EPM y el Consorcio CCC Ituango llegaron a un preacuerdo para prorrogar el contrato de construcción de Hidroituango por ocho meses, según reveló primero Blu Radio y confirmó EPM. El documento establece, además, un plazo de tres meses de empalme con eventuales nuevos constructores, que llegarían al proyecto en caso de que el fallo por responsabilidad fiscal de la Contraloría quede en firme en segunda instancia.
El contrato actual entre EPM y el consorcio CCC vence el próximo 31 de diciembre de 2021 y el objetivo del preacuerdo es darle continuidad al proyecto para que empiecen a operar las dos primeras unidades de generación de energía durante el segundo semestre de 2022, como está previsto hasta el momento. Los ocho meses de la prórroga serían para terminar la estructura de concreto de la primera y segunda turbina.
Le puede interesar: Hidroituango: buscan evitar que sanción a contratistas frene operación de turbinas
Sobre la prórroga, EPM dijo: “Luego de múltiples reuniones, la Empresa logró en la noche del pasado miércoles 24 de noviembre un preacuerdo integral con los representantes del consorcio CCCI, encargados de las obras principales en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango”.
La empresa agregó que “tanto EPM como el consorcio CCCI adelantan gestiones internas adicionales que son necesarias antes de suscribir el acuerdo logrado a la mayor brevedad”.
Vale la pena recordar que EPM anunció este miércoles que se encontraba negociando una prórroga del contrato de las obras civiles para evitar que se detenga la entrada en operación de las dos primeras unidades, que son las que tienen obligaciones de energía en firme.
El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, señaló que una vez se logre esa prórroga “va a coincidir con lo que hemos llamado el plan B que es la posibilidad de contratar a un nuevo grupo de contratistas para que puedan terminar las unidades tres a ocho”.
Las conversaciones sobre prórrogas al contrato con el actual consorcio y la necesidad de encontrar un nuevo constructor arrancaron luego de que en septiembre la Contraloría profirió un fallo de responsabilidad fiscal por lo ocurrido durante la contingencia de 2018. Ésta retrasó el mayor proyecto hidroeléctrico en Colombia y tuvo en vilo al país durante semanas por cuenta de una posible tragedia (que no sucedió, por fortuna) de proporciones nunca antes vistas en Colombia. La responsabilidad fiscal fallada por la Contraloría asciende a más de $4,3 billones.
Lea también: Hidroituango: Admiten tutela que pide frenar en seco la sanción de la Contraloría
CCC Ituango, el consorcio constructor del proyecto, ha sido foco de tensión debido a que entra dentro de la decisión de primera instancia de la Contraloría. Por ello, EPM ha reconocido que hay una gran incertidumbre por el fallo de segunda instancia del ente de control: si se confirma la responsabilidad fiscal, CCC Ituango quedaría inhabilitado para seguir con las obras.
A las tensiones entre CCC Ituango y EPM se sumó la del pasado 13 de octubre cuando se conoció que dos empresas de CCC Ituango, Conconcreto y Coninsa Ramón H, se acogieron a la figura de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades. Esa situación volvió a avivar los temores por el futuro del proyecto que aportará, eventualmente, el 17 % de la energía eléctrica de Colombia.
Sin embargo, el gerente Carrillo aseguró que actualmente no hay fallo en firme de la Contraloría General relacionado con sanciones a contratistas. Por lo tanto, no hay inhabilidades para contratar ni para ejecutar el contrato.
El gerente también mencionó que “tenemos la habilitación para dar prórroga al contrato (de las obras civiles) hasta un punto y toca monitorear la siguiente decisión (de la Contraloría) y sobre eso hemos preparado un plan de contingencia que es, si se confirma el fallo y no hay posibilidades de ceder los contratos, es que tengamos un contratista que pueda asumir la terminación del proyecto”.
Por el momento, EPM considera que la eventual licitación para escoger a los nuevos contratistas se haría antes de que termine 2021. Han mostrado interés en participar en esta convocatoria 46 empresas, entre ellas algunas de China, Estados Unidos, mexicanas y algunas colombianas.
El proyecto hidroeléctrico Ituango tenía un costo inicial de $10,1 billones, pero con todas las contingencias presentadas la obra ha demando recursos por un poco más de $18,3 billones.
Lea también: Superservicios multa a EPM con $1.817 millones por retraso en Hidroituango
Con la entrada en generación de las dos primeras unidades que aportarían al sistema 600 megavatios de capacidad se podría generar un ahorro considerable en las tarifas de los consumidores. Pero cuando estén en plena generación las ocho turbinas, “los colombianos pueden esperar beneficios (rebaja tarifaria) de entre el 5 % y el 10 % en sus facturas”, explicó Jorge Andrés Carrillo.
El preacuerdo debe ser revisado por cada una de las juntas directivas de las empresas constructoras y, de recibir luz verde, quedaría en firme la próxima semana, según Blu Radio.
Superservicios multó a EPM con $1.817 millones por retraso en Hidroituango
Este jueves, EPM también informó que la Superintendencia de Servicios Públicos le impuso una sanción de $1.817 millones por no comenzar la operación del proyecto Hidroituango el 1 de diciembre de 2018, fecha presupuestada antes de la emergencia. EPM anunció que interpondrá los recursos pertinentes frente a la sanción.
El pasado 4 de noviembre la Superservicios emitió un informe en el que alertaba sobre una serie de hallazgos sobre la calidad de la prestación de servicios públicos de EPM y la imagen confiable de la organización, especialmente tras los constantes cambios en su gobierno corporativo. Además, expresó su preocupación sobre Hidroituango.
“El cronograma de entrada en operación de las dos primeras unidades de generación de esta hidroeléctrica, proyectada por EPM para julio y octubre de 2022, tiene un margen muy estrecho para el manejo de posibles imprevistos o crisis que se puedan presentar. De ocurrir alguna eventualidad, se pondría en riesgo el cumplimiento de obligaciones de energía firme a cargo de EPM y su sostenibilidad financiera”, dijo en su momento la superintendente de servicios públicos, Natasha Avendaño.