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Hace dos semanas el DANE informó que en 2020, año marcado por la pandemia, 3,5 millones de personas en Colombia cayeron en la pobreza. La desalentadora cifra de 21,2 millones de habitantes en total en esa condición puso en segundo plano otro resultado estadístico, que sorprendió sobre todo a quienes estudian los temas de pobreza y desigualdad: la pobreza rural no solo no aumentó como se temía, sino que cayó alrededor de cinco puntos: pasó de 47,5 % en 2019 a 42,9 % en 2020.
Como dice Blanca Cecilia Zuluaga, directora del doctorado en Economía de los Negocios de la Universidad Icesi, “en 2020, el sueño de cerrar la brecha rural urbana se cumplió de una manera muy desafortunada: no ocurrió porque la pobreza rural cayera a los niveles de la urbana, sino porque la urbana se incrementó 10,1 puntos porcentuales, alcanzando los mismos niveles históricamente elevados de la pobreza rural”.
Efectivamente, las cifras presentadas por el DANE mostraron que la trepada de la pobreza monetaria fue un fenómeno principalmente urbano: el COVID fue en especial devastador para las ciudades. Por supuesto, la pregunta que surge ante estas cifras es cómo es posible que la pobreza rural, históricamente más alta que la urbana, haya caído y en la magnitud en que lo hizo. ¿Dónde quedaron los vínculos urbano-rurales? ¿La crisis de las ciudades no afectó el campo?
Entre economistas parece haber una especie de consenso en que las transferencias monetarias (como Ingreso Solidario, Familias en Acción, etc.) hechas a los hogares en el marco de la emergencia por el COVID tuvieron todo que ver, al igual que el hecho de que las actividades agropecuarias (que proveen más del 60 % del empleo rural) no pararan en ningún momento de la pandemia. Sin embargo, podría haber otras razones, así como existen interrogantes sobre la sostenibilidad de este comportamiento.
Es preciso recordar que en 2020 el producto interno bruto se desplomó 6,8 %; sin embargo, el agro estuvo entre las pocas actividades que tuvieron una variación positiva: creció 2,8 %. Las actividades agropecuarias siempre estuvieron entre las excepciones a los confinamientos, al tiempo que un producto como el café (cultivo al que se dedican unas 550.000 familias en Colombia) registró sus mejores precios internos de la historia, alrededor de $1.400.000 por carga.
Por otro lado, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, ha explicado que sin los apoyos monetarios del Gobierno la pobreza rural habría subido hasta el 50 %. En otras palabras, Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión SAS, explica que las transferencias monetarias mitigaron 7,1 puntos de la pobreza rural y casi 10 de la pobreza extrema. Vale la pena mencionar que alrededor del 30 % de Ingreso Solidario, por ejemplo, ha ido dirigido a hogares rurales.
Angulo resume el resultado de la incidencia de la pobreza monetaria rural como una combinación de un PIB agropecuario que nunca dejó de crecer y la recepción de apoyos monetarios. Con una particularidad: ayudas como Ingreso Solidario tienen un monto “plano para todo el país”. Es decir, un hogar urbano y uno rural reciben los mismos $160.000 mensuales.
No obstante, las líneas de pobreza (valor para suplir las necesidades calóricas mínimas y otros bienes y servicios) urbanas y rurales son distintas. En las cabeceras es de $369.688 en promedio y en la ruralidad es de casi la mitad, $199.828. Es decir, un giro de Ingreso Solidario por poco iguala la línea de pobreza rural, pero supera la línea de pobreza extrema rural ($112.000). Bastaría con eso para “salir” de la pobreza extrema en el campo.
Ángela María Penagos, directora de la Iniciativa en Sistemas Agroalimentarios de la Universidad de los Andes, señala que “en efecto, las ayudas institucionales, tanto las ordinarias como las extraordinarias, tuvieron un impacto en esa caída en la pobreza tan significativa. Pero aun sin las ayudas la pobreza rural se hubiera incrementado mucho menos que la urbana”. Entre sus hipótesis, menciona los nuevos circuitos de comercialización, en ciudades pequeñas o intermedias, que se pudieron haber encontrado ante el cierre de mercados urbanos. Esto, sin embargo, requeriría de mayor estudio, aclara Penagos.
En todo caso, señala los ingresos que el buen comportamiento de productos como el café pudieron haber dejado, “más aun teniendo en cuenta que la línea de pobreza es tan bajita”. Y es aquí en donde llama a una reflexión: “¿Por qué es tan bajita la línea de pobreza en lo rural? Eso nos pone ante la situación de que el problema rural es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Estoy de acuerdo en que las líneas de pobreza tienen que ser diferenciadas territorialmente, pero es muy fuerte que sea la mitad. No creo que el costo de vida en el campo sea exactamente la mitad; habría que verlo. Y, además, (las líneas) no son diferenciadas regionalmente: no es lo mismo ser pobre en la sabana de Bogotá que en el sur de Bolívar”.
Por otro lado, la estadística sin duda “choca” con la realidad. Así lo menciona Luis Alejandro Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), para quien no cobra mucho sentido que se diga que la pobreza bajó mientras que se han desplomado los precios de productos como la papa, fuente de ingreso para unas 100.000 familias, y de otros alimentos, sumado a que no en todos los casos se ha cumplido con los alivios de las obligaciones financieras. Sobre los apoyos monetarios insiste en lo que le dijo a El Espectador hace cerca de seis meses: “Hemos visto que alguna parte de esos apoyos han llegado a los productores, pero uno no deja de escuchar ‘a mí no me llegó’”.
Angulo y Penagos, por otro lado, están de acuerdo en que la caída de la pobreza que se vio el año pasado no es sostenible, pues, si se “cortan” las transferencias, se dispararían las estadísticas. Zuluaga señala que “para que el impacto de las transferencias en la pobreza rural sea duradero, se requiere que las transferencias monetarias se mantengan y amplíen su cobertura. La sostenibilidad depende de la nueva propuesta de reforma tributaria que presente el Gobierno, en la que debe primar el incremento del recaudo a la población más rica y un compromiso serio del Gobierno de reducir gastos innecesarios, una lucha franca contra la corrupción –que se lleva $50 billones al año según datos de la Contraloría–, eliminación de exenciones que hacen regresivo el sistema tributario y control a la evasión”.
Hacia futuro, Angulo señala que si los mercados urbanos no se recuperan, los hogares rurales pueden verse afectados. Pone como ejemplo aquellos que se sostienen con una mezcla de ingresos entre la producción rural y el dinero que los hijos o algún integrante del hogar envían desde la ciudad. Para eso, agrega, es importante hablar de inclusión productiva. “No es con ayudas que vamos a bajar la pobreza urbana, porque las ayudas no pueden sustituir el aparato productivo”. Y hace especial énfasis en la juventud, la población más afectada por el desempleo. Para él, es clave generar una gran plataforma que una las “piezas despegadas”, en referencia a programas como Generación E, Jóvenes en Acción, entre otros.
Según Zuluaga, por otro lado, para la lucha contra la pobreza en el campo “lo más importante es implementar los compromisos que para la zona rural se plasmaron en el Acuerdo de Paz. Lo que en el capítulo del sector rural está consignado, recoge en buena parte las sugerencias que han realizado muchos investigadores e investigadoras del país expertos en el tema de tierras, así como las misiones internacionales que se formaron a mediados del siglo pasado”. En un sentido similar, Angulo señala la importancia de seguir una estrategia de desarrollo rural que no dependa solo de lo agropecuario y que tenga en cuenta a las zonas más “desconectadas”, para lo cual, dice, los PDET llevan la tarea bastante adelantada.