Hidroituango: buscan evitar que sanción a contratistas frene operación de turbinas
El proyecto hidroeléctrico Ituango tenía un costo inicial de $10,1 billones, pero con las contingencias, la obra ha requerido desembolsos por $18,3 billones. La generación plena de Hidroituango podría provocar rebaja tarifaria de hasta 10%.
Para evitar un nuevo tropiezo del proyecto hidroeléctrico Ituango, EPM anunció que se encuentra negociando una prórroga del contrato de las obras civiles para evitar que se detenga la entrada en operación de las dos primeras unidades, que son las que tienen obligaciones de energía en firme.
El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, señaló que una vez se logre desatar esa prórroga “va a coincidir con lo que hemos llamado el plan B que es la posibilidad de contratar a un nuevo grupo de contratistas para que puedan terminar las unidades tres a ocho”.
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Recientemente, la empresa antioqueña informó que, “actualmente avanza en las conversaciones con los contratistas de las obras civiles principales del proyecto Hidroeléctrico Ituango, en relación con el contrato que vence el próximo 31 de diciembre de 2021 y, de esta forma, asegurar la continuidad del proyecto y la entrada en operación de las dos primeras unidades de generación de energía durante el segundo semestre de 2022″.
La prórroga de los contratos de las obras civiles permitirá incrementar el ritmo de ejecución que tiene el proyecto para que las dos primeras unidades comiencen a generar en los últimos seis meses del próximo año.
De acuerdo con Carrillo, actualmente no hay fallo en firme de la Contraloría General relacionado con sanciones a contratistas , por lo tanto, no hay inhabilidades para contratar ni para ejecutar el contrato. El fallo de la entidad de control de las finanzas públicas está relacionado con un efecto de inhabilidades sobrevinientes sobre el grupo actual de contratistas que ejecutan las obras civiles.
El gerente de la empresa paisa considera que “tenemos la habilitación para dar prórroga al contrato (de las obras civiles) hasta un punto y toca monitorear la siguiente decisión (de la Contraloría) y sobre eso hemos preparado un plan de contingencia que es, si se confirma el fallo y no hay posibilidades de ceder los contratos, es que tengamos un contratista que pueda asumir la terminación del proyecto”.
De contexto: Las obras que quedarían en vilo si se confirma el fallo de Hidroituango
En este sentido, EPM considera que la licitación para escoger a los nuevos contratistas se haría antes de que termine 2021. Han mostrado interés en participar en esta convocatoria 46 empresas entre ellas algunas de China, Estados Unidos, mexicanas y algunas colombianas.
Con la entrada en generación de las dos primeras unidades que aportarían al sistema 600 megavatios de capacidad, podría generar un ahorro considerable en las tarifas de los consumidores. Pero cuando estén en plena generación las ocho turbinas, “los colombianos pueden esperar beneficios (rebaja tarifaria) de entre el 5% y el 10% en sus facturas”, explicó Jorge Andrés Carrillo.
Reiteró que desde el momento en que se retrasó el proyecto por la contingencia se perdió una oportunidad para que las tarifas (eléctricas) bajarán desde el año 2019″.
El proyecto hidroeléctrico Ituango tenía un costo inicial de $10,1 billones, pero con todas las contingencias presentadas la obra ha demando recursos por un poco más de $18,3 billones. La totalidad de recursos los ha asumido EPM, “todos queremos que Hidroituango esté al día, que entre en operación, pero quien ha asumido la pérdida de corresponsabilidad es EPM y por eso el compromiso de sacarlo a tiempo es mayor”, sostuvo el gerente de la empresa paisa.
“Con cierre a octubre pasado, las obras del proyecto Hidroeléctrico Ituango se encontraban en el 85,8% de ejecución. EPM trabaja con todos sus recursos para poner en operación las dos primeras unidades de generación de energía, de las ocho que tendrá la Hidroeléctrica, en el segundo semestre de 2022. La empresa reitera su compromiso con el país, su desarrollo y el bienestar de los colombianos”, sostiene la empresa en un comunicado.
