“La gasolina la ponemos nosotros”

El mayor de los colmos en Cúcuta sería que el líder de los pimpineros tuviera que tanquear en una bomba oficial. Esto está a punto de suceder, ahora que con el cierre de la frontera no entra mucha gasolina desde Venezuela. Los pimpineros, que normalmente inundan las calles de la ciudad vendiendo combustible venezolano, casi no se ven por estos días. Los pocos que hay venden la pimpina (seis galones) a $60 mil, cuando el precio normal es de $18 mil. A falta de pimpineros los carros van a las bombas oficiales y es la primera vez en Cúcuta que alrededor de estas estaciones, usualmente desoladas (porque todo el mundo tanquea con pimpinas) hay filas kilométricas.

De pimpinero en pimpinero dimos con la casa de José Abel Correa, su líder en Norte de Santander, presidente hace seis años de la organización sindical Sintragasolina. Trata de no mover mucho la moto, para no gastar combustible, y dice que si la frontera sigue cerrada, el desempleo de los pimpineros sumado a la cantidad de connacionales deportados se traducirá en un enorme problema social.

¿Cómo están organizados los pimpineros?

Empezamos con una cooperativa y dos organizaciones sindicales. La cooperativa la creó el Gobierno en 2009 para solucionar la problemática social de la población pimpinera de Norte de Santander. Lamentablemente el proyecto se desvió del objetivo: que los pimpineros salieran de las calles, con un verdadero proceso de reconversión. Al ver lo sucio que nos estaban jugando, se creó la organización sindical Sintragasolina. Nos hemos parado de frente al gobierno local y departamental, y a la misma Fuerza Pública, teniendo en cuenta que nuestra actividad, el contrabando, es ilegal según el Código Penal.

Así que tienen un reconocimiento, pero no están del todo legalizados. ¿Cómo es eso?

En diferentes oportunidades, durante la administración de Sergio Entrena como gobernador de Norte de Santander, se pagó una sobretasa para poder comercializar el combustible de contrabando. En el gobierno de Ramiro Suárez como alcalde de Cúcuta, en 2000, también se cobró una sobretasa por cada pimpina vendida. Así se ha legalizado. Como es una población tan grande, porque hablamos de más de 6.000 pimpineros en Norte Santander y más de 30.000 en todo el eje fronterizo, la Constitución permite organizarnos como población. Nuestra organización sindical es 100% legal y forma parte de la Confederación General del Trabajo.

¿Cómo los afecta el cierre fronterizo?

Nos pega duro y lo lamentamos. Norte de Santander tiene un consumo aproximado de 14 millones de galones mensuales. El Gobierno envía una gasolina con menos precio, subsidiada, para el parque automotor, pero sólo manda 3’500.000 galones. El resto son pimpinas, la gasolina la ponemos nosotros. Los pimpineros beneficiamos al parque automotor durante varias décadas, porque este oficio está hace más de 50 años en las calles y es el trabajo y sustento de demasiadas familias en todo el eje fronterizo. Pero lo que rechazamos no es sólo que alrededor de 6 mil familias se vean afectadas. El 75% o más de la población de Norte de Santander vive de la informalidad. Hoy, en el departamento casi no hay empresas, no hay industrias que generen empleo.

¿Qué ha hecho el Gobierno?

No se ha enfocado tanto en resolver el problema general del contrabando o el específico de la gasolina, a raíz de que en últimas es ganador. Como el parque automotor consume 14 millones de galones sólo en Norte de Santander, y envían 3’500.000, pues les sale barato al Gobierno y al mismo Ecopetrol. Por eso no han querido resolver la problemática social y de contrabando de combustible en la frontera. Han salido con programas nefastos de reconversiones. Ahora quieren impulsar uno nuevo, pero necesitamos que se concerte con el gremio de pimpineros para que funcione. Normalmente les entregan los programas a mafias políticas o manos criminales. En Norte de Santander se han malgastado más de $13 mil millones en esos programas.

¿Qué ha hecho el gobierno de Venezuela frente a los pimpineros?

Como pimpineros somos estacionarios, estamos en nuestros puestos de venta en el lado colombiano. Allá llegan carros particulares de Venezuela a descargar el combustible. Son personas que viven del rebusque, van y tanquean al otro lado de la frontera y vienen y venden la pimpina. El pimpinero la revende y le saca algo para su sustento. El problema de fondo con el cierre de frontera radica en que el gobierno de Maduro ha sido el más corrupto de todos los tiempos. Su Fuerza Pública opera en conjunto con las bandas criminales, con toda la delincuencia que hay en el eje fronterizo. Ellos son los que permiten el contrabando a gran escala, que no pasa por las trochas sino por los puentes internacionales. Maduro sabe que puede perder las elecciones de diciembre y las va a perder, porque su gestión ha sido pésima. Esta tragedia hace parte de una estrategia electoral.

¿Qué pasa por las otras trochas?

