no toman los viajes que les son asignados, “castigándolos” con otorgarles menos pedidos e incluso llegando al nivel de bloquearlos. Sebastián Solano, uno de los rappitenderos agrupados bajo esta misión de lucha, opina algo similar.
“Ellos implementaron recientemente algo que se llama ‘tasa de aceptación’, un método para presionar y forzar a los trabajadores a tomar los pedidos que salgan. Si no lo hacen, este indicador baja, lo que se interpreta como un desinterés del repartidor por trabajar y, por ende, se le asignan menos pedidos”, explica Solano. “En términos laborales eso se llama mobbing, y es una forma de ejercer presión sin llegar a la violencia y sin generar agresión, pero para que trabajes a juro, como decimos en mi tierra”, añade el repartidor de origen venezolano.
Otra de las inconformidades que expresan los rappitenderos y que llevaron a que más de un centenar de repartidores formaran una mancha naranja al frente de la sede de Rappi en Bogotá, fue la modificación de las tarifas. La implementación fue sugerida por los rappitenderos, pero, al parecer, fue malinterpretada. La propuesta era que se reconociera el esfuerzo de su trabajo al variar la tarifa dependiendo de la distancia y la topografía recorrida. Es decir, no es lo mismo entregar un pedido a 500 metros que llevarlo a tres kilómetros y por una pendiente. Lo que querían los repartidores era que en el segundo caso se les pagara más sobre la base anterior, que era de $3.500. Pero, en cambio, comenzaron a recibir pedidos de $2.800.
“Algunos rappitenderos sabían cómo aprovecharse del sistema y tomar todos los pedidos más cortos, lo cual era injusto con la mayoría. Con el nuevo sistema los usuarios pagan lo justo por cada pedido y ellos reciben un pago según su esfuerzo”, asegura Rappi, y agrega que, como compañía, este cambio no los beneficia económicamente, ya que la empresa no gana dinero por el cobro del domicilio. El 100 % del servicio y las propinas, afirma, se las lleva el repartidor. Rappi genera ingresos cobrando comisiones directamente a los comercios.
Finalmente, Rappi deja claro que los repartidores que utilizan su plataforma tienen cobertura de administradora de riesgos laborales como independientes y una póliza de seguros de responsabilidad frente a terceros y de accidentes personales.
Una lucha que quiere construir más que destruir
En su entrevista con El Espectador, Roger Rojas, secretario del sindicato que busca consolidarse en Argentina, y Sebastián Solano dejaron claro que su intención con el movimiento que adelantan no es destruir las empresas de las que actualmente obtienen un sustento, sino que se les tenga en cuenta para construir juntos las compañías del futuro. “Somos pro trabajo del futuro, no en contra. Queremos que se haga entre todos, que crezca este tipo de trabajo. Nos encanta y queremos a estas empresas”, afirmó Rojas.
“No queremos que Rappi se acabe, queremos que nos tomen en cuenta”, dijo Solano.
Por su parte, la startup colombiana asegura que todas las mejoras e innovaciones realizadas en su plataforma vienen de haber escuchado a sus clientes y repartidores. Además afirma que tiene establecidos canales de comunicación, como la casa del rappitendero y la aplicación Soy Rappi.
El viceministro de Relaciones Laborales, Carlos Alberto Baena, explicó que se reunió este jueves con los directivos de Rappi, incluyendo al CEO de la empresa, Simón Borrero. El funcionario indicó que por ahora no definirán el tipo de vinculación, sino que “las labores se concentrarán en buscar mecanismos para formalizar a los rappitenderos: darles salud, pensión, ARL, etc. Vamos a tener varias reuniones para poder tener un resultado concreto en este sentido. Y vamos a empezar a trabajar en lo mismo con otras empresas que también se mueven en el terreno de la economía colaborativa (Uber es una de ellas)”. Esto implicaría que la batalla para las mejores condiciones en estos oficios estaría dando frutos.