Invías adjudicó el contrato para la administración de peajes por 10 años

Este jueves 21 de octubre se realizó la audiencia pública de adjudicación en el que se resolvieron las últimas observaciones, se conoció la calificación definitiva y se abrieron los sobres económicos. Tras definir la TMR se evaluaron las ofertas económicas y se dio a conocer el ganador: la Unión Temporal Peajes Nacionales, conformada por las empresas Kapsch Trafficcom Transportation Colombia SAS, Autopistas del Sol SAS, Internacional de Electrónicos SAS, Solution SAS y KMA Construcciones SAS. El porcentaje de remuneración será de 16,875 % sobre el recaudo de tráfico percibido.

Diez empresas con tres propuestas habían quedado habilitadas técnica, jurídica y financieramente para la operación y administración de estaciones de peaje y pesaje, tal como lo publicó el Invías en la plataforma Secop II tras responder a las observaciones hechas en el informe de evaluación preliminar. Además del ganador, estaba participando la Unión Temporal Vipsa 2021, conformada por Regency Services de Colombia, Quipux SAS, Thomas Instruments SA y Servicio de Ingeniería Tránsito y Tecnología; y G4S Secure Solutions Colombia SA.

Los 35 peajes que hacen parte de la licitación están ubicados en los departamentos de Antioquia (4), Boyacá (4), Cauca (3), Caldas (1), Cesar (7), Córdoba (1), Cundinamarca (2), La Guajira (1), Nariño (1), Santander (7), Norte de Santander (1), Quindío (1), Tolima (1) y Risaralda (1). Por su parte, las 13 estaciones de pesaje que hacen parte de la licitación están en Antioquia (1), Boyacá (1), Nariño (2), Norte de Santander (2), Risaralda (2), Santander (3) y Valle del Cauca (2).

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También se contempla la señalización vertical de aproximación a las estaciones de peaje y pesaje, y la señalización horizontal de las vías que son parte de las zonas de recaudo y las zonas de operación de pesaje. Asimismo, se prevé la emisión, instalación y lectura de tarjetas de identificación electrónica, la transmisión de imágenes desde las estaciones de peaje hasta el Centro de Control de Operaciones (CCO) en Bogotá y el mantenimiento de los equipos necesarios para la buena operación de las estaciones, entre otras cosas.

Es valido recordar que este proceso estuvo marcado por una serie de denuncias. Se abrió el 26 de julio, día en el que se publicó el proyecto de pliegos, e inicialmente cerraría el 17 de septiembre, pero los plazos se ampliaron.

Para el 20 de septiembre el Invías llevó a cabo una audiencia pública presencial para despejar las dudas de los interesados y responder a las inquietudes de medios de comunicación y ciudadanos, tras denuncias de presuntas irregularidades que sugerían que se estaba manipulando la licitación para favorecer a Thomas Instruments, empresa miembro del grupo Thomas Greg & Sons.

El Invías afirmó que no había ninguna irregularidad e informó ese mismo 20 de septiembre que ampliaba el plazo hasta el 4 de octubre para que las 84 empresas que habían manifestado su interés en la concesión pudieran presentar sus propuestas.

Sin embargo, el proceso se suspendió el 22 de septiembre por cinco días hábiles para responder a las inquietudes de la Procuraduría General de la Nación que estaban relacionadas con el momento de publicación de algunos documentos en el Secop y con la metodología utilizada en el estudio del sector.

Pese a las respuestas del Invías, el 5 de octubre la Procuraduría General de la Nación instó, nuevamente, “a dar respuestas claras y de fondo a la totalidad de las inquietudes y observaciones presentadas” en el proceso de licitación pública, pues consideró que las observaciones formuladas no se respondieron con la suficiente justificación, ni se aclararon la totalidad de las inquietudes.

Los cuestionamientos formulados a Juan Esteban Gil Chavarría y Guillermo Toro Acuña, directores general y técnico del Invías, respectivamente, se centraban en los criterios de adecuación y proporcionalidad de los requisitos para el proceso de selección, con el análisis de la oferta y los riesgos del futuro contrato.

De hecho, en la etapa de prepliegos se recibieron más de 1.000 observaciones y —como recordó la Procuraduría— dentro del plazo de la licitación se expidieron cinco “adendas que modificaban aspectos esenciales como el índice de endeudamiento y la experiencia a pocos días del cierre del proceso de selección”.

El siguiente paso es la adjudicación del contrato de interventoría el próximo 11 de noviembre, para esto hay un presupuesto oficial de $75.400 millones.