El gobierno venezolano las conoce perfectamente. En el eje fronterizo se sabe que hay más de 23 componentes de contrabando, se pasa cemento, gravilla, mercado, gasolina, de todo, pero en pequeñas cantidades. Aquí no podemos decir que en esas trochas hay contrabando.

¿Entonces nos equivocamos al pensar en los pimpineros como un cartel?

Somos la cadena más débil del mercado. Hemos querido trabajar al ojo público, sin escondernos, porque consideramos que es la manera de conseguir el sustento en una frontera binacional. Somos una población vulnerable, sin garantías del Gobierno. Gente pobre que busca sobrevivir trabajando al sol y al agua termina siendo el rostro visible de las grandes mafias. Si necesitan un positivo, ¿qué mejor el pimpinero indefenso?

¿Qué va a pasar si no abren la frontera?

Esa es la gran pregunta, sabiendo que más del 75% o más de la población en Norte de Santander vive del rebusque, del contrabando, de la frontera. Si no nos traen solución, esto va para algo grave. Además, con las deportaciones se incrementan las personas que no tienen nada que hacer, y de que no hay oportunidades, la gente se desespera. En algún momento la bomba estallará. Por eso el llamado es contundente: queremos una solución real.

¿Quiénes son los pimpineros?

Un pimpinero es una persona pobre. Es el que vende 10 o 20 pimpinas en la calle para tener un sustento para su familia. Si hablamos de un gran magnate, que almacena 5 mil pimpinas, ya éste es un contrabandista. Un pimpinero puede ser un campesino que le ha tocado dejar sus tierras a raíz del conflicto armado en Colombia; puede ser alguien de un barrio donde no tiene ninguna opción de empleo, porque no tiene educación; puede ser una persona que no consigue empleo digno, porque en Norte de Santander no hay industria. O se convierte en delincuente o busca la manera de autoemplearse. Este es un trabajo que nos ha costado demasiado. Las bandas criminales nos han asesinado a varios compañeros. Como muchos no estaban vinculados formalmente a la organización sindical, no se pueden hacer las denuncias. Llevamos 11 asesinados desde 2011, varios amenazados y tres heridos por negarse a pagar cuotas extorsivas. Si hay bandas criminales en el Estado colombiano o en el eje fronterizo, donde hacemos nuestra labor, es culpa 100% del Estado, que es el que tiene leyes y armas para combatirlas. Lamentablemente, las mismas operan con la Fuerza Pública. Para nadie es un secreto.

El mayor de los colmos en Cúcuta sería que el líder de los pimpineros tuviera que tanquear en una bomba oficial. Esto está a punto de suceder, ahora que con el cierre de la frontera no entra mucha gasolina desde Venezuela. Los pimpineros, que normalmente inundan las calles de la ciudad vendiendo combustible venezolano, casi no se ven por estos días. Los pocos que hay venden la pimpina (seis galones) a $60 mil, cuando el precio normal es de $18 mil. A falta de pimpineros los carros van a las bombas oficiales y es la primera vez en Cúcuta que alrededor de estas estaciones, usualmente desoladas (porque todo el mundo tanquea con pimpinas) hay filas kilométricas.

De pimpinero en pimpinero dimos con la casa de José Abel Correa, su líder en Norte de Santander, presidente hace seis años de la organización sindical Sintragasolina. Trata de no mover mucho la moto, para no gastar combustible, y dice que si la frontera sigue cerrada, el desempleo de los pimpineros sumado a la cantidad de connacionales deportados se traducirá en un enorme problema social.

¿Cómo están organizados los pimpineros?

Empezamos con una cooperativa y dos organizaciones sindicales. La cooperativa la creó el Gobierno en 2009 para solucionar la problemática social de la población pimpinera de Norte de Santander. Lamentablemente el proyecto se desvió del objetivo: que los pimpineros salieran de las calles, con un verdadero proceso de reconversión. Al ver lo sucio que nos estaban jugando, se creó la organización sindical Sintragasolina. Nos hemos parado de frente al gobierno local y departamental, y a la misma Fuerza Pública, teniendo en cuenta que nuestra actividad, el contrabando, es ilegal según el Código Penal.

Así que tienen un reconocimiento, pero no están del todo legalizados. ¿Cómo es eso?

En diferentes oportunidades, durante la administración de Sergio Entrena como gobernador de Norte de Santander, se pagó una sobretasa para poder comercializar el combustible de contrabando. En el gobierno de Ramiro Suárez como alcalde de Cúcuta, en 2000, también se cobró una sobretasa por cada pimpina vendida. Así se ha legalizado. Como es una población tan grande, porque hablamos de más de 6.000 pimpineros en Norte Santander y más de 30.000 en todo el eje fronterizo, la Constitución permite organizarnos como población. Nuestra organización sindical es 100% legal y forma parte de la Confederación General del Trabajo.

¿Cómo los afecta el cierre fronterizo?

