“La compañía tenía el deber de plantear su debate jurídico”: gerente de EPM

Álvaro Guillermo Rendón es el gerente de EPM desde el pasado 2 de enero, tras la llegada de la nueva administración de la ciudad de Medellín. En esta entrevista, se refiere a los recientes acontecimientos relacionados con la junta directiva de la organización, las acciones legales que inició la compañía en torno al proyecto hidroeléctrico Ituango y las repercusiones sobre la confianza del mercado que se han empezado a ver.

Insiste, entre otras cosas, en que “más que informar, lo importante era seguir las recomendaciones de la junta”. Según Rendón, la junta tenía el ánimo de que el asunto de Hidroituango se llevara primero a una conciliación que a la instancia contencioso-administrativa, y, por cuestiones de tiempo, no se le informó al órgano directivo.

Estamos viendo casi minuto a minuto el nombramiento de la nueva junta directiva. ¿Cómo se está escogiendo y qué perfil se puede esperar?

Esto es una competencia exclusiva del señor alcalde, la ha asumido porque EPM es una empresa netamente pública y del municipio 100 %, entonces las competencias son de él y están en el marco de su discrecionalidad. Sé lo que sabe todo el mundo, los tres nombres que se han mostrado hasta ahora. No tengo más información.

¿Cómo recibió anoche la noticia de la rebaja de la calificación por parte de Fitch? ¿Para usted es muestra de que lo que sucedió (la renuncia de la junta) envió un mensaje que generó desconfianza en el mercado?

Estas situaciones en empresas del tamaño del Grupo EPM, que tiene por ejemplo colocación de bonos, generan unas sensibilidades. Hemos venido explicando tranquila y razonablemente ante los mismos fondos financieros internacionales y nacionales y ante la banca, por supuesto, que es una situación inesperada para nosotros. Fue una renuncia de unos miembros de junta, que se puede presentar en cualquier organización, porque está conformada por seres humanos y entre seres humanos hay acuerdos y desacuerdos; muchos de ellos se resuelven internamente, pero, a pesar de que dimos todas las explicaciones en una junta extraordinaria, sin que estuviéramos allí encontrados en opiniones, ellos hicieron su evaluación y decidieron renunciar. Es una manifestación de voluntad a la que no podemos oponernos. El alcalde consideró, en el mejor dialogo con ellos, después de oírlos, aceptar, lamentando mucho este hecho, porque son grandes personas, que le han prestado enormes servicios a la organización, muchos de ellos por más de 12 años. El alcalde está anunciando los nuevos miembros de junta, con un criterio de búsqueda de grandes empresarios, con altísima experiencia, para enviar la señal tranquilizadora de que esta situación de la junta está quedando superada.

Uno de los puntos de la discrepancia es la conciliación y eventual litigio frente a los diseñadores, constructores, interventores y aseguradores de Hidroituango. ¿Cómo fue el proceso para llegar a iniciar esas acciones legales? ¿Cuándo se decidió que eso se iba a hacer y qué responde a lo que dijeron los miembros de junta en su carta sobre que eso no fue discutido ni analizado con ellos?

Desde el momento de la contingencia, la organización estaba obligada a preparar un debate jurídico en el marco de las responsabilidades civiles contractuales y extracontractuales. En paralelo, se están adelantando las investigaciones de control fiscal, disciplinarias y penales. La organización tenía el deber, porque no era discrecional de la junta hacerlo o no, de plantear su debate jurídico dentro de los dos años siguientes a la contingencia. La organización venía estudiando los distintos comportamientos de las empresas, viendo dónde estaba situada la responsabilidad de unos y otros, pero lo que siempre acompañó a la junta fue el deseo y el ánimo de llamar a conciliación.

