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Los diputados aprobaron por unanimidad el proyecto que financia la creación de una pensión universal propuesta por el presidente Sebastián Piñera, enviándolo al Senado. Si bien el plan original del Gobierno eliminaba o reducía las exenciones tributarias, los legisladores de la oposición agregaron un impuesto a la riqueza de 1,5 % para personas con capital entre US$5 y US$22 millones, y de 2,5 % para quienes superen ese rango.
El proyecto de ley podría abrir otra disputa entre el Congreso y Piñera, al tiempo que el presidente se apresura a avanzar en la legislación antes de que finalice su mandato. Por su parte, legisladores y economistas han dicho que el plan del Gobierno para cubrir los costos de mejores pensiones se quedará corto. Aún así, la administración dijo que impugnará el proyecto de ley ante el Tribunal Constitucional, argumentando que las materias impositivas son prerrogativas del jefe de Estado.
La propuesta establece una pensión mensual garantizada de 185.000 pesos chilenos (US$222), que beneficiará a los habitantes de 65 años en adelante que no pertenezcan al 10 % más rico de la población. El costo alcanzará el 0,95 % del producto interno bruto entre 2028 y 2034 antes de promediar el 0,92 % en la década de 2040, según el Ministerio de Hacienda.
Piñera y el Congreso se enfrentaron anteriormente por proyectos de ley que permitían retiros anticipados de pensiones de los fondos de administración privada, conocidos como AFP.
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Un rasgo particular del escenario político chileno es la incertidumbre sobre su sistema de pensiones, que se ha descapitalizado por cuenta del COVID-19. Desde septiembre de 2020, el Congreso aprobó tres retiros de hasta un 10 % de los fondos de pensiones por un total de aproximadamente US$49.000 millones, cerca de un cuarto de los fondos administrados por las AFP. Con casi 11 millones de afiliados a estas administradoras, la mitad de ellos quedó con sus cuentas en cero tras ejecutar los retiros de sus fondos.
Vale la pena recordar que las pensiones privadas son para algunos uno de los aspectos más venerados del sistema financiero de Chile y un modelo para los países de todo el mundo. Por ejemplo, en el Índice Global de Pensiones, que analiza el estado de los sistemas pensionales de 43 países bajo los aspectos de adecuación, sostenibilidad e integridad, ese país obtuvo el puesto más alto entre las naciones de Latinoamérica, con un puntaje de 67,0. Por ley, todo trabajador chileno debe aportar una parte de su salario a una cuenta individual.
Sin embargo, miles de chilenos, después de no lograr ahorrar lo suficiente, han denunciado que las pensiones que reciben los dejan por debajo de la línea de pobreza. De hecho, una reforma total del sistema AFP fue una de las principales demandas de los manifestantes durante el estallido social de 2019.
Las pensiones que reciben afiliados al régimen de capitalización individual pueden llegar a ser incluso de US$20, pues las personas que cotizaron al menos un mes en Chile de todas formas reciben ese ahorro en forma de pensión, sin requisitos de semanas cotizadas, como en Colombia.
Ahora bien, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, tiene opiniones fuertes respecto a qué debe pasar con el sistema de pensiones. Aunque su propuesta se ha suavizado en los últimos meses, en el pasado afirmó que su meta es eliminar a las AFP. Lo único cierto, por ahora, es que uno de los retos (y de las promesas) es lograr un equilibrio en el sistema pensional de ese país.