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El lunes 6 de septiembre la Contraloría General de la República dio a conocer el fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones, a título de culpa grave, contra 26 funcionarios y contratistas del proyecto hidroeléctrico Ituango.
El fallo se dio, según la Contraloría, “como consecuencia del daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango, que a junio de 2019 excedían en un 114,94 % el valor inicialmente planeado, y por el lucro cesante causado”, además de la no entrada en operación de la central hidroeléctrica en la fecha que estaba prevista (noviembre de 2018).
La investigación se remonta a 2019, cuando el órgano de control empezó a investigar cómo el proyecto hidroeléctrico había llegado a la contingencia de 2018, cuando el caudal del río Cauca amenazó la integridad física de la presa (que no estaba terminada en ese momento) después de que el sistema de desviación del río colapsara.
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Entre los responsables fiscales se encuentran Sergio Fajardo (gobernador de Antioquia 2012-2016), Alonso Salazar (alcalde de Medellín 2008-2011) y Luis Alfredo Ramos, gobernador de Antioquia 2008-2011). También personas jurídicas, como las empresas del consorcio constructor CCC Ituango: Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H.
Ahora bien, desde la publicación del fallo, los implicados tenían cinco días hábiles para presentar los recursos. Varios investigados solicitaron ampliar el plazo que consideraban muy corto para la reposición y apelación del fallo en primera instancia. Sin embargo, según publicó BLU Radio, la Contraloría rechazó la petición.
El órgano de control dijo que los plazos se mantienen como lo describe la ley 610 de 2000, artículo 56. En otras palabras, los implicados contaban sólo con los cinco días hábiles que se terminan justo este lunes 13 de septiembre.
El Espectador conoció que todos ya presentaron sus recursos, excepto uno. De acuerdo con BLU Radio, la persona que hace falta es Sergio Fajardo, quien solicitó que se ampliara el tiempo por medio de una tutela.
El exgobernador aseguró que actuó con trasparencia y que tiene cómo demostrar jurídicamente que no incurrió en ningún tipo de irregularidad. El precandidato presidencial atraviesa por aguas cenagosas en plena campaña electoral con acusación formal de la Fiscalía (por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda) e imputación de la Contraloría.
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Según la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, “quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente”. La norma dice que esa inhabilidad solo cesará “cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales”. Es decir, si se confirmara el fallo, Fajardo estaría impedido para ser presidente.
Ahora la Contraloría deberá decidir si los 26 funcionarios y contratistas de Hidroituango son responsables fiscalmente por uno de los mayores fiascos en la historia de la ingeniería nacional.