Escándalo. Corrupción. Politiquería. Colombia ha presenciado el desarrollo de un caso que tiene varios protagonistas: a una ministra muy criticada desde cuando asumió su rol porque no tenía la formación técnica necesaria para liderar uno de los renglones de la economía más importantes justo en medio del uso de internet como vehículo para poder educarnos, trabajar, comprar en línea, pagar servicios públicos o comunicarnos de la manera más básica; por otro lado, a unos contratistas con $70.000 millones, del Estado, en su poder y con graves deficiencias en el cumplimiento de sus compromisos; un banco internacional, con operación en nuestro país, que dice no tener velas en este entierro; un intermediario asegurador que se mueve para salvar su propio pellejo, entes de control investigando y buscando a responsables, pero sobre todo a una Colombia rural engañada, que sigue confiando, por obligación y necesidad, en las buenas labores de los políticos que prometen y prometen pero no cumplen.
Así que para entender todo esto con hechos, en qué va el caso que nos debería preocupar a todos porque son recursos de todos, escribimos este boletín de noticias en donde las redacciones de Economía, Judicial e Investigación nos entregaron todos los artículos que han escrito y que les dejaremos a lo largo del texto, con muchos hipervínculos, a donde les recomendamos entrar para entender al detalle cada uno de los puntos relevantes. Comencemos.
Era 15 de agosto de 2020. Ese día el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, publicó el borrador del pliego de condiciones del proyecto Centros Digitales para recibir comentarios de los interesados. ¿De qué se trataba? De “garantizar el acceso gratuito al servicio de Internet inalámbrico WiFi para hasta 10.000 comunidades rurales con una operación a largo plazo y sin interrupciones”, nos decía este primer artículo en donde también nos contaban que “para lograrlo sería necesaria una inversión de $2,1 billones”.
1′300.000 estudiantes serían beneficiados. 7800 metros cuadrados de cobertura de alcance tendría cada punto para conectarse con dispositivos con Wifi.
Valeria Cortés, nuestra colega de Economía, hizo una radiografía de cómo nos conectábamos, para ese momento, los colombianos a internet, con la información más reciente posible. En nuestro país “internet no es considerado un servicio público. Al igual que la televisión por cable, llega solo a donde pueden pagar por él”, nos recordaba. A finales de 2019, cuando se asomaba la pandemia en los titulares, el total de accesos a internet móvil en Colombia alcanzaba los 30,9 millones, superando con creces los accesos fijos, que fueron de 6,96 millones. Y se definió la velocidad de la banda ancha en 25 Mbps de bajada mínimo para la descarga de datos y 5 Mbps de subida para cargar los archivos. Pero la realidad es que el promedio de descarga en Colombia era del 18,9 Mbps, muy por debajo de lo necesario.
Para el 27 de noviembre estaba citada la adjudicación de la operación de los 10.000 sitios que, en línea con la lógica de las necesidades, serían instalados en escuelas públicas y las comunidades aledañas con este proyecto que el Gobierno denominaba el de “conectividad rural más grande en la historia del país”. El proyecto se dividió en dos: una región contemplaba 16 departamentos y la otra, 17 (contando a Bogotá como departamento). Se trataba de dejar conectadas, también, a 45.000 sedes educativas públicas que hay en el país, garantizando el servicio a 10 años. Para ese momento la ministra de TIC, Karen Abudinen, fue clara en su postura: “Dejar a todo el mundo contento es muy difícil, pero el que más centros, tiempo y velocidad ofrezca será el que podrá tener mayor oportunidad en el proceso. Estoy tranquila porque lo hemos hecho a conciencia”. Según el Mintic, el proceso venía contando con el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría.
Ese día, el viernes, cuando ya se sabía qué empresas estaban compitiendo por el millonario contrato, fue aplazada la adjudicación. ¿Por qué? Porque uno de los proponentes, Unión Temporal (UT) Red Iris, aseguró que el informe de evaluación de las propuestas no había sido publicado sino hasta la medianoche anterior y que no se tuvo el tiempo suficiente para leerlo y adelantar el debido proceso. Las cosas no comenzaban bien. El lunes se aplazó de nuevo porque era obligatorio dar respuestas a las observaciones hechas al informe de evaluación, pero nuevamente se aplazó porque el país se enteró, en medio de la audiencia, de que un asesor de la ministra TIC era, a su vez, apoderado de uno de los proponentes. “El motivo de la controversia es que el apoderado de uno de los proponentes (Unión Temporal SES Inred, conformada por SES Telecomunicaciones de Colombia y Red de Ingeniería), el abogado Camilo Valencia, presta servicios de asesoría jurídica a la ministra TIC, Karen Abudinen, en el marco de un contrato con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año”, nos contaba la sección de Economía en este artículo que resume todos los detalles. Quedó entonces el proceso detenido hasta tanto se resolviera una recusación contra la ministra.
