La baja en tasas decepcionó: lo que preocupa al Banrep de la economía colombiana

La tasa de interés de política monetaria en Colombia volvió a un solo dígito. La junta directiva del Banco de la República realizó este jueves el octavo recorte consecutivo desde diciembre pasado, llevando las tasas a 9,75 %. La noticia, al igual que en las últimas ocasiones, fue agridulce, porque buena parte del mercado apostaba por un recorte más amplio. Al interior de la junta las opiniones sobre qué tan acelerado debe ser el ritmo de baja sigue dividida: cuatro directores votaron a favor de una reducción de 50 puntos básicos (la que se hizo) y tres lo hicieron por una de 75 puntos básicos, que era la apuesta de varios analistas, incluyendo a los consultados en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo.

La tasa de interés de política monetaria en Colombia volvió a un solo dígito. La junta directiva del Banco de la República realizó este jueves el octavo recorte consecutivo desde diciembre pasado, llevando las tasas a 9,75 %. La noticia, al igual que en las últimas ocasiones, fue agridulce, porque buena parte del mercado apostaba por un recorte más amplio. Al interior de la junta las opiniones sobre qué tan acelerado debe ser el ritmo de baja sigue dividida: cuatro directores votaron a favor de una reducción de 50 puntos básicos (la que se hizo) y tres lo hicieron por una de 75 puntos básicos, que era la apuesta de varios analistas, incluyendo a los consultados en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo.

La decisión de la junta (esta y todas las anteriores) afecta su bolsillo en dos sentidos. Por un lado, si la tasa de intervención sube, endeudarse es más caro; si baja, se espera que los bancos le presten dinero a los usuarios a menores tasas. Un crédito más barato impulsa el consumo, por eso en los últimos meses el Gobierno, los bancos y los empresarios han insistido en que bajar las tasas es uno de los  caminos, algo más exprés que otros, para reactivar la economía.

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La otra parte de la ecuación, la que motivó a la junta a subir y luego mantener las tasas en 13,25 %, es la inflación. Aumentar la tasa de intervención del Banco de la República fue un movimiento para contener el aumento en los precios, que llegó a su punto máximo en marzo de 2023 (13,34 %) y que, claramente, también golpea el bolsillo de los consumidores. La prudencia que tanto ha defendido el Emisor en los últimos meses tiene sustento en los peligros que podrían desviar a la inflación de su camino de bajada, el que más le conviene  al país (y, al final, el mandato que tiene el Banco, mantener a raya al IPC).

En la rueda de prensa que se realiza después de la junta directiva, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, y Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, destaparon las cartas de la economía colombiana, dejando sobre la mesa los avances y preocupaciones que están en el horizonte.

La salud de la economía

Dentro de los puntos que suman a la hora de apostar por una baja más acelerada, la junta directiva tuvo en cuenta que la inflación anual siguió bajando en septiembre (se ubicó en 5,8 %) y que la inflación sin alimentos ni regulados permaneció estable (alrededor de 5,5 %). El comportamiento que han tenido los precios es una buena noticia, de hecho, el equipo técnico ajustó a la baja las proyecciones para la inflación total de 2024, dejándola en 5,3 %.

Los codirectores también destacaron que desde finales de 2023 la actividad económica del país ha venido creciendo, el equipo técnico también revisó al alza sus proyecciones de crecimiento para 2024 y 2025, dejándolas en 1,9 % y 2,9 %, respectivamente. “Sí, estamos con una tasa de interés contractiva, pero cada vez menos”, dijo Villar. El gerente resaltó que hasta ahora el “proceso” ha funcionado porque está bajando la inflación y al mismo tiempo la economía se está recuperando.

Del lado de lo que resta está la tasa de cambio del peso frente al dólar, que ya se ubica por encima de los $4.400. La junta consideró que si la situación persiste, “podría generar presiones al alza sobre la inflación” y se “reduciría el margen de maniobra” para seguir bajando las tasas. El aumento en el dólar, según el Banco, está asociado a factores externos, como el fortalecimiento de esa moneda a nivel global y la caída en el precio del petróleo (que tiene implicaciones fiscales y sobre la balanza de pagos y los ingresos de divisas), pero también internos, específicamente, la incertidumbre en torno a la situación fiscal.

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Sobre ese último punto la junta directiva se refirió a “factores de corto y mediano plazo como el desfase de los recaudos tributarios y los faltantes de financiamiento del presupuesto de 2025″ y el trámite del acto legislativo que cambia las transferencias al Sistema General de Participaciones (SGP) y que, según la junta, podría “comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Bonilla reconoció que el presupuesto que se está ejecutando tiene unas proyecciones de ingreso que no se han cumplido. El ministro explicó que el recorte del presupuesto que se anunció a mitad de año (de $20 billones) debe hacerse efectivo y que, adicionalmente, el Gobierno está evaluando cuál es la meta real de recaudo para identificar “hasta dónde el presupuesto de 2024 quedó desfinanciado o no”. Dicho de otra forma, no se descarta que sea necesario otro recorte.

