Este viernes la Contraloría General de la República dejó en firme, en segunda instancia, el fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones por los retrasos del proyecto hidroeléctrico, Hidroituango, el cual debió iniciar operaciones en noviembre de 2018.
Hay que recordar que este fallo inicialmente fue proferido en septiembre del presente año en contra de 26 funcionarios y contratistas, por el daño que su gestión ha generado en el patrimonio del Estado, así como el lucro cesante (estimado en más de $1,1 billones) generado a partir de los retrasos en el inicio de la operación.
La ratificación del fallo de la Contraloría llega 11 meses después de que la entidad imputara cargos por el caso Hidroituango, que en su momento cobijó a 28 personas naturales y jurídicas. En el fallo de primera instancia, y en la ratificación de segunda, se eximió de responsabilidad fiscal a Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, y Jorge Mario Pérez.
Esto quiere decir que, entre los hallados como fiscalmente responsables, se encuentran figuras como Sergio Fajardo (exgobernador de Antioquia 2012-2016), Alonso Salazar (exalcalde de Medellín, 2008-2011) y Luis Alfredo Ramos (exgobernador de Antioquia (2008-2011).
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También hay que tener en cuenta que esta noticia se da un día después de que EPM y el consorcio CCC firmaran un preacuerdo que evitaría que las obras se frenen después del 31 de diciembre del presente año (que es la fecha en la que vence el contrato entre ambas partes). De obtener luz verde por parte de las juntas directivas de las empresas constructoras, se daría una prórroga de ocho meses, además de un plazo de tres meses para adelantar el empalme con los eventuales nuevos constructores.
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Sin embargo, con la más reciente declaratoria de la Contraloría, es incierto qué pueda pasar con este preacuerdo, pues el fallo afecta directamente a estas empresas.
Contraloría acaba de confirmar sanción contra contratistas de Hidroituango quienes deberán pagar 4,2 billones de pesos a EPM. Garantizaremos la continuidad de la obra y su entrada en operación el próximo año.
— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 26, 2021
Adicionalmente, se revocó la decisión inicial de desvincular del proceso a la aseguradora Mapfre Seguros Generales de Colombia y, por consiguiente, la declaró como tercero civilmente responsable, por lo que se hace efectiva la póliza todo riesgo de construcción. Lo mismo ocurre con Seguros Generales Suramericana S.A, con lo que se hace efectiva la póliza de responsabilidad civil para directivos y administradores.
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“Para la Contraloría, las acciones u omisiones de los vinculados a este proceso y finalmente declarados responsables fiscales fueron tan determinantes que, a través de una sucesión de hechos concatenados, conllevaron a que se materializaran los riesgos que terminaron generando un daño al patrimonio del Estado, consistente en la destrucción del valor presente neto del proyecto Hidroituango en cuantía de $3,1 billones, como consecuencia de las mayores inversiones injustificadas que se hicieron, resultado de haber tomado decisiones improvisadas omitiendo el principio de planeación, y comprometiendo los recursos del erario sin tener en cuenta el deber que les asistía de mantener indemne el patrimonio público”, detalló la Contraloría.
En suma, teniendo en cuenta la afectación que ha generado las dilaciones en la entrega del proyecto al patrimonio del Estado, sumado al lucro cesante del proyecto, es que la Contraloría determina que el total del daño causado suma más de $4,3 billones.
La investigación de la Contraloría
La investigación de la Contraloría nació en 2019, cuando comenzó a investigar cómo el proyecto hidroeléctrico había llegado a la contingencia de 2018, momento en el que el caudal del río Cauca amenazó la integridad física de la presa (que no había sido totalmente concluida en ese momento) después de que la Galería Auxiliar de Desviación se taponara.
Debido a este taponamiento, EPM (responsable máximo del proyecto) debió permitir el paso del agua por la casa de máquinas (prácticamente destruyendo esta estructura, vital para el funcionamiento de la central eléctrica). Esta decisión terminó por sellar el destino del proyecto, que debía empezar a producir energía en noviembre de 2018 (la contingencia fue en abril de ese año).
La decisión actual de la Contraloría cobija a Fajardo, Ramos y Salazar, pues la tesis central de la entidad de control es que una serie de desacuerdos, omisiones y malas decisiones condujeron todo el proyecto hacia el taponamiento del 28 de abril de 2018, la contingencia que alteró la vida de miles de pobladores río abajo (en municipios como Puerto Valdivia) y las pérdidas económicas (bajo figuras como lucro cesante) por la energía que no se ha producido, pero que estaba contratada bajo las proyecciones de la entrada en funcionamiento de la central.
Además del lucro cesante, la responsabilidad fiscal se establece, según el ente de control, por las mayores inversiones que ha tocado efectuar en el proyecto (y que datan desde antes de la contingencia de 2018). La entidad asegura que, a junio de 2019, éstas excedían en 114.94 % “el valor inicialmente planeado”, que en 2011 fue estimado en US$3.409 millones.
De acuerdo con la investigación de la entidad (como se lee en la imputación de los hallados fiscalmente responsables), “la Contingencia no obedeció exclusivamente a una causa externa, sino que la misma fue producto de defectos constructivos, problemas en el seguimiento y control de las obras, como consecuencia de la ejecución acelerada de las obras para intentar cumplir a toda costa con una fecha de entrada de generación de energía”.
¿En qué está el proyecto?
En julio de este año, el presidente Iván Duque aseguró que la primera unidad de generación de energía de Hidroituango entrará en funcionamiento en junio de 2022 y la segunda en noviembre de ese mismo año. Las seis unidades restantes deben entrar en operación entre 2023 y 2025, según EPM. Hoy, el proyecto cuenta con un avance de obra de más de 84 %.
Se estima que Hidroituango llegue a generar 17 % de la electricidad que demanda el país. Con la entrada en generación de las dos primeras unidades que aportarían al sistema 600 megavatios de capacidad se podría generar un ahorro considerable en las tarifas de los consumidores, según analistas del sector. Pero cuando estén en plena generación las ocho turbinas, “los colombianos pueden esperar beneficios (rebaja tarifaria) de entre el 5 % y el 10 % en sus facturas”, explicó esta semana Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM.
Esta es la lista de las 26 empresas y personas naturales implicadas en el fallo: