“La culpa es de Ud. como cabeza del Mintic”: citante al debate de control político

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, volvió al Congreso de la República a rendir cuentas sobre lo sucedido con el polémico y billonario contrato con la unión temporal Centros Poblados. El martes 24 de agosto la cita fue con la Comisión Sexta del Senado. Este miércoles, asistió a la misma comisión, pero en la Cámara.

Lea más sobre esto: Control político a Mintic: Abudinen dice que fiducia debe responder

Los congresistas, principalmente los citantes, hicieron un recuento de los hechos y pidieron respuestas en relación con el contrato para conectar y operar por 11,5 años más de 7.000 escuelas rurales, adjudicado en diciembre pasado a Centros Poblados, unión temporal a la que se le caducó el contrato y que ahora es investigada por delitos e irregularidades.

La participación en el proceso por parte de un asesor de uno de los 10 proponentes que al mismo tiempo era asesor de la ministra; las advertencias que se hicieron sobre la falta de idoneidad de las empresas integrantes de la unión temporal; el cambio en las razones sociales de algunas de estas, así como el punto que desató el escándalo: la presentación de garantías presuntamente falsas y el desembolso del anticipo por $70.000 millones (con un certificado bancario de 2017)... Todos estos puntos fueron destacados durante la sesión.

Algunos representantes, como Martha Villalba, del partido de la U, respaldaron la gestión de la ministra. Villalba mencionó que fue la propia cartera la que ante la Fiscalía denunció las irregularidades encontradas. Emeterio Montes, del Partido Conservador, hizo un llamado a no “prejuzgar” y no quitarle importancia al principio de buena fe. Dijo, además, que en una entidad tan grande y técnica como el Mintic “pueden pasarse ciertas circunstancias”, aunque reconoció que lo sucedido es “grave y bochornoso”.

León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde y uno de los citantes, respondió con indignación a la intervención de Montes. “¿Le parece poquito? A mí no”, le dijo en referencia a todo lo ocurrido con este contrato, que tiene un valor superior al billón de pesos. Agregó que no pretende asignarle una responsabilidad penal a la ministra (en respuesta al llamado a no prejuzgar), sino una responsabilidad política y administrativa.

La ministra Abudinen, por su parte, insistió en que la respuesta del Ministerio ha sido eficaz, pues ha entregado información a los entes de investigación y de control y logró en cuestión de semanas la caducidad del contrato.

Sobre esto, la funcionaria contó en plena audiencia la decisión del juez de Puerto Colombia de rechazar la tutela presentada por Centros Poblados, que admitió ayer y que frenó por unas horas todas las actuaciones del ministerio en este caso. Dijo que por lo menos con cuatro tutelas el contratista está dilatando los procesos.

Acerca de la responsabilidad de otros actores, como la interventoría, dijo que también está rindiendo cuentas ante el ministerio. Insistió en que la firma SES Colombia, que fue contratada para analizar los riesgos y revisar las pólizas, le respondió a la cartera diciendo que en su momento dio visto bueno a los papeles, pues la autenticidad de un documento se presume mientras que nadie lo haya tachado de falso. La ministra dijo que la documentación estuvo publicada durante seis meses en el Secop y nadie “hizo
ningún comentario sobre la garantía”.

El representante Muñoz cerró su participación diciéndole a la ministra que se va “más convencido que antes de su responsabilidad política” en todo este asunto, pues, dijo, ella es la cabeza del Ministerio y era su función vigilar un contrato tan importante. Le pidió, finalmente, que reconozca que se equivocaron y no investigaron.

La ministra Abudinen se enfrentará a un debate de moción de censura el próximo 3 de septiembre en el Congreso. Mientras tanto, el país queda a la espera de la decisión sobre la tutela que el juez de Puerto Colombia envió a un juez civil del Circuito de Barranquilla, pero también de las determinaciones que tomen las autoridades en relación con Centros Poblados, así como del futuro del contrato.

Ayer se anunció que ETB y Skynet mantienen la propuesta que hicieron en la licitación y que están dispuestas a asumir el contrato con el Estado. Debido a que esas empresas ofrecieron menos centros conectados (en comparación con lo ofrecido por Centros Poblados), la ministra dijo en el debate de hoy: “Tenemos que hablar con el viceministro para que revisemos cómo podemos atender esos centros en los que ya generamos una expectativa para que todos los que tienen una expectativa puedan estar conectados”.