Los nubarrones también se ciernen sobre el presupuesto de 2025. Para el Ministerio de Hacienda es claro que el proyecto tendrá que ser decretado por el Gobierno tal como se radicó en el Congreso, es decir, incluyendo los recursos que deberían obtenerse con la Ley de Financiamiento (en la práctica la segunda tributaria de este Gobierno) que hasta ahora tampoco ha avanzado en el Legislativo. Si ese proyecto no llega a buen puerto o si lo aprueban, pero no por el monto inicial, Bonilla explicó que el 2 de enero el Gobierno informará si el presupuesto está o no financiado y “declarará una suspensión por la parte no financiada”.

A este panorama ya complejo se suma la reforma que busca que las transferencias al Sistema General de Participaciones aumenten hasta llegar al 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación (actualmente, está cerca de 20 %) en un período de 12 años, contando a partir de 2027. Básicamente, el objetivo es que lleguen más recursos a las regiones.

Esta semana el Senado aprobó en el sexto de ocho debates ese acto legislativo que  ha sido polémico por la crisis fiscal que podría generar, según las advertencias de ANIF, Fedesarrollo, Corficolombiana, Asobancaria, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), exministros y exviceministros de Hacienda e incluso del Departamento Nacional de Planeación y del mismo Minhacienda.

En el sexto debate se hicieron cambios, además de bajar el porcentaje (inicialmente se planteó 46,5 %) y de aumentar los años de transición (la ponencia establecía 10 años), se especificó que el acto legislativo no puede entrar en vigencia sin que se apruebe una ley que defina qué nuevas competencias asumirán los departamentos y municipios. El día de la aprobación, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, aseguró que el Gobierno respalda el proyecto y que con el Ministerio de Hacienda se llegó a un acuerdo para hacer las modificaciones, que ya fueron aprobadas, para que el proyecto sea sostenible.

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Sin embargo, las respuestas de Bonilla no son tan contundentes. El ministro reconoció las mejoras que hizo el Senado, pero dijo que la Cámara podría “revisar”, nuevamente, el umbral y el plazo. “El Gobierno no se opone a que se profundice la descentralización en Colombia, pero esta debe ser armónica”, dijo. También señaló que es necesario ver cómo se balancean los recursos para el Sistema General de Participaciones, para el pago de deuda, las vigencias futuras y otros rubros, teniendo en cuenta que todos se pagan con los ingresos corrientes de la Nación. De todas formas, resaltó que el proyecto no necesita aval fiscal.

En palabras de Villar, genera incertidumbre que una reforma constitucional le imponga al Gobierno un aumento significativo del gasto, a lo largo de 12 años, a tal punto que se ponga en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal y del Marco Fiscal de Mediano Plazo. De ahí que el gerente dijo que “ojalá” en los debates que vienen se disipen las dudas para que la junta directiva del Banco de la República pueda “avanzar con mayor claridad en las próximas sesiones” porque “esa discusión afecta la capacidad de decisión y el margen de maniobra que tiene la junta para  reducir la tasa de interés”.

Aquí hay que señalar una cierta paradoja: el Gobierno, en cabeza del presidente y su cuenta de X (antes Twitter) ha sido una de las voces más insistentes al pedir que el Banco acelere los recortes de las tasas. Y es justamente una medida que apoya Petro, Cristo y mandatarios regionales (contra conceptos técnicos del propio Gobierno, analistas y académicos) lo que este jueves evitó que el Emisor profundizara la bajada de las tasas. Si hay que verlo como una imagen, la del disparo en el pie viene a la mente.

La noticia de tasas, que en parte decepcionó al mercado que esperaba contar desde ya con tipos más bajos, desnudó los temas de la economía colombiana que hoy le inquietan al Banco de la República. César Pabón, director ejecutivo de investigaciones económicas de Corficolombiana, lo resumió así: “La cautela se mantuvo e incluso se reforzó por la incertidumbre global, pero también por el bajo recaudo hasta septiembre, el desfinanciamiento del presupuesto de 2025 y la reforma al SGP, que aunque no ha finalizado su debate es muy probable que pase y será una carga representativa fiscalmente en los próximos años, que pone en duda la estabilidad macro”.

Como dijo Bonilla, “desafortunadamente” se mezcló la incertidumbre por las elecciones en Estados Unidos con el impacto del “ruido” por la discusión de la reforma al SGP. El futuro de la política monetaria depende, entonces, de la inflación, del dólar y de qué tanto aumente o disminuya la incertidumbre fiscal que, por ahora, no muestra señales contundentes de mejoría.

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