Frente al reparo de que no fue informada: más que ser informados lo importante es que hubiéramos seguido sus instrucciones, y no fue informada por una sola razón: porque el proceso que llamamos, que es de conciliación, no es contencioso, litigioso, sino un escenario amable, para que nos veamos todas las partes, con pruebas aportadas para que cada uno vaya viendo su cuota de responsabilidad, era necesario hacerlo antes de los dos años. La fecha límite era el 13 de agosto. Tuvimos que preparar la última prueba, que se aportó para el domingo-lunes, luego de que la vicepresidencia financiera estudió el lucro cesante y el daño emergente. Esto desarrolla otra línea jurídica procesal, que es la lealtad procesal, que es que cuando se va a llamar a una conciliación se tiene que aportar desde el principio una relación de todas las partes, los hechos, las pretensiones y las pruebas; las mismas que deben ser trasladadas a un proceso contencioso si no tuviera éxito la conciliación. Es decir: yo no podría alterar para el eventual debate contencioso unas nuevas pruebas y partes, sino que tiene que mantenerse la línea procesal que se trazó desde el principio.

De la junta directiva, dos de ellos, el doctor Luis Fernando Álvarez y el doctor Manuel Santiago Mejía, participaron (antes) de una diligencia de conciliación muy privada, entre partes, con la firma Integral; ellos la solicitaron y nosotros fuimos a esa mesa con el ánimo de oírlos, pero, después de oírlos, no podíamos llegar a una decisión vinculante, porque EPM es una empresa pública, y no podemos firmar una decisión vinculante sin que se haga ante la presencia de una autoridad competente para decidir una conciliación y que haga tránsito a cosa juzgada. Nosotros podíamos haber planteado directamente la demanda porque como entidad de derecho público no estábamos obligados a llamar a conciliación, pero obedeciendo a las señales enviadas por los miembros de la junta, especialmente dos de ellos, decidimos llamar a la conciliación, en donde pueden participar las partes del proyecto, los miembros de la junta y toda la organización si hubiera sido necesario; ellos no estaban excluidos, estaban igualmente convocados.

Es confuso que diga que estaban siguiendo las instrucciones de la junta, la misma que dice que por buenas prácticas se debió haber traído el asunto a discutirse en la junta. ¿Cómo entender esa contradicción?

No lo llevamos porque no hubo tiempo, porque había que aportar la última prueba de daño emergente y lucro cesante, que se tiene que aportar antes de presentar la demanda de conciliación porque no podemos cambiar las reglas de juego en el marco de la conciliación, por si esta no se diera. Debíamos tener la prueba consolidada frente al valor estimado del daño, que es el que estamos buscando por vía de la conciliación.

¿Cuánto tardó el proceso para decidir que llevarían esto a conciliación, la recopilación de pruebas y demás? ¿Esto venía desde la administración anterior?

Desde que asumí funciones el 2 de enero, en el ambiente estaba ese ánimo conciliatorio por un respeto a las partes, a quienes han realizado su trabajo en campo, y eso fue lo que hicimos. Más que informar, es seguir una instrucción y un deseo que estaba en la mente de los miembros de la junta directiva. Desde la contingencia, la organización venía recaudando pruebas y estaba preparando un documento que conducía a una conciliación, que nosotros lo enriquecimos, ajustamos metodológicamente a mi llegada, y es el documento que hoy estamos planteando ante la Procuraduría Delegada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.

¿Por qué el plazo de los dos años vencía en agosto y no abril (la contingencia en Hidroituango empezó el 28 de abril de 2018)?

Porque la contingencia del COVID suspendió los términos. El presidente de la República en el marco del decreto de emergencia económica suspendió los términos judiciales, y se prorrogaron entonces hasta el 13 de agosto.

¿Con el llamado a conciliación y las pretensiones no queda el mensaje de que EPM está trasladando toda la responsabilidad de lo sucedido a los demás actores (diseñadores, constructores, etc.) y que se descarga de la responsabilidad que tiene ante Hidroituango S. A.?