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, volvió al Congreso de la República a rendir cuentas sobre lo sucedido con el polémico y billonario contrato con la unión temporal Centros Poblados. El martes 24 de agosto la cita fue con la Comisión Sexta del Senado. Este miércoles, asistió a la misma comisión, pero en la Cámara.

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Los congresistas, principalmente los citantes, hicieron un recuento de los hechos y pidieron respuestas en relación con el contrato para conectar y operar por 11,5 años más de 7.000 escuelas rurales, adjudicado en diciembre pasado a Centros Poblados, unión temporal a la que se le caducó el contrato y que ahora es investigada por delitos e irregularidades.

La participación en el proceso por parte de un asesor de uno de los 10 proponentes que al mismo tiempo era asesor de la ministra; las advertencias que se hicieron sobre la falta de idoneidad de las empresas integrantes de la unión temporal; el cambio en las razones sociales de algunas de estas, así como el punto que desató el escándalo: la presentación de garantías presuntamente falsas y el desembolso del anticipo por $70.000 millones (con un certificado bancario de 2017)... Todos estos puntos fueron destacados durante la sesión.

Algunos representantes, como Martha Villalba, del partido de la U, respaldaron la gestión de la ministra. Villalba mencionó que fue la propia cartera la que ante la Fiscalía denunció las irregularidades encontradas. Emeterio Montes, del Partido Conservador, hizo un llamado a no “prejuzgar” y no quitarle importancia al principio de buena fe. Dijo, además, que en una entidad tan grande y técnica como el Mintic “pueden pasarse ciertas circunstancias”, aunque reconoció que lo sucedido es “grave y bochornoso”.

León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde y uno de los citantes, respondió con indignación a la intervención de Montes. “¿Le parece poquito? A mí no”, le dijo en referencia a todo lo ocurrido con este contrato, que tiene un valor superior al billón de pesos. Agregó que no pretende asignarle una responsabilidad penal a la ministra (en respuesta al llamado a no prejuzgar), sino una responsabilidad política y administrativa.

La ministra Abudinen, por su parte, insistió en que la respuesta del Ministerio ha sido eficaz, pues ha entregado información a los entes de investigación y de control y logró en cuestión de semanas la caducidad del contrato.

Sobre esto, la funcionaria contó en plena audiencia la decisión del juez de Puerto Colombia de rechazar la tutela presentada por Centros Poblados, que admitió ayer y que frenó por unas horas todas las actuaciones del ministerio en este caso. Dijo que por lo menos con cuatro tutelas el contratista está dilatando los procesos.

Acerca de la responsabilidad de otros actores, como la interventoría, dijo que también está rindiendo cuentas ante el ministerio. Insistió en que la firma SES Colombia, que fue contratada para analizar los riesgos y revisar las pólizas, le respondió a la cartera diciendo que en su momento dio visto bueno a los papeles, pues la autenticidad de un documento se presume mientras que nadie lo haya tachado de falso. La ministra dijo que la documentación estuvo publicada durante seis meses en el Secop y nadie “hizo
ningún comentario sobre la garantía”.

El representante Muñoz cerró su participación diciéndole a la ministra que se va “más convencido que antes de su responsabilidad política” en todo este asunto, pues, dijo, ella es la cabeza del Ministerio y era su función vigilar un contrato tan importante. Le pidió, finalmente, que reconozca que se equivocaron y no investigaron.

La ministra Abudinen se enfrentará a un debate de moción de censura el próximo 3 de septiembre en el Congreso. Mientras tanto, el país queda a la espera de la decisión sobre la tutela que el juez de Puerto Colombia envió a un juez civil del Circuito de Barranquilla, pero también de las determinaciones que tomen las autoridades en relación con Centros Poblados, así como del futuro del contrato.

Ayer se anunció que ETB y Skynet mantienen la propuesta que hicieron en la licitación y que están dispuestas a asumir el contrato con el Estado. Debido a que esas empresas ofrecieron menos centros conectados (en comparación con lo ofrecido por Centros Poblados), la ministra dijo en el debate de hoy: “Tenemos que hablar con el viceministro para que revisemos cómo podemos atender esos centros en los que ya generamos una expectativa para que todos los que tienen una expectativa puedan estar conectados”.