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En medio del escándalo de un billonario contrato que entregó el Ministerio de las Telecomunicaciones (Mintic) a la unión temporal Centros Urbanos, un juez de Puerto Colombia (Atlántico) acaba de frenar todo el proceso de caducidad y de embargo que había iniciado la cartera que dirige Karen Abudinen. La decisión la tomó luego de estudiar una tutela interpuesta por la unión temporal que ha defendido su participación dentro de esta polémica, asegurando que actuó de buena fe y tiene cómo probar que nada tiene que ver con la supuesta emisión de pólizas falsas, ni en ninguna de las irregularidades que se han denunciado.
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De acuerdo a la notificación del juez, que ya llegó al Mintic y a todos los involucrados en este asunto, mientras se toma una determinación de fondo con respecto de la tutela, en donde se definirá si hubo una violación al debido proceso de la unión temporal, las resoluciones 01747 del 19 de julio de 2021 y 02013 del 13 de agosto de 2021 quedan suspendidas. Puntualmente, esos documentos hacen referencia a las decisión que tomó la cartera que dirige Abudinen de declarar la caducidad del contrato en cuestión. La primera de ellas se tomó en julio y la segunda, que fue más una confirmación de lo ya dicho, ocurrió en agosto.
El Espectador pudo establecer que, además de esas dos resoluciones, el juez del caso agregó que cualquier otra decisión que haya tomado el Ministerio luego de decretar la caducidad del contrato, también queda congelada. Por esta razón, también queda suspendida la orden de Abudinen de embargar las cuentas de la unión temporal. La polémica de todo este asunto ha girado al rededor de dos temas en concreto. El primero tiene que ver con la supuesta falsificación de unas pólizas bancarias que habría presentado Centros Poblados en medio de la licitación del contrato en diciembre del año pasado.
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Esos “seguros” bancarios les permitió a la unión temporal quedarse con el negocio calculado en $1,07 billones. La Fiscalía ya investiga este asunto. Y el segundo tema está relacionado con el anticipo de $70 mil millones que recibió Centro Urbanos a comienzo de año para arrancar con la ejecución del contrato. Lo que ha denunciado la Contraloría es que el dinero fue a parar a Delaware (Estados Unidos), ciudad reconocida por ser un paraíso fiscal, y que no se ha utilizado para lo que Centros Poblados dijo que iba a hacerlo (comprar equipos).
Sin embargo, el representante legal de la unión temporal ha insistido en que sí se utilizó para ese fin y que las compras ya se están usando o están en proceso de legalización en Colombia. Frente al tema de las supuestas pólizas falsas, Centros Poblados ha dicho que tiene cómo probar que nada tiene que ver con esos documentos falsos y que todo se tramitó bajo ninguna irregularidad. Mientras el juez de Puerto Colombia toma una decisión de fondo frente a la tutela, nada de lo que ha dicho y decidido el ministerio de Abudinen queda en firme.
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Precisamente durante la jornada de este martes 24 de agosto, la ministra enfrentó el primer día de debate de control político en la Comisión Sexta de Senado. Durante su aparición en el Congreso, Abudinen, quien calificó a los integrantes de la unión temporal como “delincuentes” que le hicieron trampa al Estado, anunció que la conexión de las escuelas rurales que estaba a cargo de Centros Poblados quedará en manos de ETB, el proponente que resultó en segundo lugar, después de la unión temporal hoy cuestionada, en el proceso de licitación, que tenía como objetivo la conexión a internet y la operación de más de 7.000 sitios rurales por 11,5 años.
Aunque la empresa aseguró estar dispuesta a entrar en el negocio, esta decisión por ahora no podrá tomarla la ministra como consecuencia de esta decisión en el marco del proceso de la tutela. La ministra agregó en el debate que pese al “maltrato” que ha sufrido en los últimos días por cuenta de este escándalo, se presentó para “dar la cara” al país, y aseguró que es necesario precisar que los $70.000 millones (6,2 % del valor del contrato) dados en anticipo para la ejecución no fueron entregados por ella o el Ministerio, sino por la fiducia del contrato.
Por otro lado, la ministra Abudinen expresó en el Senado que, de ese anticipo, ya han logrado encontrar $25.000 millones en embargos ordenado por su cartera, tareas que también quedan suspendidas por esta decisión del juez de Puerto Colombia. Así, las actuaciones del Mintic frente a este polémico contrato quedan sin piso. Abudinen tiene un día para enviarle al juzgado un informe sobre los hechos del caso y todas las pruebas que quiera utilizar en el caso.
A raíz de la polémica causada por una supuesta emisión de pólizas falsas y la presunta pérdida de un anticipo de $70 mil millones