Incertidumbre y menor inversión extranjera: las preocupaciones del sector minero
La inversión extranjera directa en minería y petróleo bajó 28 % y el sector tienen varias inquietudes frente al Decreto 044, según la Asociación Nacional de Minería (ANM).
El sector minero-energético no está pasando por un buen momento económico. La inversión, producción y exportaciones no han hecho más que caer durante 2024.
Hasta agosto de 2024, la inversión extranjera directa en petróleo y carbón disminuyó 28 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
Esto también ha afectado la producción minera ha hecho que sea el sector con la mayor caída en el crecimiento económico en el primer semestre de 2024, con el -6,7 %. Y las exportaciones han bajado también, pues pasaron de US$11.960 millones en 2023 a US$10.641 millones este año. Así luce el desagregado de las ventas externas:
- Carbón cae en el 11 %.
- Ferroníquel baja el 1 %.
- Esmeraldas caen en 0,1 %.
- El oro sube el 2 %.
- El cobre aumenta 0,1 %.
Nariño asegura que lo que más influye en este mal momento del sector es la alta incertidumbre que hay a nivel nacional frente a las regulaciones y reglas de juego. Esto va unido a los temores que les genera el Decreto 044.
Los reparos mineros al decreto
En síntesis, estas son las preocupaciones de la ACM respecto al Decreto 044 que busca crear las reservas naturales temporales:
- El Ministerio de Ambiente dijo que la próxima definición de una zona de reserva temporal en Santurbán. Les preocupa porque a la fecha no ha culminado el proceso de participación y concertación que procede según la Corte Constitucional que operan en doble vía. “Esto anuncia la materialización de todos los riesgos que hemos reiterado por la expedición del Decreto 044″, dice la Asociación.
- Fija poderes amplios al Ministerio de Ambiente para reservar áreas excluidas de la minería en todo el territorio nacional, “sin contar con estudios técnicos, sociales ni ambientales rigurosos”.
- El sector minero queda en una alta incertidumbre y sujeto una parálisis por 5, 10, 20 o incluso muchos años más.
- Con esta norma ningún proyecto minero podrá recibir permisos para desarrollar actividades en las áreas de reserva temporal que se definan. Esto afecta a los nuevos proyectos e incluso a los que se encuentran en ejecución.
- Vulnera la participación ambiental al declarar reservas temporales sin participación ciudadana, sin los estudios y la cartografía que ordena el Código de Minas y el Consejo de Estado.
- Desconoce la autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), pues las deja por fuera de la toma de decisiones sobre esta materia.
- No cumple los principios de coordinación, colaboración, concurrencia y subsidiariedad con las autoridades locales, los cuales deben observarse al momento de tomar decisiones en materia minero – ambiental.
¿Qué dice el decreto?
El decreto permite a la cartera de ambiente establecer reservas ambientales temporales para desarrollar un ordenamiento minero-ambiental.
Según indica el Gobierno Nacional, con esta resolución inicia un reordenamiento de las competencias de las entidades, y por el momento, el Ministerio de Ambiente realizará estudios de las zonas en donde se declararían estas zonas temporales.
Estos son los criterios para declarar este tipo de zonas en el país:
- Presencia de ecosistemas de importancia ambiental o valores de conservación y prestación de servicios ecosistémicos, considerando los instrumentos de ordenamiento ambiental del territorio u otras herramientas definidas por autoridades ambientales, así corno estudios o información técnica de las entidades del SIRIA y demás entidades públicas.
- Presencia de áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales o que soportan la disponibilidad de agua para la seguridad alimentaria, con fundamento en el inventario realizado por las autoridades ambientales.
- Procesos de degradación que requieran acciones de restauración en sus diferentes enfoques, en procura de favorecer la integridad ecológica y mantener o recuperar los servicios ecosistémicos.
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El sector minero-energético no está pasando por un buen momento económico. La inversión, producción y exportaciones no han hecho más que caer durante 2024.
Hasta agosto de 2024, la inversión extranjera directa en petróleo y carbón disminuyó 28 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
Esto también ha afectado la producción minera ha hecho que sea el sector con la mayor caída en el crecimiento económico en el primer semestre de 2024, con el -6,7 %. Y las exportaciones han bajado también, pues pasaron de US$11.960 millones en 2023 a US$10.641 millones este año. Así luce el desagregado de las ventas externas:
- Carbón cae en el 11 %.
- Ferroníquel baja el 1 %.
- Esmeraldas caen en 0,1 %.
- El oro sube el 2 %.
- El cobre aumenta 0,1 %.
Nariño asegura que lo que más influye en este mal momento del sector es la alta incertidumbre que hay a nivel nacional frente a las regulaciones y reglas de juego. Esto va unido a los temores que les genera el Decreto 044.
Los reparos mineros al decreto
En síntesis, estas son las preocupaciones de la ACM respecto al Decreto 044 que busca crear las reservas naturales temporales:
- El Ministerio de Ambiente dijo que la próxima definición de una zona de reserva temporal en Santurbán. Les preocupa porque a la fecha no ha culminado el proceso de participación y concertación que procede según la Corte Constitucional que operan en doble vía. “Esto anuncia la materialización de todos los riesgos que hemos reiterado por la expedición del Decreto 044″, dice la Asociación.
- Fija poderes amplios al Ministerio de Ambiente para reservar áreas excluidas de la minería en todo el territorio nacional, “sin contar con estudios técnicos, sociales ni ambientales rigurosos”.
- El sector minero queda en una alta incertidumbre y sujeto una parálisis por 5, 10, 20 o incluso muchos años más.
- Con esta norma ningún proyecto minero podrá recibir permisos para desarrollar actividades en las áreas de reserva temporal que se definan. Esto afecta a los nuevos proyectos e incluso a los que se encuentran en ejecución.
- Vulnera la participación ambiental al declarar reservas temporales sin participación ciudadana, sin los estudios y la cartografía que ordena el Código de Minas y el Consejo de Estado.
- Desconoce la autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), pues las deja por fuera de la toma de decisiones sobre esta materia.
- No cumple los principios de coordinación, colaboración, concurrencia y subsidiariedad con las autoridades locales, los cuales deben observarse al momento de tomar decisiones en materia minero – ambiental.
¿Qué dice el decreto?
El decreto permite a la cartera de ambiente establecer reservas ambientales temporales para desarrollar un ordenamiento minero-ambiental.
Según indica el Gobierno Nacional, con esta resolución inicia un reordenamiento de las competencias de las entidades, y por el momento, el Ministerio de Ambiente realizará estudios de las zonas en donde se declararían estas zonas temporales.
Estos son los criterios para declarar este tipo de zonas en el país:
- Presencia de ecosistemas de importancia ambiental o valores de conservación y prestación de servicios ecosistémicos, considerando los instrumentos de ordenamiento ambiental del territorio u otras herramientas definidas por autoridades ambientales, así corno estudios o información técnica de las entidades del SIRIA y demás entidades públicas.
- Presencia de áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales o que soportan la disponibilidad de agua para la seguridad alimentaria, con fundamento en el inventario realizado por las autoridades ambientales.
- Procesos de degradación que requieran acciones de restauración en sus diferentes enfoques, en procura de favorecer la integridad ecológica y mantener o recuperar los servicios ecosistémicos.
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