Nos pega duro y lo lamentamos. Norte de Santander tiene un consumo aproximado de 14 millones de galones mensuales. El Gobierno envía una gasolina con menos precio, subsidiada, para el parque automotor, pero sólo manda 3’500.000 galones. El resto son pimpinas, la gasolina la ponemos nosotros. Los pimpineros beneficiamos al parque automotor durante varias décadas, porque este oficio está hace más de 50 años en las calles y es el trabajo y sustento de demasiadas familias en todo el eje fronterizo. Pero lo que rechazamos no es sólo que alrededor de 6 mil familias se vean afectadas. El 75% o más de la población de Norte de Santander vive de la informalidad. Hoy, en el departamento casi no hay empresas, no hay industrias que generen empleo.

¿Qué ha hecho el Gobierno?

No se ha enfocado tanto en resolver el problema general del contrabando o el específico de la gasolina, a raíz de que en últimas es ganador. Como el parque automotor consume 14 millones de galones sólo en Norte de Santander, y envían 3’500.000, pues les sale barato al Gobierno y al mismo Ecopetrol. Por eso no han querido resolver la problemática social y de contrabando de combustible en la frontera. Han salido con programas nefastos de reconversiones. Ahora quieren impulsar uno nuevo, pero necesitamos que se concerte con el gremio de pimpineros para que funcione. Normalmente les entregan los programas a mafias políticas o manos criminales. En Norte de Santander se han malgastado más de $13 mil millones en esos programas.

¿Qué ha hecho el gobierno de Venezuela frente a los pimpineros?

Como pimpineros somos estacionarios, estamos en nuestros puestos de venta en el lado colombiano. Allá llegan carros particulares de Venezuela a descargar el combustible. Son personas que viven del rebusque, van y tanquean al otro lado de la frontera y vienen y venden la pimpina. El pimpinero la revende y le saca algo para su sustento. El problema de fondo con el cierre de frontera radica en que el gobierno de Maduro ha sido el más corrupto de todos los tiempos. Su Fuerza Pública opera en conjunto con las bandas criminales, con toda la delincuencia que hay en el eje fronterizo. Ellos son los que permiten el contrabando a gran escala, que no pasa por las trochas sino por los puentes internacionales. Maduro sabe que puede perder las elecciones de diciembre y las va a perder, porque su gestión ha sido pésima. Esta tragedia hace parte de una estrategia electoral.

¿Qué pasa por las otras trochas?

El gobierno venezolano las conoce perfectamente. En el eje fronterizo se sabe que hay más de 23 componentes de contrabando, se pasa cemento, gravilla, mercado, gasolina, de todo, pero en pequeñas cantidades. Aquí no podemos decir que en esas trochas hay contrabando.

¿Entonces nos equivocamos al pensar en los pimpineros como un cartel?

Somos la cadena más débil del mercado. Hemos querido trabajar al ojo público, sin escondernos, porque consideramos que es la manera de conseguir el sustento en una frontera binacional. Somos una población vulnerable, sin garantías del Gobierno. Gente pobre que busca sobrevivir trabajando al sol y al agua termina siendo el rostro visible de las grandes mafias. Si necesitan un positivo, ¿qué mejor el pimpinero indefenso?

¿Qué va a pasar si no abren la frontera?

Esa es la gran pregunta, sabiendo que más del 75% o más de la población en Norte de Santander vive del rebusque, del contrabando, de la frontera. Si no nos traen solución, esto va para algo grave. Además, con las deportaciones se incrementan las personas que no tienen nada que hacer, y de que no hay oportunidades, la gente se desespera. En algún momento la bomba estallará. Por eso el llamado es contundente: queremos una solución real.

¿Quiénes son los pimpineros?

Un pimpinero es una persona pobre. Es el que vende 10 o 20 pimpinas en la calle para tener un sustento para su familia. Si hablamos de un gran magnate, que almacena 5 mil pimpinas, ya éste es un contrabandista. Un pimpinero puede ser un campesino que le ha tocado dejar sus tierras a raíz del conflicto armado en Colombia; puede ser alguien de un barrio donde no tiene ninguna opción de empleo, porque no tiene educación; puede ser una persona que no consigue empleo digno, porque en Norte de Santander no hay industria. O se convierte en delincuente o busca la manera de autoemplearse. Este es un trabajo que nos ha costado demasiado. Las bandas criminales nos han asesinado a varios compañeros. Como muchos no estaban vinculados formalmente a la organización sindical, no se pueden hacer las denuncias. Llevamos 11 asesinados desde 2011, varios amenazados y tres heridos por negarse a pagar cuotas extorsivas. Si hay bandas criminales en el Estado colombiano o en el eje fronterizo, donde hacemos nuestra labor, es culpa 100% del Estado, que es el que tiene leyes y armas para combatirlas. Lamentablemente, las mismas operan con la Fuerza Pública. Para nadie es un secreto.