Dos días después nos enteramos de la respuesta del consejo de ministros a dicha recusación, para el nueve de noviembre fue público que Claro se quedó con la región A, y la Unión Temporal Centros Poblados se hizo a la región B, los dos como adjudicatarios del gran contrato. Aunque el proceso siguió su curso, para ese momento se inició indagación preliminar por parte de la Procuraduría con la finalidad de entender si hubo o no conductas indebidas. Con el camino despejado, hablamos de lo que significa en un país como Colombia llevar internet al campo donde incluso muchos niños tuvieron que educarse sin esta herramienta en medio de la pandemia:
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Inician indagación preliminar por supuesto conflicto de interés en licitación del Mintic
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El reto de llevar internet a las veredas durante la pandemia
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Contamos, entonces, la historia de San Pablo, en una vereda de Cundinamarca, donde la comunidad campesina había logrado tener acceso a internet pero gracias un grupo de universitarios y no por cuenta de un proyecto del Gobierno o de los operadores. “El campo siempre nos da a nosotros de comer y lo mínimo que podemos hacer por ellos es darles ayuda para que tengan la oportunidad de conectarse”, decía uno de los estudiantes que lideró el trabajo conjunto.
Comienza el escándalo de Centros Poblados
Pasaron seis meses y para mediados de junio estalló el escándalo. Según varias revelaciones periodísticas, el avance de obra no se estaba cumpliendo, para el 30 de abril no se había instalado ni un solo de los puntos digitales de los 750 que deberían estar listos en igual número de escuelas. Y, para sumar, esto permitió que Paola Herrera, de W Radio, revelara también que el contrato valorado en $1,07 billones había sido adjudicado usando garantías bancarias falsas. Ah, y un adicional: el Gobierno ya le había girado $70.000 millones a la Unión Temporal Centros Poblados. Ante la evidencia inocultable, el Ministerio, ya para finales de junio, denunció al contratista por la falsedad revelada por la prensa.
Para el 3 de julio el país se enteraba, medio asombrado medio acostumbrado, de este acto de corrupción. Entonces María Alejandra Medina, de la sección de Economía, se preguntaba de quién fue la culpa de que a un contrato millonario le metieran documentos falsos. Sí, por increíble que parezca. Para no ir tan lejos, el contratista dice que fue asaltado en su buena fe, pero todos los detalles están en este nutrido y contextualizado artículo.
“Le confirmo que el banco Itaú Corpbanca Colombia S. A. no está legitimado para obrar como garante dentro del proceso de la referencia, por cuanto la garantía bancaria N° 2020-1156-01002 no fue expedida por el banco”: Claudia Mercedes Cifuentes, representante legal de Itaú, en comunicación escrita al Gobierno.
El caso fue tomando más fuerza porque el país le exigía explicaciones al Gobierno, al Ministerio que estaba detrás de la estructuración del proyecto y, por supuesto, a los contratistas. “Unas garantías bancarias falsificadas, un anticipo de $70.243 millones que en su mayoría salió del país, una solicitud de caducidad, un contrato incumplido, un contratista diciendo que ha sido traicionado en su buena fe, una interventoría que parece no haber hecho su trabajo y un Ministerio en medio de una crisis enorme entrando al último año de la administración del presidente Iván Duque”. De esta forma resumía el editorial de El Espectador la situación comenzando agosto, el mes en el que todos empezaron a pasarse la pelota. Bien lo decía el mismo texto: “Lo fundamental y urgente es recuperar el dinero y entender qué ocurrió; después de eso, las responsabilidades penales y políticas tendrán que ser contundentes”. Difícil entender que nadie se diera cuanta de algo tan básico. Solo bastaba con hacer una llamada para verificar la autenticidad de los documentos.
Tres días después, tras una avalancha mediática, el contratista envió un comunicado de prensa para tratar de apaciguar el escándalo. “No es cierto que el anticipo recibido por valor de $70.000 millones esté embolatado o esté perdido como lo han manifestado algunos medios de comunicación, haciendo eco de la desinformación que ha incurrido MinTic, toda vez que dicho anticipo se ha destinado para realizar las adquisiciones de equipos necesarios para la ejecución del contrato”, decía la carta. Aseguraban que ya se había hecho despliegue de infraestructura y compra de equipos tecnológicos.
