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La inflación en Venezuela se aceleró en enero a 191,6 %, afectada por la profundización de la crisis política en las últimas semanas, con lo cual el índice anualizado llegó a 2.688.670 %, según un informe de este jueves del Parlamento de mayoría opositora.
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La inflación mensual aumentó casi 50 puntos con respecto al último trimestre del año pasado, aceleración atribuida en parte a una devaluación de 194 % de la moneda local, el bolívar, en el mercado negro, dijo a la prensa Ángel Alvarado, diputado de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.
Los precios aumentan diariamente 3,5 %, en una senda que según el FMI llevará la inflación a 10.000.000 % en 2019.
La crisis política venezolana se intensificó desde que el 23 de enero, cuando el líder parlamentario Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino, reconocido desde entonces por unos 40 países.
Previamente el Congreso había declarado a Nicolás Maduro "usurpador" de la presidencia tras asumir el 10 de enero un segundo mandato, alegando que fue reelecto en comicios "fraudulentos". Pero Maduro, que ha dicho que completará su mandato hasta 2025, mantiene el apoyo de los militares.
"Cuando se rompe la institucionalidad como vimos el 10 de enero, esa usurpación genera una gran perturbación en el sistema político y eso evidentemente tiene un impacto en las variables económicas", afirmó Alvarado.
En enero, los precios de los alimentos y bebidas se incrementaron en 266,2 %; los de alquiler de viviendas, 202 %; y los del transporte, 451 %, según los cálculos parlamentarios.
Maduro lanzó en agosto pasado un programa de reformas frente a la aguda crisis y se comprometió a poner fin a la emisión de dinero sin respaldo, principal combustible de la inflación de acuerdo con analistas.
Se eliminaron cinco ceros al bolívar y se aumentó en 3.400 % el salario mínimo, reajustado nuevamente en 150 % en noviembre y 300 % en enero; pero un trabajador necesita más de 27 sueldos básicos para cubrir la canasta alimentaria, dijo Alvarado.
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El Banco Central dejó de publicar índices macroeconómicos en febrero de 2016 y el Parlamento, cuyas decisiones son consideradas nulas por el Tribunal Supremo de Justicia tras declararlo en desacato, empezó a hacer la estimación por su cuenta en 2017.