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Este jueves 21 de octubre se realizó la audiencia pública de adjudicación en el que se resolvieron las últimas observaciones, se conoció la calificación definitiva y se abrieron los sobres económicos. Tras definir la TMR se evaluaron las ofertas económicas y se dio a conocer el ganador: la Unión Temporal Peajes Nacionales, conformada por las empresas Kapsch Trafficcom Transportation Colombia SAS, Autopistas del Sol SAS, Internacional de Electrónicos SAS, Solution SAS y KMA Construcciones SAS. El porcentaje de remuneración será de 16,875 % sobre el recaudo de tráfico percibido.

Diez empresas con tres propuestas habían quedado habilitadas técnica, jurídica y financieramente para la operación y administración de estaciones de peaje y pesaje, tal como lo publicó el Invías en la plataforma Secop II tras responder a las observaciones hechas en el informe de evaluación preliminar. Además del ganador, estaba participando la Unión Temporal Vipsa 2021, conformada por Regency Services de Colombia, Quipux SAS, Thomas Instruments SA y Servicio de Ingeniería Tránsito y Tecnología; y G4S Secure Solutions Colombia SA.

Los 35 peajes que hacen parte de la licitación están ubicados en los departamentos de Antioquia (4), Boyacá (4), Cauca (3), Caldas (1), Cesar (7), Córdoba (1), Cundinamarca (2), La Guajira (1), Nariño (1), Santander (7), Norte de Santander (1), Quindío (1), Tolima (1) y Risaralda (1). Por su parte, las 13 estaciones de pesaje que hacen parte de la licitación están en Antioquia (1), Boyacá (1), Nariño (2), Norte de Santander (2), Risaralda (2), Santander (3) y Valle del Cauca (2).

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También se contempla la señalización vertical de aproximación a las estaciones de peaje y pesaje, y la señalización horizontal de las vías que son parte de las zonas de recaudo y las zonas de operación de pesaje. Asimismo, se prevé la emisión, instalación y lectura de tarjetas de identificación electrónica, la transmisión de imágenes desde las estaciones de peaje hasta el Centro de Control de Operaciones (CCO) en Bogotá y el mantenimiento de los equipos necesarios para la buena operación de las estaciones, entre otras cosas.

Es valido recordar que este proceso estuvo marcado por una serie de denuncias. Se abrió el 26 de julio, día en el que se publicó el proyecto de pliegos, e inicialmente cerraría el 17 de septiembre, pero los plazos se ampliaron.

Para el 20 de septiembre el Invías llevó a cabo una audiencia pública presencial para despejar las dudas de los interesados y responder a las inquietudes de medios de comunicación y ciudadanos, tras denuncias de presuntas irregularidades que sugerían que se estaba manipulando la licitación para favorecer a Thomas Instruments, empresa miembro del grupo Thomas Greg & Sons.

El Invías afirmó que no había ninguna irregularidad e informó ese mismo 20 de septiembre que ampliaba el plazo hasta el 4 de octubre para que las 84 empresas que habían manifestado su interés en la concesión pudieran presentar sus propuestas.

Sin embargo, el proceso se suspendió el 22 de septiembre por cinco días hábiles para responder a las inquietudes de la Procuraduría General de la Nación que estaban relacionadas con el momento de publicación de algunos documentos en el Secop y con la metodología utilizada en el estudio del sector.

Pese a las respuestas del Invías, el 5 de octubre la Procuraduría General de la Nación instó, nuevamente, “a dar respuestas claras y de fondo a la totalidad de las inquietudes y observaciones presentadas” en el proceso de licitación pública, pues consideró que las observaciones formuladas no se respondieron con la suficiente justificación, ni se aclararon la totalidad de las inquietudes.

Los cuestionamientos formulados a Juan Esteban Gil Chavarría y Guillermo Toro Acuña, directores general y técnico del Invías, respectivamente, se centraban en los criterios de adecuación y proporcionalidad de los requisitos para el proceso de selección, con el análisis de la oferta y los riesgos del futuro contrato.

De hecho, en la etapa de prepliegos se recibieron más de 1.000 observaciones y —como recordó la Procuraduría— dentro del plazo de la licitación se expidieron cinco “adendas que modificaban aspectos esenciales como el índice de endeudamiento y la experiencia a pocos días del cierre del proceso de selección”.

El siguiente paso es la adjudicación del contrato de interventoría el próximo 11 de noviembre, para esto hay un presupuesto oficial de $75.400 millones.

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