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Hace 23 años que el poder adquisitivo de los trabajadores no se veía tan castigado por la inflación, ya que con corte a noviembre su variación anual alcanzó el 12,53 %. Dejando a un lado la estacionalidad, podría decirse que del millón de pesos que se concertó como salario mínimo para 2022, la carestía ya les quitó $125.300.
“Todo está caro” ha sido un dicho presente en la boca de muchos colombianos este año, quienes han hecho esfuerzos para estirar al máximo el billete. Los datos revelados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran que lo que más ha impulsado la inflación en el último año han sido los alimentos y las bebidas no alcohólicas, pues han registrado un alza en sus precios del 27,08 %.
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Según lo explicado por los expertos, esta subida no es más que el reflejo de los problemas económicos locales e internacionales, como las fuertes lluvias (que dañan las cosechas) y la subida del dólar (que encarece las importaciones).
La carestía también se ha hecho presente en servicios como alojamiento, agua, electricidad, gas y otros, pues contribuyeron 2,24 puntos porcentuales a los 12,53 % que registró la inflación. A este se suman otros rubros, como los restaurantes y hoteles (1,67 %.), transporte (1,44 %) y artículos para el hogar (0,69 %). Si extendiéramos la lista, nos daríamos cuenta de que no hay categoría que se salve de la inflación. Todo, en efecto, está más caro.
Lo que se busca con la concertación del salario mínimo es devolver algo de ese poder adquisitivo que han perdido los trabajadores, es decir, reconocerles que el costo de vida es cada vez más caro y que sus empleadores deben ajustar los salarios para que su calidad de vida (y la de sus familias) no se vean más deterioradas.
Este lunes, en el primer encuentro cara a cara que tuvieron las centrales obreras (la CUT, CGT y CTC), Gobierno (representado por el Ministerio del Trabajo) y empresarios (la Andi, Fenalco y Acopi), todas las partes manifestaron tener la voluntad de concertar un incremento justo que responda a las necesidades de la fuerza laboral colombiana, sin que asfixie las finanzas de las empresas y su capacidad de realizar nuevas contrataciones.
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“Desde el Comando Nacional Unitario manifestamos nuestra mayor voluntad de llegar a un acuerdo en torno al salario mínimo y a otros componentes de política económica que permitan mantener el poder adquisitivo de los colombianos. Por tal razón estamos en la construcción de la propuesta que presentaremos el viernes”, dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés.
En la misma línea está el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, quien señaló: “Nos gustaría dar la noticia de un nuevo salario mínimo que refleje la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, por supuesto basados en la inflación. Que pondere la productividad laboral y que por supuesto haga un sano equilibrio para que los costos laborales no se eleven considerablemente, lo cual impediría la generación de nuevos puestos de trabajo”.
Hay que recordar que la mesa tiene hasta el 15 de diciembre para concertar el incremento salarial (de lo contrario lo haría el presidente Gustavo Petro vía decreto). Las cifras están, la voluntad está… Se percibe un ambiente favorable para que se le dé un buen aumento al mínimo, sin embargo, el fantasma de la inflación permanece y con él la amenaza de que esta subida en los ingresos se pueda perder en cuestión de meses.
¿Qué hacer?
Como un acto atípico, la mesa se ha propuesto revisar otros componentes que van más allá del salario mínimo para intentar mantener el poder adquisitivo que se recupere en estas concertaciones. Para encontrar esos factores hay que tener en cuenta en qué sectores (que ya fueron descritos antes) y a quienes les está pegando más fuerte la inflación.
La información entregada del DANE refleja que el grueso de la población ocupada (el 43,1 %) recibe menos de un salario mínimo al mes, esto son más de 9,43 millones de personas. También están los que reciben un salario mínimo, que representan el 15,7 % de la población ocupada, es decir, 3,42 millones de personas; los de un salario a un salario y medio (16,4 %, 3,59 millones de personas); los de un salario y medio a dos salarios (6,9 %, 1,55 millones); los de dos a tres salarios (5,4 %, 1,2 millones); los de tres a cinco salarios (4,5 %, 1 millón); los de cinco a ocho salarios (1,7 %, 384.000); los de ocho a 10(0,5 %, 113.000), y los de más de 10 millones (180.000).
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En suma, puede decirse que seis de cada 10 personas ocupadas en el país reciben un salario mínimo, o menos, al mes. Con una inflación tan disparada, no hay que ser un experto para decir que en 2022 han hecho malabares para mantener la economía de sus hogares a flote.
Es más, el DANE precisa que en el último año la inflación se ha sentido más en los hogares en condición de pobreza monetaria, para quienes el alza en los precios ha tenido un promedio del 14,34 %, seguidos de los hogares en condición de vulnerabilidad (14,17 %), los de clase media (12,69 %) y los de ingresos altos (10,97 %).
En síntesis, los datos muestran que en Colombia la brecha salarial es impresionante y que la inflación no la experimentan todos por igual.
Entendiendo esto, el Ministerio del Trabajo celebra que desde el Gobierno se quiera brindar un subsidio del 20 % para insumos agrícolas a los pequeños productores de las zonas rurales del país, quienes se han visto más afectados por la ola invernal. La tesis detrás de esta apuesta es que si se abaratan sus costos de producción se lograría una reducción en el precio final de los alimentos.
Por su parte, el presidente de Fenalco se suma a la propuesta (porque también la han expuesto la centrales obreras) de que se revise y baje la tasa de usura en el país. Cabal considera que esta no está aportando en nada a la lucha contra la inflación, pues aunque en teoría se sube para desincentivar el consumo, lo que está haciendo es presionando la carestía en quienes tienen créditos de consumo y apagando las ventas de los comercios.
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El presidente de la CUT, Francisco Maltés, también propone que se revise la fórmula con la que se calcula el costo de la energía en el país, pues no solo es parte de los servicios que más están impulsando la inflación (su incremento fue del 25,77 %), sino porque le parece injusto que en esas cuentas se están incluyendo las pérdidas de las empresas. “Los costos de cada kilovatio deben calcularse teniendo en cuenta el costo más bajo, y no el más alto, como lo hacen las empresas generadoras”, propone el líder sindical”, quien agrega que el precio de los medicamentos también debería revisarse, pues solo los que tienen que ver con el control de la natalidad han aumentado en un 500 %.
No obstante, la que pareciera ser la propuesta más ambiciosa en esta materia es la de la desindexación de ciertos productos y servicios del salario mínimo, es decir, que el aumento que vayan a tener el próximo año no sea el mismo que tendrá el sueldo de los trabajadores.
Sobre este tema se espera que el 6 de diciembre se conozca el detalle de la lista de los productos y servicios que tendrán una desindexación del salario mínimo. Hay que decir que este es un punto en el que se ha intentado avanzar en las últimas semanas con el Ministerio de Hacienda, a ver si así se logra ponerle un freno a la inflación.
Habría que ver si a esta lluvia de ideas también se suman las administraciones locales, pues las cifras de la inflación también reflejan que su coletazo se siente con más fuerza en territorios como Cúcuta, Riohacha, Valledupar, Santa Marta y Sincelejo.
En suma, la inflación es un desafío que requiere la intervención de varios factores. De la lucha por mitigarla depende que el próximo año el aumento salarial que se les dé a los trabajadores no se les pierda como agua entre las manos.