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La ciudad colombiana de Cartagena de Indias, también conocida como La Heroica, ha sido un lugar de gestas históricas. Cartagena fue el primer territorio de Colombia en declarar su independencia de la Corona española y el segundo de Sudamérica. Se ganó ese apodo por su valerosa resistencia a los 105 días que duró el asedio de la ciudad por las fuerzas españolas en 1815. Dos siglos después, la ciudad será escenario de una Cumbre regional que marcará un hito en el camino hacia la cooperación tributaria de la región.
Se trata de la primera Cumbre de América Latina y el Caribe por una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, convocada por Colombia, y respaldada por los gobiernos de Brasil y Chile. Una Cumbre para enfrentar algunas de las injusticias tributarias más arraigadas que están en la base de las desigualdades estructurales que caracterizan a la región.
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En América Latina y el Caribe, como en el resto del mundo, no todos jugamos con las mismas reglas. Mientras una empresa local o un trabajador promedio tienen que pagar los impuestos que establecen las leyes de su país, las multinacionales o los más ricos pueden escapar a estas obligaciones mediante el uso de paraísos fiscales. Estas prácticas nos afectan a todos por la vía de reducir los recursos disponibles para combatir injusticias como el hambre, proveer servicios públicos como la salud o la educación o financiar las medidas que se requieren para afrontar la crisis climática.
Tax Justice Network estima que el mundo podría perder alrededor de US$4,7 billones en la próxima década producto de los abusos fiscales trasnacionales. Los Estados de América Latina y el Caribe tienen pérdidas directas al año de alrededor del 1,5 % del PIB regional producto de estos abusos. Los costos totales pueden ascender al 4,5 % del PIB anual de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Todas estas pérdidas se traducen en una mayor presión para que los Estados trasladen las cargas impositivas a los trabajadores y al consumo, vía impuestos indirectos como el IVA (impuesto al valor agregado), con lo cual se incrementan las desigualdades, pues las personas pagan la misma tarifa de IVA sin importar si son millonarias o pobres.
Desde el 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por encargo de las 20 economías más poderosas del planeta agrupadas en el G-20, puso en marcha una agenda para combatir las prácticas tributarias abusivas de las corporaciones, que consisten principalmente en buscar privilegios tributarios para pagar menos impuestos a los Estados. Apenas en el 2021 la OCDE logró liderar la firma de un acuerdo internacional para: 1) reasignar impuestos sobre multinacionales digitales (Netflix, Spotify, Amazon, entre otras) y 2) establecer una tarifa mínima efectiva global del 15 %. Sin embargo, ese acuerdo ha sido ampliamente criticado por no incorporar los intereses de los países de ingresos bajos y medios como los latinoamericanos. El acuerdo implica que estos países renuncien a adoptar una serie de medidas con las que podrían recaudar más ingresos.
En este escenario, la Cumbre convocada por Colombia ha despertado interés en el mundo entero. Si esta Cumbre da lugar a la creación de un espacio de coordinación permanente para unificar posiciones entre los países e implementar una agenda de cooperación tributaria regional, el esfuerzo habrá valido la pena.
¿Qué temas podría priorizar la Cumbre? Un primer punto tiene que ver con cómo América Latina y el Caribe se plantean su relación con el resto del mundo en temas tributarios. La región podría sumarse a la demanda por una Convención Tributaria de Naciones Unidas, y un cuerpo intergubernamental dentro de este organismo, que supere los problemas de inclusión y legitimidad que tiene la OCDE en este campo.
Un segundo punto tiene que ver con acordar una agenda de cooperación que les permita a los países hacer valer sus propias decisiones soberanas sobre cuántos impuestos recaudar y la distribución de esas cargas. En materia de tributación corporativa, esto implicaría definir un marco común para la adopción de impuestos a la economía digital mientras se negocia un mejor acuerdo global. También podría establecerse una hoja de ruta para fortalecer los mecanismos de intercambio automático de información, e implementar registros de beneficiarios finales. En materia de tributación a las personas naturales, la región podría acordar la construcción de un registro regional de activos que sirva como base para que haya impuestos efectivos sobre la riqueza.
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Finalmente, la región podría acordar mecanismos para alinear la agenda tributaria con otras de cooperación prioritarias que ya estén en marcha en el mundo. Esto incluye las discusiones sobre cómo enfrentar la emergencia climática, y en particular cómo acelerar una transición energética justa, financiar las políticas de adaptación y proteger ecosistemas estratégicos como la Amazonía.
Todo ello implicaría traducir los compromisos de la Cumbre en acciones que podrían abordarse en instancias como la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), la Cumbre de Presidentes sobre la Amazonía, entre otros espacios.
Los impuestos son un súperpoder que le permite a los Estados contar con recursos suficientes para afrontar sus prioridades más urgentes, redistribuir la riqueza y crear sociedades más igualitarias. Lograr un acuerdo regional en temas tributarios sería una gesta de la mayor importancia para que los Estados de la región puedan negociar en mejores condiciones frente al mundo y responder a las expectativas ciudadanas. Un hito histórico digno de los que ocurren en Cartagena.
* Encargado de Incidencia y política internacional, Tax Justice Network
** Investigadora de Justicia Fiscal, Dejusticia
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