Llamar a una conciliación no es endilgarles responsabilidad porque no somos quién para decir de A, B o C. Desde el mismo momento de la conciliación, tenemos que llamar a todas las partes para que, en la medida en que se estudie por medio de esa diligencia de conciliación, que es un mecanismo alternativo para resolver conflictos, cada uno, con las pruebas, vaya situando su responsabilidad. Si no los incluyéramos a todos en el marco de esa conciliación, podría pasar que se vislumbre que alguna de las partes tiene más compromiso o responsabilidad que otra, o que alguna de ellas no tiene ninguna; entonces no podríamos hacer ninguna gestión sobre la parte que va a apareciendo con cuota de responsabilidad si no la incluimos desde el principio. Entonces, no se podía dejar expuesta a la organización dejando ese vacío. Por eso hay que llamarlos a todos.

En caso de que la conciliación no sea exitosa, ¿a qué instancia se acudiría para el litigio y cómo EPM está teniendo en cuenta en sus cifras la posibilidad de que sus pretensiones no lleguen a buen puerto?

En un proceso contencioso es la apreciación del juez en su discrecionalidad la que va situando responsabilidad contra pruebas. Si hay alguna cuota de responsabilidad de la organización también la dirá el juez. No la puedo yo ni siquiera vislumbrar.

¿Qué instancia?

En primera instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia y, en segunda instancia, el Consejo de Estado.

Sobre el proceso con Mapfre: ¿por qué se inicia un proceso aparte y por qué después de que ya les desembolsaron US$150 millones?

No hemos empezado un proceso de conciliación formal, sino que los hemos requerido para que como empresa de seguros reaccione cubriendo daños materiales. Ya ha hecho un primer reconocimiento, desembolso, por US$150 millones el año pasado. Por tener esa vocación de reaccionar a la cobertura de riesgo, primero, no fue tenida como parte en el proceso de conciliación y, segundo, está estipulada una cláusula compromisoria en el contrato que indica que, si no quedamos satisfechos con la respuesta de ellos en la cobertura de riesgo, debemos acudir a un tribunal de arbitramento, eso hay que respetarlo.

¿Cómo está la relación entre EPM e Hidroituango S. A. (dueña de Hidroituango), de la que también forma parte EPM?

Ellos también están situando una discusión en el marco de las responsabilidades, hay un primer debate jurídico que se adelantó por parte de Hidroituango contra EPM, que está en segunda instancia en el Consejo de Estado, pero eso fue el año anterior, no este año. Y obviamente la junta en la que participamos está haciendo el mismo análisis, entonces no conozco los últimos desarrollos para dar a conocer a la opinión publica.

¿Confía en que Hidroituango va a empezar a generar energía en 2021, para entregar en 2022?

No solo confiamos, sino que tenemos ese nivel de certidumbre por cuanto los contratos con todas las partes que llamamos a conciliación están vigentes, y los contratos se deben honrar cumpliéndolos. Son empresas de gran reputación a nivel internacional, y estamos seguros en el marco de la buena fe que ellos van a seguir cumpliendo sus obligaciones con normalidad. Tenemos una matriz de riesgos en la que, si eventualmente alguno de ellos después de concluido un contrato decide no seguir con la organización, pues nos tocará tomar nuestras propias decisiones.

Precisamente entre los analistas está la preocupación de que las acciones legales que se iniciaron lleven a que toque cambiar de constructores, lo que implicaría un retraso adicional en Hidroituango. ¿Eso puede pasar?

No, no. Por eso se llama a una conciliación y no a una demanda contenciosa, para decirles que es voluntad de la organización seguir contando con las empresas porque queremos defender ese ambiente de trabajo dentro de la organización y el campamento. Antes es hacer un llamado a que amablemente vayamos a una conciliación; no estamos haciendo un llamado de reparos, hablando de A, B o C, endilgando responsabilidades en particular, sino una defensa de la institución, como es deber hacerlo.

¿Qué mensaje hay para los usuarios, incluyendo a los nuevos que llegarán por Caribemar? ¿Qué confianza pueden tener en la empresa viendo este remezón en el gobierno corporativo?