En cuanto a la posibilidad de que la Superintendencia de Servicios Públicos tome la decisión de intervenir, como lo han sugerido algunos actores políticos y varios miembros de una pasada junta, el gerente de EPM considera que esa situación está muy lejos de concretarse. “El tema de intervención creo que es un tema político”, dijo Carrillo.
Para evitar un nuevo tropiezo del proyecto hidroeléctrico Ituango, EPM anunció que se encuentra negociando una prórroga del contrato de las obras civiles para evitar que se detenga la entrada en operación de las dos primeras unidades, que son las que tienen obligaciones de energía en firme.
El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, señaló que una vez se logre desatar esa prórroga “va a coincidir con lo que hemos llamado el plan B que es la posibilidad de contratar a un nuevo grupo de contratistas para que puedan terminar las unidades tres a ocho”.
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Recientemente, la empresa antioqueña informó que, “actualmente avanza en las conversaciones con los contratistas de las obras civiles principales del proyecto Hidroeléctrico Ituango, en relación con el contrato que vence el próximo 31 de diciembre de 2021 y, de esta forma, asegurar la continuidad del proyecto y la entrada en operación de las dos primeras unidades de generación de energía durante el segundo semestre de 2022″.
La prórroga de los contratos de las obras civiles permitirá incrementar el ritmo de ejecución que tiene el proyecto para que las dos primeras unidades comiencen a generar en los últimos seis meses del próximo año.
De acuerdo con Carrillo, actualmente no hay fallo en firme de la Contraloría General relacionado con sanciones a contratistas , por lo tanto, no hay inhabilidades para contratar ni para ejecutar el contrato. El fallo de la entidad de control de las finanzas públicas está relacionado con un efecto de inhabilidades sobrevinientes sobre el grupo actual de contratistas que ejecutan las obras civiles.
El gerente de la empresa paisa considera que “tenemos la habilitación para dar prórroga al contrato (de las obras civiles) hasta un punto y toca monitorear la siguiente decisión (de la Contraloría) y sobre eso hemos preparado un plan de contingencia que es, si se confirma el fallo y no hay posibilidades de ceder los contratos, es que tengamos un contratista que pueda asumir la terminación del proyecto”.
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En este sentido, EPM considera que la licitación para escoger a los nuevos contratistas se haría antes de que termine 2021. Han mostrado interés en participar en esta convocatoria 46 empresas entre ellas algunas de China, Estados Unidos, mexicanas y algunas colombianas.
Con la entrada en generación de las dos primeras unidades que aportarían al sistema 600 megavatios de capacidad, podría generar un ahorro considerable en las tarifas de los consumidores. Pero cuando estén en plena generación las ocho turbinas, “los colombianos pueden esperar beneficios (rebaja tarifaria) de entre el 5% y el 10% en sus facturas”, explicó Jorge Andrés Carrillo.
Reiteró que desde el momento en que se retrasó el proyecto por la contingencia se perdió una oportunidad para que las tarifas (eléctricas) bajarán desde el año 2019″.
El proyecto hidroeléctrico Ituango tenía un costo inicial de $10,1 billones, pero con todas las contingencias presentadas la obra ha demando recursos por un poco más de $18,3 billones. La totalidad de recursos los ha asumido EPM, “todos queremos que Hidroituango esté al día, que entre en operación, pero quien ha asumido la pérdida de corresponsabilidad es EPM y por eso el compromiso de sacarlo a tiempo es mayor”, sostuvo el gerente de la empresa paisa.
“Con cierre a octubre pasado, las obras del proyecto Hidroeléctrico Ituango se encontraban en el 85,8% de ejecución. EPM trabaja con todos sus recursos para poner en operación las dos primeras unidades de generación de energía, de las ocho que tendrá la Hidroeléctrica, en el segundo semestre de 2022. La empresa reitera su compromiso con el país, su desarrollo y el bienestar de los colombianos”, sostiene la empresa en un comunicado.
En cuanto a la posibilidad de que la Superintendencia de Servicios Públicos tome la decisión de intervenir, como lo han sugerido algunos actores políticos y varios miembros de una pasada junta, el gerente de EPM considera que esa situación está muy lejos de concretarse. “El tema de intervención creo que es un tema político”, dijo Carrillo.