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La Contraloría General de la República (CGR) abrió tres procesos de responsabilidad fiscal por valor de $47.923 millones por el mal manejo de recursos de las regalías en proyectos ubicados en Cesar, La Guajira y Putumayo.
Las irregularidad de mayor monto tuvo como protagonista el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, que sumó $37.946 millones, con contrato en 2022. La entidad vinculó como presuntos responsables a quienes ejercían oomo alcalde municipal, secretarios de infraestructura y director administrativo de Comfacesar, para la época de los hechos.
Cabe recordar que las regalías son una fuente de financiación para el desarrollo territorial. Este dinero se distribuye de manera equitativa por los ingresos generados por explotación de recursos naturales. El objetivo reinvertir estos ingresos en las comunidades.
De acuerdo con la Contraloría, el proyecto incluía cuatro subproyectos, pero se verificó que no se liquidaron bien los impuestos y las obras están inconclusas:
1. Construcción en sitio propio de viviendas urbanas.
2. Construcción de viviendas de interés social.
3. Construcción de viviendas de interés prioritario.
4. Construcción en sitio propio de viviendas rurales.
Por otro lado, en Albania, La Guajira, el ente de control abrió un proceso de responsabilidad fiscal en un contrato de construcción de aulas escolares por monto de $8.050 millones. La obra tendría avance de 70%, pero no se ha entregado o finalizado ninguna sede de las ocho contempladas en el proyecto. Sin embargo, se han presentado actas de prórroga y una cesión de contrato.
La CGR vinculó como presuntos responsables fiscales al alcalde municipal para la época y los funcionarios de su administración.
Por último, en el municipio de Mocoa, Putumayo, la CGR abrió otro proceso de responsabilidad fiscal por $1.927 millones con contrato en 2021. La entidad afectada fue el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en contra del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José Angulo González, la fiduciaria La Fiduprevisora, los integrantes del Consorcio Pavimento Mocoa, y los integrantes de la firma Consorcio Interpavimentos Edupac.
De acuerdo con la Contraloría habría irregularidad en el contrato para llevar a cabo obras de recuperación para el mejoramiento de las vías urbanas de Mocoa.
La entidad identificó que estos tres proyectos no satisficieron las necesidades de las comunidades para la cual se adelantó el contrato.
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