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Jornada laboral de 48 a 42 horas: ¿por qué se oponen los gremios?

Según los empresarios, el país se volvería más “costoso” y no se fomentaría la inversión, por lo que no se generaría empleo, algo necesario en un momento de crisis como el actual.

18 de junio de 2021 - 05:10 p. m.
Según la ANDI, por cada hora que se reduzca la jornada laboral se perderían 80.000 empleos.
Según la ANDI, por cada hora que se reduzca la jornada laboral se perderían 80.000 empleos.
Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos
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Los gremios empresariales no tardaron en insistir en su rechazo al proyecto de ley que reduce la jornada laboral en Colombia, de 48 a 42 horas semanales, aprobado ayer en último debate por la Cámara de Representantes.

La iniciativa, vale la pena recordar, fue impulsada en su momento por el exsenador Álvaro Uribe Vélez con el objetivo de “incentivar la productividad a través de la reducción de la jornada laboral, así mismo flexibilizar la contratación laboral, para darle mayor dinamismo al mercado laboral, fomentando la formalidad y haciendo más flexibles no solo la contratación laboral, sino también los aportes al sistema de seguridad social”.

Lea más sobre esto: Congreso aprueba proyecto que propone reducción de la jornada laboral

Los gremios, sin embargo, ven todo lo contrario. Para Fenalco, aunque la implementación será gradual, el proyecto “estimula la informalidad, eleva los costos de laborales de contratación y genera cargas excesivas a las nóminas de las empresas, lo que seguramente desincentivará la generación de empleo, sobre todo en momentos en el que el mundo está en proceso de reactivación económica a largo plazo”. Para la organización, “a partir de la hora 42 sería extra y para sectores como comercio, turismo, servicios y economía naranja, que también funcionan en horas nocturnas y fines de semana esto implicaría un incremento aproximado del 20 % en los costos laborales”.

Jaime Alberto Cabal, presidente de la federación de comerciantes, expresó: “Este es un proyecto de ley que fue pensado en un país que no es el de hoy. Las circunstancias que rodean su aprobación son sustancial y dramáticamente distintas luego de una pandemia, protestas, bloqueos y vandalismo que dejaron a Colombia en una difícil situación económica y así nos digan que su implementación será escalonada, es un durísimo golpe al reemprendimiento y la reactivación, que de seguro va a tomar varios años y traerá como consecuencia una mayor informalidad laboral”.

La ANDI, por su parte, ha reconocido que el proyecto fue “bienintencionado”, al pensar en el bienestar de los trabajadores y sus familias. Sin embargo, como ante el Congreso de la República dijo Bruce Mac Master, presidente del gremio, Colombia pasa por la peor crisis de su historia, la cual ha impactado particularmente al mercado laboral. Según Mac Master, es probable que el proyecto termine generando más desempleo (que actualmente está por encima del 15 %). Los cálculos de la ANDI es que se perderían casi 500.000 puestos.

Lo anterior se debe a que Colombia se volvería, según el líder gremial, en un destino menos atractivo para la inversión y con mayores costos para sectores como el comercio, turismo, salud, entre otros. Puso el ejemplo concreto de los call centers, que fácilmente podrían trasladar sus operaciones a países menos costosos. Asimismo, recordó que actualmente los niveles de informalidad en Colombia son muy altos, por lo que en todo caso esta medida aplicaría apenas para unos siete millones de trabajadores, pero incluso, como dice Fenalco, existiría el riesgo de aumentar la informalidad.

Pese a estos rechazos, los impulsores de la iniciativa siguen convencidos de sus beneficios. A propósito de la aprobación del proyecto, al que ahora le falta conciliación entre Senado y Cámara y la posterior sanción presidencial para convertirse en ley, el representante Juan Diego Echavarria afirmó: “La jornada laboral va a mejorar las condiciones de los trabajadores serán más felices y más productivos y tendrán más tiempo con la familia y la recreación ahora solo queda la conciliación”. Echavarría, además, ha insistido en que la reducción de la jornada en ningún caso implica la reducción de los salarios ni de las condiciones de los trabajadores.

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GERMÁN VARGAS(8621)20 de junio de 2021 - 07:13 p. m.
Los gastos de Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Defensoría llegan a $7,3 billones para atender a más 40.000 empleados al año, la Procuraduría y sus 4.300 funcionarios le cuestan al país anualmente $910.000 millones; nuevos empleos se crean en la Defensoría del Pueblo, que ya gasta más de $700.000 millones en una nómina de 5.700 empleados. 8 billones a la basura y tributaria? Miserable congreso
Carlos(16048)20 de junio de 2021 - 10:11 a. m.
De igual manera con gavelas sin ellas o sin impuestos igual nunca generan empleo
Andres(70297)18 de junio de 2021 - 06:35 p. m.
Que novedad que a los gremios no les guste algo que no sea pensar en plata.
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