El del gobierno corporativo es un reparo que hemos leído con todo respeto, pero por supuesto no lo compartimos por lo que he expresado: no pasamos por encima de las competencias de la junta directiva. La competencia en relación con el acuerdo era privativa del alcalde, y el proyecto lo recibió de manos de la anterior administración. El mismo alcalde, en una decisión extraordinaria, les hizo saber a los miembros de junta que por tres oportunidades pasó por la junta directiva, y que ellos incluso ayudaron a refinar parte de ese articulado (del proyecto de acuerdo). Eso se les recordó en esa junta (extraordinaria), se les pidió que hicieran público en su manifestación que sí habían participado de unas decisiones sobre el proyecto de acuerdo, así no tuvieran competencia. Y en el caso de la conciliación, no se informó porque hasta último momento estuvimos recaudando la prueba; pero, más que informar, lo importante era seguir las recomendaciones de la junta.

¿Cómo va el cronograma de Caribemar?

Desde el 1° de octubre estaremos haciendo presencia en el segmento de Caribemar, en cuatro departamentos: Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar. Integraremos 1,5 millones de usuarios, lo que representa, más o menos, seis millones de personas multiplicando por el núcleo familiar. Estamos orgullosos de llevar las capacidades de esta organización a un corredor del Caribe que es importante, que aspira a que llevemos el servicio con calidad que es lo que ha hecho esta empresa en sus 65 años de vida institucional.

Finalmente, ¿qué saben o qué instrucciones han recibido con respecto a las consecuencias de la caída del decreto de subsidios para los usuarios, que se cayó por falta de firmas?

EPM es una empresa que está regulada y la regulación está siendo atendida de forma permanente. No podemos sino apelar a las capacidades de la organización para encontrar salidas en la dirección de rodear a nuestros usuarios.

Pero el ministro de Vivienda dijo que se buscarían alternativas para no perder lo que se logró con ese decreto. ¿No han recibido ninguna instrucción?

Si se produce, es de obligatorio cumplimiento y lo tenemos que acatar porque somos una entidad regulada.

Álvaro Guillermo Rendón es el gerente de EPM desde el pasado 2 de enero, tras la llegada de la nueva administración de la ciudad de Medellín. En esta entrevista, se refiere a los recientes acontecimientos relacionados con la junta directiva de la organización, las acciones legales que inició la compañía en torno al proyecto hidroeléctrico Ituango y las repercusiones sobre la confianza del mercado que se han empezado a ver.

Insiste, entre otras cosas, en que “más que informar, lo importante era seguir las recomendaciones de la junta”. Según Rendón, la junta tenía el ánimo de que el asunto de Hidroituango se llevara primero a una conciliación que a la instancia contencioso-administrativa, y, por cuestiones de tiempo, no se le informó al órgano directivo.

Estamos viendo casi minuto a minuto el nombramiento de la nueva junta directiva. ¿Cómo se está escogiendo y qué perfil se puede esperar?

Esto es una competencia exclusiva del señor alcalde, la ha asumido porque EPM es una empresa netamente pública y del municipio 100 %, entonces las competencias son de él y están en el marco de su discrecionalidad. Sé lo que sabe todo el mundo, los tres nombres que se han mostrado hasta ahora. No tengo más información.

¿Cómo recibió anoche la noticia de la rebaja de la calificación por parte de Fitch? ¿Para usted es muestra de que lo que sucedió (la renuncia de la junta) envió un mensaje que generó desconfianza en el mercado?