Ese mismo día el ministerio TIC confirmó la decisión de terminar el contrato con Centros Poblados porque, según la entidad, el contratista incumplió sus obligaciones y habría presentado “garantías inexistentes”. Nos decía el equipo de Investigación de El Espectador que “según el Mintic, Centros Poblados incumplió obligaciones que afectan la ejecución del contrato y pueden conllevar a su paralización. El principal factor que llevó a esta conclusión fue la inexistencia de garantías porque, aunque el contratista presentó tres expedidas por el banco Itaú, esta entidad financiera negó haberlas expedido. Por ende, la justicia penal ahora tendrá que verificar si se trata de una falsificación”.
Entonces se empezó a hablar de demandas contra el Estado, contra la ministra Abudinen; indagamos sobre a dónde fueron a parar los $70.000 millones, qué tenía que ver en todo esto un grupo empresarial de Barranquilla; de la falsificación de formatos bancarios y comunicaciones de entidades financieras, y de las acciones del contralor Córdoba, quien dirigió el caso a la unidad anticorrupción de la entidad, en donde se encuentran los funcionarios, peritos e investigadores más capacitados:
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El debate de la moción de censura
El 20 de agosto la Superfinanciera despertó ante tamaña telaraña y expidió una circular que ordenaba facilitar los procesos para verificar la autenticidad de garantías y que las entidades públicas lleven a cabo esa validación. Una vez más, increíble, pero cierto, y más aún cuando se trata de recursos públicos que debemos cuidar entre todos. El ente de control pidió a las entidades vigiladas “disponer de un punto de contacto telefónico o virtual para que las entidades del Estado puedan solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver las consultas que sobre el particular sean pertinentes”.
Cuatro días después en un debate de control político, en la Comisión Sexta de Senado, Karen Abudinen anunció que, tras la caducidad, ETB asumirá la conexión de las escuelas rurales y calificó a los contratistas de la Unión Temporal Centros Poblados como “delincuentes”. Sí, ETB, justo había resultado en segundo lugar después de que le adjudicaran el millonario contrato a Centros Poblados. ETB emitió un comunicado en el que señalaba que, junto con Skynet, mantiene su oferta y está dispuesta a asumir el contrato.
La Procuraduría apareció en escena. Como ente de control, su labor estaba enmarcada en la apertura de una investigación en contra de la ministra Karen Abudinen por las irregularidades en los contratos celebrados para la construcción de centros digitales. Pero la Red de Veedurías Ciudadanas Bien Común recusó a la procuradora Margarita Cabello porque, advirtió, Cabello tenía una relación personal con la ministra. “Que se separe de forma inmediata de todo lo concerniente a esta investigación”, detallaba el documento de 11 páginas.
El 24 de agosto el país se enteró de que un juez de tutela del Atlántico suspendía la decisión que había tomado el Mintic de declarar la caducidad del contrato.
Con la Contraloría y la Procuraduría haciendo lo suyo, esta última ya había abierto una indagación preliminar que “actualmente se encuentra en etapa probatoria para determinar eventual apertura de investigación”, también contamos qué estaba haciendo la Fiscalía: “la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía realizó en la tarde del martes 24 de agosto, una inspección en la sede de Mintic para recaudar la documentación relacionada con el contrato suscrito entre Mintic con la Unión Temporal Centros Poblados. Según explicó el ente investigador, la inspección se extendió por varias horas y en el trascurso de esta fueron entregados documentos físicos y material en medio magnético”, nos contaron nuestros colegas de la sección Judicial.
Al día siguiente pasó otra decisión judicial que, por el fondo y por la forma, también era noticia nacional. El mismo juez de tutela del Atlántico que había suspendido la caducidad del contrato, tomó una nueva decisión: rechazó la tutela presentada por la Unión Temporal Centros Poblados y le entregó el expediente a otro juez. Se trata del Juzgado 1° de Puerto Colombia quien entregó el expediente de tutela al Juez Octavo Civil de Circuito de Barranquilla, el competente natural para resolver el debate.
Mientras el país veía este lleva y trae de la justicia colombiana, el Gobierno aseguró que el contratista, con por lo menos cuatro tutelas, está dilatando todos los procesos que se adelantan en el marco de la investigación. Aparecieron responsabilidades contra la interventoría, quien también está rindiendo cuentas ante el Ministerio. Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y el apoderado de la unión temporal, Jorge Pino Ricci, en una rueda de prensa aseguraron que la caducidad no era procedente y que el Mintic había prejuzgado. La Procuraduría le mandaba mensajes al juez de Barranquilla, y apareció también, públicamente, el banco Itaú para aclarar que las garantías bancarias en el contrato tenían un contenido, forma, numeración y firmas que no corresponden a las usadas por la entidad en este tipo de procesos:
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“La culpa es de Ud. como cabeza del Mintic”: citante al debate de control político
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Judicial
Caso MinTIC: Procuraduría pide a juez de tutela no hacerle caso a Centros Poblados
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Banco Itaú insiste en que garantías del contrato de Centros Poblados eran falsas
El 27 de agosto apareció en medio de todo este debate la agencia de seguros que estuvo en la mitad de todo esto. Rave, como se llama, afirmaba que no tramita ese tipo de documentos ( garantía bancaria ) y que no conoce a Jorge Molina, el intermediario mencionado por el contratista (Unión Temporal Centros Poblados) acusado de presentar la garantía falsa para quedarse con el contrato que supera el billón de pesos. “La compañía no emite, nunca ha emitido, ni intermediado en la expedición de garantías bancarias”, decía en el comunicado de prensa.
