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Hace más de una década se anunció que la movilidad entre Mulaló y Loboguerrero, en el Valle del Cauca, mejoraría de la mano de una vía de cuarta generación (4G) para la cual se destinaron $3,4 billones. Se trata de un proyecto de casi 32 kilómetros de vía que prometía reducir en hora y media los tiempos de desplazamiento entre Cali y Buenaventura, pero que solo quedó en eso: en planos. Las obras nunca iniciaron y, a la fecha, no se tiene ni un metro de asfalto. Para más inri, se necesitan más recursos de la Nación si se quiere destrabar el proyecto.
Intentos para sacar del limbo a la vía Mulaló-Loboguerrero ha habido varios. Uno de los más recientes se remonta a agosto de este año, cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pidió recursos adicionales al Gobierno Nacional, cuya respuesta fue negativa. Esto ha llevado a que se baraje la posibilidad de la terminación anticipada del contrato con Covimar, la concesionaria a cargo del proyecto.
La semana pasada, la Contraloría General de la República advirtió que terminar el contrato llevaría a un detrimento de recursos públicos por el orden de $700.000 millones, los cuales corresponden a los estudios y diseños de la fase de preconstrucción que ya se han realizado y que, si se desechan (lo que ocurriría con la terminación del contrato) tendrían que volver a hacerse.
La pregunta sobre las demoras en el inicio de las obras nos remite a Covimar, la concesionaria a cargo de la vía Mulaló-Loboguerrero. Los directivos insisten en que buena parte del dinero ya girado por la Nación se utilizó en la elaboración de estudios y diseños, consultas previas, licencias ambientales y compra de predios.
A través de una carta a la Contraloría, Covimar explicó que los retrasos de siete años en las obras se deben a los trámites de licencias ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), lo cual incrementó el costo total del proyecto.
Además, según la concesionaria, el paso del tiempo, junto con los efectos de la inflación y el incremento en los costos de construcción, ha provocado que iniciar la obra actualmente represente un costo significativamente superior al valor pactado en el contrato firmado hace casi una década, lo que hace necesario un ajuste en los precios.
Alberto Mariño, presidente de la concesión, le dijo a La W que la ANI pretende que las obras se realicen 10 años después por el mismo precio acordado inicialmente, “algo absolutamente imposible”.
La encrucijada
¿Qué es mejor: terminar el contrato o insistir en una obra paralizada? Esta es la pregunta que Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, le hizo este jueves 21 de noviembre a la Contraloría por los problemas en torno a la vía Mulaló-Loboguerrero.
Según Bonilla, la concesión todavía cuenta con recursos. En palabras del ministro, unos $2 billones han estado guardados por “varios años” en fiducias. “Y los van a seguir teniendo guardados, porque los contratistas dicen que ellos no pueden hacer la obra. ¿Qué es mejor? Que lo evalúe la Contraloría”, indicó.
Entre tanto, el asunto ha llevado a que varios gremios del Valle del Cauca se pronuncien sobre qué hacer para destrabar el proyecto Mulaló-Loboguerrero.
Por ejemplo, María Isabel Ulloa, directora de Propacífico, se mostró a favor de seguir adelante con las obras, dada la importancia del proyecto. “Queremos que se haga, necesitamos que se realice”, indicó Ulloa, quien aseveró que por las demoras de siete años relacionadas con las consultas a comunidades y el proceso de licencia ambiental, se debe hacer un ajuste económico a la concesión.
Actualmente, el contrato se encuentra en un tribunal de arbitramento, donde los jueces decidirán si debe liquidarse o continuar con un ajuste en sus costos.
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