Estas situaciones en empresas del tamaño del Grupo EPM, que tiene por ejemplo colocación de bonos, generan unas sensibilidades. Hemos venido explicando tranquila y razonablemente ante los mismos fondos financieros internacionales y nacionales y ante la banca, por supuesto, que es una situación inesperada para nosotros. Fue una renuncia de unos miembros de junta, que se puede presentar en cualquier organización, porque está conformada por seres humanos y entre seres humanos hay acuerdos y desacuerdos; muchos de ellos se resuelven internamente, pero, a pesar de que dimos todas las explicaciones en una junta extraordinaria, sin que estuviéramos allí encontrados en opiniones, ellos hicieron su evaluación y decidieron renunciar. Es una manifestación de voluntad a la que no podemos oponernos. El alcalde consideró, en el mejor dialogo con ellos, después de oírlos, aceptar, lamentando mucho este hecho, porque son grandes personas, que le han prestado enormes servicios a la organización, muchos de ellos por más de 12 años. El alcalde está anunciando los nuevos miembros de junta, con un criterio de búsqueda de grandes empresarios, con altísima experiencia, para enviar la señal tranquilizadora de que esta situación de la junta está quedando superada.

Uno de los puntos de la discrepancia es la conciliación y eventual litigio frente a los diseñadores, constructores, interventores y aseguradores de Hidroituango. ¿Cómo fue el proceso para llegar a iniciar esas acciones legales? ¿Cuándo se decidió que eso se iba a hacer y qué responde a lo que dijeron los miembros de junta en su carta sobre que eso no fue discutido ni analizado con ellos?

Desde el momento de la contingencia, la organización estaba obligada a preparar un debate jurídico en el marco de las responsabilidades civiles contractuales y extracontractuales. En paralelo, se están adelantando las investigaciones de control fiscal, disciplinarias y penales. La organización tenía el deber, porque no era discrecional de la junta hacerlo o no, de plantear su debate jurídico dentro de los dos años siguientes a la contingencia. La organización venía estudiando los distintos comportamientos de las empresas, viendo dónde estaba situada la responsabilidad de unos y otros, pero lo que siempre acompañó a la junta fue el deseo y el ánimo de llamar a conciliación.

Frente al reparo de que no fue informada: más que ser informados lo importante es que hubiéramos seguido sus instrucciones, y no fue informada por una sola razón: porque el proceso que llamamos, que es de conciliación, no es contencioso, litigioso, sino un escenario amable, para que nos veamos todas las partes, con pruebas aportadas para que cada uno vaya viendo su cuota de responsabilidad, era necesario hacerlo antes de los dos años. La fecha límite era el 13 de agosto. Tuvimos que preparar la última prueba, que se aportó para el domingo-lunes, luego de que la vicepresidencia financiera estudió el lucro cesante y el daño emergente. Esto desarrolla otra línea jurídica procesal, que es la lealtad procesal, que es que cuando se va a llamar a una conciliación se tiene que aportar desde el principio una relación de todas las partes, los hechos, las pretensiones y las pruebas; las mismas que deben ser trasladadas a un proceso contencioso si no tuviera éxito la conciliación. Es decir: yo no podría alterar para el eventual debate contencioso unas nuevas pruebas y partes, sino que tiene que mantenerse la línea procesal que se trazó desde el principio.

De la junta directiva, dos de ellos, el doctor Luis Fernando Álvarez y el doctor Manuel Santiago Mejía, participaron (antes) de una diligencia de conciliación muy privada, entre partes, con la firma Integral; ellos la solicitaron y nosotros fuimos a esa mesa con el ánimo de oírlos, pero, después de oírlos, no podíamos llegar a una decisión vinculante, porque EPM es una empresa pública, y no podemos firmar una decisión vinculante sin que se haga ante la presencia de una autoridad competente para decidir una conciliación y que haga tránsito a cosa juzgada. Nosotros podíamos haber planteado directamente la demanda porque como entidad de derecho público no estábamos obligados a llamar a conciliación, pero obedeciendo a las señales enviadas por los miembros de la junta, especialmente dos de ellos, decidimos llamar a la conciliación, en donde pueden participar las partes del proyecto, los miembros de la junta y toda la organización si hubiera sido necesario; ellos no estaban excluidos, estaban igualmente convocados.

Es confuso que diga que estaban siguiendo las instrucciones de la junta, la misma que dice que por buenas prácticas se debió haber traído el asunto a discutirse en la junta. ¿Cómo entender esa contradicción?

