Instalan mesa de conciliación para la emergencia de Hidroituango

Este viernes la Procuraduría General de la Nación instaló la mesa de conciliación para resolver las disputas legales en torno a la emergencia de Hidroituango. Las conversaciones se reanudarán el próximo 21 de diciembre. El organismo se creó tras la demanda por $9,9 billones que interpuso EPM en agosto pasado contra los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto.

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Es decir, se trata de una etapa preprocesal que busca llegar a acuerdos entre los involucrados (parciales o totales) que podrían evitar entrar en una disputa legal en tribunales, o hacerla menos tortuosa. Y la Procuraduría servirá como un tercero imparcial para promover el diálogo.

Este viernes las partes revelaron un documento de acercamiento en el que muestran su interés de agotar la instancia de la mesa de conciliación:

“A la fecha las partes han tenido conversaciones para buscar consensos y acuerdos en los siguientes puntos: primero, la prioridad de todas las partes es la terminación del proyecto alcanzando el hito de generar con dos turbinas para noviembre de 2022, y así cumplir con obligaciones contractuales que EPM tiene con la CREG y despejar incertidumbres sobre las estabilidad del sistema eléctrico nacional; segundo, EPM y los contratistas preservan los altos estándares de calidad y seguridad del proyecto; tercero, EPM con el apoyo de los contratistas continuará dando información para que la aseguradora pueda cuantificar el monto exacto del perjuicio causado por la contingencia para agilizar los desembolsos de la póliza con Mapfre; cuarto, las partes confían en el buen suceso de la conciliación y harán los mayores esfuerzos para conseguir el resarcimiento en primer lugar, a través de la compañía de seguros”, dice el documento de las partes.

La demanda que interpuso EPM en agosto de 2020 fue contra: el Consorcio Generación Ituango, constituido por las sociedades Integral Ingeniería de Consulta SA y Geotécnicas solingral SA; Consorcio CCC Ituango, constituido por Constructora Camargo Correa SA, Conconcreto SA y Coninsa Ramón H SA; Consorcio Ingetech Sedic, compuesto por las sociedades Ingetech SA y Sedic SA; Y Seguros Generales Suramericana y Chubb seguros.

La demanda generó una fuerte polémica, pues ocho miembros de la entonces junta directiva renunciaron en agosto criticando que la medida no fue consultada con ellos, sino que se enteraron por medio de la rueda de prensa que realizó el alcalde de Medellín Daniel Quintero.

La semana pasada la Contraloría General de la República profirió 28 imputaciones a personas (entre ellos dos exalcaldes de Medellín y dos exgobernadores de Antioquia) y contratistas por su presunta responsabilidad en la contingencia de 2018. Dentro de la investigación se encontró un daño patrimonial de $2,9 billones y un lucro cesante por $1,1 billlones como consecuencia del taponamiento de uno de los túneles de desviación que originó la emergencia en Hidroituango.

Este viernes la Procuraduría General de la Nación instaló la mesa de conciliación para resolver las disputas legales en torno a la emergencia de Hidroituango. Las conversaciones se reanudarán el próximo 21 de diciembre. El organismo se creó tras la demanda por $9,9 billones que interpuso EPM en agosto pasado contra los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto.

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Es decir, se trata de una etapa preprocesal que busca llegar a acuerdos entre los involucrados (parciales o totales) que podrían evitar entrar en una disputa legal en tribunales, o hacerla menos tortuosa. Y la Procuraduría servirá como un tercero imparcial para promover el diálogo.

Este viernes las partes revelaron un documento de acercamiento en el que muestran su interés de agotar la instancia de la mesa de conciliación:

“A la fecha las partes han tenido conversaciones para buscar consensos y acuerdos en los siguientes puntos: primero, la prioridad de todas las partes es la terminación del proyecto alcanzando el hito de generar con dos turbinas para noviembre de 2022, y así cumplir con obligaciones contractuales que EPM tiene con la CREG y despejar incertidumbres sobre las estabilidad del sistema eléctrico nacional; segundo, EPM y los contratistas preservan los altos estándares de calidad y seguridad del proyecto; tercero, EPM con el apoyo de los contratistas continuará dando información para que la aseguradora pueda cuantificar el monto exacto del perjuicio causado por la contingencia para agilizar los desembolsos de la póliza con Mapfre; cuarto, las partes confían en el buen suceso de la conciliación y harán los mayores esfuerzos para conseguir el resarcimiento en primer lugar, a través de la compañía de seguros”, dice el documento de las partes.

La demanda que interpuso EPM en agosto de 2020 fue contra: el Consorcio Generación Ituango, constituido por las sociedades Integral Ingeniería de Consulta SA y Geotécnicas solingral SA; Consorcio CCC Ituango, constituido por Constructora Camargo Correa SA, Conconcreto SA y Coninsa Ramón H SA; Consorcio Ingetech Sedic, compuesto por las sociedades Ingetech SA y Sedic SA; Y Seguros Generales Suramericana y Chubb seguros.

La demanda generó una fuerte polémica, pues ocho miembros de la entonces junta directiva renunciaron en agosto criticando que la medida no fue consultada con ellos, sino que se enteraron por medio de la rueda de prensa que realizó el alcalde de Medellín Daniel Quintero.

La semana pasada la Contraloría General de la República profirió 28 imputaciones a personas (entre ellos dos exalcaldes de Medellín y dos exgobernadores de Antioquia) y contratistas por su presunta responsabilidad en la contingencia de 2018. Dentro de la investigación se encontró un daño patrimonial de $2,9 billones y un lucro cesante por $1,1 billlones como consecuencia del taponamiento de uno de los túneles de desviación que originó la emergencia en Hidroituango.