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El 28 de abril de 2018 un taponamiento del sistema de desviación del proyecto hidroeléctrico Ituango (Hidroituango) captaba la atención del personal de Empresas Públicas de Medellín (EPM), sus contratistas y las comunidades de la zona aledaña a la obra, ubicada en el norte de Antioquia. En cuestión de dos semanas, este hecho, que parecía controlable, derivó en el embalse súbito del río, la desaparición del puente que comunicaba la vía terrestre con el municipio de Ituango y la inundación de la casa de máquinas del proyecto, que ya llevaba casi 90 % de avance y que estaría listo para empezar a generar en noviembre del mismo año.
Un destaponamiento el 12 de mayo hizo crecer las aguas en Puerto Valdivia, lo que dejó sin vivienda a decenas de familias y afectó otras infraestructuras del corregimiento. La incertidumbre y la fuerza del río, que buscaba por dónde salir, obligaron en los días siguientes a la evacuación de 25.000 personas aguas abajo, con Valdivia como epicentro del temor por un desastre sin precedentes en el país. Mientras las personas buscaban alimentos y refugio, en albergues que se fueron montando con el pasar de las horas, EPM apuraba el paso para que el muro de la presa alcanzara la altura del vertedero, lo que permitiría evacuar el agua por donde era debido.
La relativa normalidad tardaría meses en asomarse; de hecho, aún hay al menos cien familias que no han podido retornar, mientras que EPM y sus contratistas avanzan en las obras para poder cumplir su compromiso de entregar energía al país en 2022. Con corte a abril, EPM asegura que el proyecto tiene el 81,5 % de avance. En estos tres años, lograron terminar la presa y el vertedero, y, más recientemente, empezaron a ingresar los equipos a la casa de máquinas. Se espera que gradualmente, hasta 2025, entren en funcionamiento las ocho unidades para que Hidroituango pueda hacer realidad su promesa de atender el 17 % de la demanda de energía en Colombia.
“Con el fin de garantizar el suministro de energía eléctrica, el Ministerio de Minas y Energía revisa periódicamente el balance energético del país con la CREG, la UPME y el operador del sistema, XM. El balance actual nos da total tranquilidad de que tenemos energía suficiente para cubrir la demanda hasta el año 2024 bajo distintos escenarios, incluyendo atrasos adicionales que impliquen la no entrada del proyecto Hidroituango en el período de análisis [que va hasta 2027]”, aseguró Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.
Un estudio que contrató EPM con la firma Skava determinó que la erosión en el piso del túnel auxiliar de desviación fue la causa raíz más probable del colapso, condición que no habría sido tratada por deficiencias en el diseño. Con base en este informe y otros documentos, EPM decidió demandar por $9,9 billones —la más alta hecha por una entidad pública en la historia de Colombia— a diseñadores, constructores, interventores y aseguradores del proyecto, propiedad de EPM, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y la Gobernación del departamento. La etapa de conciliación terminó y ahora el proceso está a la espera de ser admitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el entonces gerente de EPM, Álvaro Rendón, anunciaron la billonaria demanda en agosto pasado. Los días y semanas siguientes se llenaron de discordia, acusaciones y críticas desde todos los frentes. La junta directiva de la compañía renunció masivamente, pues consideraron que no se estaban respetando las buenas prácticas corporativas, en referencia a la falta de discusión de asuntos como la presentación de la demanda y un proyecto de acuerdo en el Concejo de Medellín. Entre otras razones, Rendón defendió la acción legal en su momento diciendo que, de lo contrario, se habrían vencido los términos y se habría puesto en riesgo el patrimonio público.
Días después, Quintero aseguró que la administración anterior había ocultado un informe sobre lo que había pasado en Hidroituango, hecho por la firma Advanta. El mandatario puso eso en conocimiento de la Fiscalía, mientras seguía afirmando que se había gestado un plan para desestabilizar a EPM.
En diciembre de 2020, la Contraloría General de la República profirió 28 imputaciones a personas y contratistas por su presunta responsabilidad en la contingencia de 2018. Según el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, “las fallas en la hidroeléctrica son el resultado de una cadena de errores desde la planeación, el diseño y la ejecución”. La no puesta en operación del proyecto y un daño fiscal cercano a los $3 billones están entre las consecuencias que estimó el ente de control. Diez de los imputados recusaron a la contralora delegada para el caso.
El proceso en la Contraloría avanza; de hecho, en los últimos días se supo que embargó doce bienes inmuebles y trece cuentas bancarias del contratista diseñador Integral. El Espectador consultó a la firma Integral, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. El nuevo gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, explicó en rueda de prensa la semana pasada que en los próximos días podrían informar, con más profundidad, sobre los escenarios y acciones que se desprenderían de este hecho. Por su parte, el consorcio constructor, CCC Ituango, con el que se amplió el contrato en diciembre pasado hasta diciembre de este año, manifestó que su apoyo a la finalización del proyecto continúa.
Carrillo, por cierto, se posesionó el 14 de abril, después de haber renunciado a la junta directiva para asumir su nueva responsabilidad. Por estar ocupando una silla en el órgano directivo, su designación había sido criticada, luego de que, además, el economista Alejandro Calderón Chatet diera un paso al costado y no aceptara el cargo tras la polémica por sus títulos académicos. La interinidad llevaba desde febrero, cuando la junta directiva aceptó la renuncia de Álvaro Rendón, quien afirmó públicamente que la autonomía de la empresa se estaba viendo amenazada, entre otras cosas, por la intromisión de la secretaria privada del alcalde, Camila Villamizar.
Quintero, por otro lado, ha señalado al Grupo Empresarial Antioqueño de querer entrometerse en el gobierno de EPM, afirmaciones que los presidentes de Nutresa y Argos han rechazado. Organizaciones como la Cámara de Comercio de Medellín también han criticado el proceder del alcalde y han pedido que se respete la institucionalidad. Frente a los mercados internacionales, en agosto de 2020, Fitch Ratings bajó la calificación de EPM, en medio del revuelo por la demanda contra los contratistas. En abril de este año, la agencia mantuvo observación negativa sobre las calificaciones de emisor de largo plazo y de las emisiones locales de EPM.
EPM y los contratistas avanzan con las obras y están a la espera del informe que haga la firma Pöyry, que será presentado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que en 2018 ordenó la suspensión de las actividades de construcción que no sean necesarias para superar la emergencia, así como la entrada en operación. Según las directivas de EPM, la única forma de garantizar la estabilidad del proyecto es terminarlo y ponerlo a funcionar para lo que fue diseñado. Del informe dependerá si la ANLA da luz verde y, en consecuencia, si Hidroituango enciende sus turbinas.