No lo llevamos porque no hubo tiempo, porque había que aportar la última prueba de daño emergente y lucro cesante, que se tiene que aportar antes de presentar la demanda de conciliación porque no podemos cambiar las reglas de juego en el marco de la conciliación, por si esta no se diera. Debíamos tener la prueba consolidada frente al valor estimado del daño, que es el que estamos buscando por vía de la conciliación.

¿Cuánto tardó el proceso para decidir que llevarían esto a conciliación, la recopilación de pruebas y demás? ¿Esto venía desde la administración anterior?

Desde que asumí funciones el 2 de enero, en el ambiente estaba ese ánimo conciliatorio por un respeto a las partes, a quienes han realizado su trabajo en campo, y eso fue lo que hicimos. Más que informar, es seguir una instrucción y un deseo que estaba en la mente de los miembros de la junta directiva. Desde la contingencia, la organización venía recaudando pruebas y estaba preparando un documento que conducía a una conciliación, que nosotros lo enriquecimos, ajustamos metodológicamente a mi llegada, y es el documento que hoy estamos planteando ante la Procuraduría Delegada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.

¿Por qué el plazo de los dos años vencía en agosto y no abril (la contingencia en Hidroituango empezó el 28 de abril de 2018)?

Porque la contingencia del COVID suspendió los términos. El presidente de la República en el marco del decreto de emergencia económica suspendió los términos judiciales, y se prorrogaron entonces hasta el 13 de agosto.

¿Con el llamado a conciliación y las pretensiones no queda el mensaje de que EPM está trasladando toda la responsabilidad de lo sucedido a los demás actores (diseñadores, constructores, etc.) y que se descarga de la responsabilidad que tiene ante Hidroituango S. A.?

Llamar a una conciliación no es endilgarles responsabilidad porque no somos quién para decir de A, B o C. Desde el mismo momento de la conciliación, tenemos que llamar a todas las partes para que, en la medida en que se estudie por medio de esa diligencia de conciliación, que es un mecanismo alternativo para resolver conflictos, cada uno, con las pruebas, vaya situando su responsabilidad. Si no los incluyéramos a todos en el marco de esa conciliación, podría pasar que se vislumbre que alguna de las partes tiene más compromiso o responsabilidad que otra, o que alguna de ellas no tiene ninguna; entonces no podríamos hacer ninguna gestión sobre la parte que va a apareciendo con cuota de responsabilidad si no la incluimos desde el principio. Entonces, no se podía dejar expuesta a la organización dejando ese vacío. Por eso hay que llamarlos a todos.

En caso de que la conciliación no sea exitosa, ¿a qué instancia se acudiría para el litigio y cómo EPM está teniendo en cuenta en sus cifras la posibilidad de que sus pretensiones no lleguen a buen puerto?

En un proceso contencioso es la apreciación del juez en su discrecionalidad la que va situando responsabilidad contra pruebas. Si hay alguna cuota de responsabilidad de la organización también la dirá el juez. No la puedo yo ni siquiera vislumbrar.

¿Qué instancia?

En primera instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia y, en segunda instancia, el Consejo de Estado.

Sobre el proceso con Mapfre: ¿por qué se inicia un proceso aparte y por qué después de que ya les desembolsaron US$150 millones?

No hemos empezado un proceso de conciliación formal, sino que los hemos requerido para que como empresa de seguros reaccione cubriendo daños materiales. Ya ha hecho un primer reconocimiento, desembolso, por US$150 millones el año pasado. Por tener esa vocación de reaccionar a la cobertura de riesgo, primero, no fue tenida como parte en el proceso de conciliación y, segundo, está estipulada una cláusula compromisoria en el contrato que indica que, si no quedamos satisfechos con la respuesta de ellos en la cobertura de riesgo, debemos acudir a un tribunal de arbitramento, eso hay que respetarlo.

¿Cómo está la relación entre EPM e Hidroituango S. A. (dueña de Hidroituango), de la que también forma parte EPM?

