La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) recibió un duro golpe con la nulidad del nombramiento de Omar Prias como experto comisionado de la CREG que ordenó el Consejo de Estado en un fallo de esta misma semana. Prias se desempeñaba como director ejecutivo de la entidad.
Para este punto, la CREG cuenta con sólo un comisionado más nombrado por el Gobierno, pero que aún no se ha posesionado. También hay uno más, que no se encuentra nombrado, sino que está por encargo (periodo que se vence, por cierto, la próxima semana).
De acuerdo con el fallo del Consejo de Estado, Prías no tendría el tiempo suficiente requerido como asesor o consultor en el sector energético (que, dice el fallo, es de 42 meses, cuando la norma establece un mínimo de 72 meses).
Los líos en la CREG
Para este punto, en dos años de Gobierno, la CREG no ha podido contar con quórum total de expertos comisionados nombrados en propiedad. La entidad se ha valido de encargos y prórrogas para poder seguir operando, pero para este momento se asoma al hecho de contar con una vacancia total (pues hay un nombramiento sin posesión y un encargo que se acaba prontamente).
La Comisión es fundamental para el sector de energía y gas, tiene la función de regular la prestación de los servicios públicos, promover la competencia y defender a los consumidores. Entre otras cosas, es clave para resolver el tema álgido de las altas tarifas de energía.
Las funciones de la CREG incluyen preparar proyectos y recomendarle al Gobierno la adopción de los decretos reglamentarios que se necesiten, asegurar la sana competencia en la prestación de los servicios públicos y fijar las normas de calidad a las que deben ceñirse las empresas.
Nació en 1994, como resultado de las malas decisiones y las incidencias climáticas que llevaron al apagón nacional de los años 90 (con la introducción de la famosa hora Gaviria). Desde 2011 tiene, además, funciones relacionadas con la cadena de combustibles líquidos. Por ejemplo, las resoluciones con las que se incrementan los precios de la gasolina o el diésel en Colombia son publicadas por la propia CREG (aunque van en concordancia con medidas y disposiciones de los ministerios de Minas y Hacienda, por ejemplo).
La CREG debería estar integrada por seis expertos comisionados, además de los representantes del Gobierno (el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; y el Director del DNP, Alexander López Maya).
El panorama en la CREG ha despertado todo tipo de alarmas y preocupaciones, tanto en organismos de control, como en gremios del sector.
Por ejemplo, en febrero de este año, empresas del renglón energético le enviaron una carta al Gobierno en la que aseguraron que la Comisión “viene funcionando a media marcha, con un Comité de Expertos integrado principalmente por funcionarios interinos y sin dedicación exclusiva, y cuyos limitados períodos de actuación, han llevado a varios ciclos de vacancias que han impedido, en más de una ocasión, la integración del quórum exigido para la adopción de decisiones”.
En ese momento, los gremios del sector energético ya advertían que “nos enfrentamos, nuevamente, a la imposibilidad, por falta de quórum, de que la CREG pueda adoptar decisiones y, por ende, expedir la regulación sectorial indispensable para el adecuado funcionamiento de los mercados de energía eléctrica y gas natural, pues de los seis cargos de expertos que la integran, solo uno está provisto”.
El escenario, unos seis meses después es un poco el mismo, sino incluso un poco peor.
Justo esta semana, la Procuraduría pidió abrir un incidente de desacato en contra el presidente Gustavo Petro y el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales para obligar al Gobierno a cumplir una orden judicial que ya les había ordenado nombrar a expertos en la CREG.
Según el oficio que presentó la Procuraduría, el presidente Petro y el ministro Camacho habrían incumplido una sentencia del pasado 25 de enero del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que además fue confirmada por el Consejo de Estado en mayo pasado, que les había dado 30 días para nombrar a seis expertos en esa Comisión. Pero el plazo pasó y los nombramientos no se dieron.
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