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Fitch Ratings se pronunció ante la decisión del presidente Gustavo Petro de asumir el control de la regulación de los servicios públicos en el país. Esto a raíz del borrador del decreto publicado el pasado 2 de febrero de 2023.
Para la calificadora, “apunta a intensificar la intervención política para contener el aumento de las tarifas eléctricas en Colombia”. El presidente podría asumir temporalmente las funciones de regulación de todas las empresas de servicios públicos, incluido el marco tarifario.
“Las propuestas regulatorias diseñadas para frenar la inflación en los mercados energéticos podrían debilitar la rentabilidad de las empresas de servicios públicos al evitar aumentos de precios para compensar los crecientes costos de producción”, aseguró Fitch.
Para la calificadora, la falta de un marco regulatorio independiente con un proceso de fijación de tarifas que siga consideraciones técnicas para remunerar las inversiones de capital, los gastos y un rendimiento justo del capital podría socavar la confianza de los inversionistas y comprometer la expansión necesaria del sistema y la calidad del servicio.
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Los pronósticos energéticos de Fitch
Fitch espera que la demanda de electricidad de Colombia crezca en 1.500 gigavatios hora (GWh), un aumento del 2 %, aproximado. Esto implica que se necesitan 1 GW de capacidad adicional anualmente para satisfacer el crecimiento de la demanda sin ejercer una presión adicional sobre los precios de la energía.
Lo anterior “requeriría generación de fuentes renovables no convencionales con factores de capacidad que oscilan entre el 20 % y el 25 %. Durante 2022 entraron en operación comercial 25 proyectos con una capacidad efectiva neta de 995MW, de los cuales 580MW correspondieron a las dos primeras unidades del proyecto Ituango a fines del año pasado”, añadió la entidad.
La alerta de la calificadora es que esta situación afecte las inversiones en los proyectos de distribución y transmisión requeridos, lo que podría hacer tambalear la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico y aumentar las tarifas por el riesgo de mayores pérdidas.
Estas presiones podrían exacerbarse bajo un evento climático de El Niño, donde las actuales centrales eléctricas a gas de mayor costo marginal tendrían que ser despachadas.
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“La independencia del regulador de Colombia de las intervenciones del gobierno ha sido un factor clave que ha respaldado los sólidos perfiles crediticios de las empresas de servicios públicos calificadas. La sólida estructura regulatoria de Colombia ha sido generalmente positiva para los perfiles crediticios de los emisores calificados, equilibrando el interés de los usuarios finales con los retornos de las empresas de servicios públicos, a pesar del retraso ocasional en el ciclo de revisión de tarifas”, afirmó Fitch.
Y añadió que el marco regulatorio ha respaldado flujos de efectivo estables y predecibles para los participantes del mercado, lo que ha mejorado el acceso al capital, lo que ha permitido aumentar la cobertura y mejorar la calidad del servicio.
Aunque la mayoría de empresas de servicios públicos tienen perfiles crediticios sólidos, un cambio estructural en el entorno regulatorio, debido a la interferencia política, sigue siendo una preocupación para las empresas que brindan el servicio eléctrico e, indirectamente, para las de distribución de gas natural y agua, finaliza la aseguradora.
Estos sectores comprenden aproximadamente el 55 % de la cartera de empresas no financieras calificadas por Fitch en Colombia.
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