Ellos también están situando una discusión en el marco de las responsabilidades, hay un primer debate jurídico que se adelantó por parte de Hidroituango contra EPM, que está en segunda instancia en el Consejo de Estado, pero eso fue el año anterior, no este año. Y obviamente la junta en la que participamos está haciendo el mismo análisis, entonces no conozco los últimos desarrollos para dar a conocer a la opinión publica.

¿Confía en que Hidroituango va a empezar a generar energía en 2021, para entregar en 2022?

No solo confiamos, sino que tenemos ese nivel de certidumbre por cuanto los contratos con todas las partes que llamamos a conciliación están vigentes, y los contratos se deben honrar cumpliéndolos. Son empresas de gran reputación a nivel internacional, y estamos seguros en el marco de la buena fe que ellos van a seguir cumpliendo sus obligaciones con normalidad. Tenemos una matriz de riesgos en la que, si eventualmente alguno de ellos después de concluido un contrato decide no seguir con la organización, pues nos tocará tomar nuestras propias decisiones.

Precisamente entre los analistas está la preocupación de que las acciones legales que se iniciaron lleven a que toque cambiar de constructores, lo que implicaría un retraso adicional en Hidroituango. ¿Eso puede pasar?

No, no. Por eso se llama a una conciliación y no a una demanda contenciosa, para decirles que es voluntad de la organización seguir contando con las empresas porque queremos defender ese ambiente de trabajo dentro de la organización y el campamento. Antes es hacer un llamado a que amablemente vayamos a una conciliación; no estamos haciendo un llamado de reparos, hablando de A, B o C, endilgando responsabilidades en particular, sino una defensa de la institución, como es deber hacerlo.

¿Qué mensaje hay para los usuarios, incluyendo a los nuevos que llegarán por Caribemar? ¿Qué confianza pueden tener en la empresa viendo este remezón en el gobierno corporativo?

El del gobierno corporativo es un reparo que hemos leído con todo respeto, pero por supuesto no lo compartimos por lo que he expresado: no pasamos por encima de las competencias de la junta directiva. La competencia en relación con el acuerdo era privativa del alcalde, y el proyecto lo recibió de manos de la anterior administración. El mismo alcalde, en una decisión extraordinaria, les hizo saber a los miembros de junta que por tres oportunidades pasó por la junta directiva, y que ellos incluso ayudaron a refinar parte de ese articulado (del proyecto de acuerdo). Eso se les recordó en esa junta (extraordinaria), se les pidió que hicieran público en su manifestación que sí habían participado de unas decisiones sobre el proyecto de acuerdo, así no tuvieran competencia. Y en el caso de la conciliación, no se informó porque hasta último momento estuvimos recaudando la prueba; pero, más que informar, lo importante era seguir las recomendaciones de la junta.

¿Cómo va el cronograma de Caribemar?

Desde el 1° de octubre estaremos haciendo presencia en el segmento de Caribemar, en cuatro departamentos: Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar. Integraremos 1,5 millones de usuarios, lo que representa, más o menos, seis millones de personas multiplicando por el núcleo familiar. Estamos orgullosos de llevar las capacidades de esta organización a un corredor del Caribe que es importante, que aspira a que llevemos el servicio con calidad que es lo que ha hecho esta empresa en sus 65 años de vida institucional.

Finalmente, ¿qué saben o qué instrucciones han recibido con respecto a las consecuencias de la caída del decreto de subsidios para los usuarios, que se cayó por falta de firmas?

EPM es una empresa que está regulada y la regulación está siendo atendida de forma permanente. No podemos sino apelar a las capacidades de la organización para encontrar salidas en la dirección de rodear a nuestros usuarios.

Pero el ministro de Vivienda dijo que se buscarían alternativas para no perder lo que se logró con ese decreto. ¿No han recibido ninguna instrucción?

Si se produce, es de obligatorio cumplimiento y lo tenemos que acatar porque somos una entidad regulada.