Pocos minutos habían pasado cuando la Procuraduría abrió un nuevo capítulo: las empresas que conforman la Unión Temporal Centros Poblados tienen, además, ocho contratos con el Estado que estarían en alto riesgo de afectación. Centros Poblados está conformada por la Fundación Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, hoy Novotic (35%), ICM Ingenieros S.A.S. (35%), Intec de la Costa S.A.S. (15%) y Omega Buildings Constructura S.A.S. (15%). Todos los detalles de esta denuncia están aquí.
La ministra ha sido enfática en que gracias a su gestión y a sus adelantadas acciones es que se logró evidenciar los problemas de este contrato y las consecuencias graves que todo esto ha traído para el país. A decir verdad, es que esa es su labor, velar porque los recursos de los colombianos estén bien invertidos. Y eso implica no sólo buscar el flotador cuando el barco se está llenando de agua, sino saber navegar el barco para no estrellarse y averiar el casco para que se meta el agua y nos ahoguemos todos. Lo dijo también otro editorial de El Espectador: La negligencia no se borra con una diligencia tardía. Allí decía: “¿Nadie en el Mintic responderá por esa incapacidad para proteger los recursos de los colombianos? ¿Con qué cara se le presentan al país y le aseguran que algo así no ha ocurrido en el pasado ni volverá a pasar? No, no basta con tratar de recuperar el dinero; ni siquiera con recuperarlo en verdad, lo cual hoy no parece sencillo. La negligencia del proceso no se borra con remiendos tardíos”.
El domingo 29 de agosto la sección de Economía habló con Ernesto Matallana, apoderado de la interventoría, y Eliécer Mora, representante legal del consorcio, quienes dijeron contar con evidencia aportada por Centros Poblados con la que se probaría que 840 centros digitales han sido instalados (aunque la Unión Temporal afirma que son 1.002). Ese mismo día, porque no se tenía una declaración de ellos antes, recordaron que la diligencia en contra de Centros Poblados, en la que se reveló el asunto de la garantía tachada de falsa, surgió de un incumplimiento por parte del contratista pues el 30 de abril tendría que haber reportado, con fotos, videos y documentación, 773 puntos instalados. ¿Pero qué pasó? Que no reportaron ninguno, pidieron un nuevo plazo para cumplir la meta argumentando una situación de fuerza mayor, pero según el análisis del interventor, no era procedente”. Le pidieron al Mintic hacer una inspección física para comprobar que el dinero del anticipo no se “perdió”, pero el ministerio ya declaró la caducidad del contrato y la revisión de la tutela que podría cambiar esa situación sigue en manos de un juez en Barranquilla.
Para la primera semana de septiembre, como lo dijo el Ministerio, por la declaración de caducidad del contrato y la entrega del mismo a la ETB, se archivó el proceso contra Centros Poblados. ¿Eso qué quiere decir? “Que las eventuales multas y el seguimiento al cumplimiento del contrato aplican cuando este está vigente. Sin embargo, caducado el contrato, este se considera terminado y por lo tanto ya no se puede exigir cumplimiento de las obligaciones contractuales ni multar para apremiar la ejecución de estas”. Por el lado judicial, se esperaba la decisión del juez de Barranquilla, las actuaciones de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
Y entonces llegó el debate de moción de censura, hicimos análisis políticos sobre la respuesta del Gobierno a este tipo de escándalos, del mensaje que uno de los congresistas le envío a sus colegas por el manejo que se le estaba dando a este caso y hasta del reclamo de la misma ministra TIC porque dijo ser víctima de matoneo digital y le pidió explicaciones a la Real Academia, instándola a desmentir que su apellido sea un sinónimo de ‘robar’ o ‘estafar’:
Política
https://www.elespectador.com/politica/abudinen-y-carrasquilla-los-apoyos-de-un-gobierno-resignado/
Política
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En la edición del domingo pasado, María Alejandra Medina nos contaba en reportaje hecho en terreno lo que se había encontrado en varios de los puntos en los que debían existir puntos de internet incluidos en el ya sonado contrato. Lo tituló: “Error 404: en el corazón de los Centros Digitales del Mintic” Y lo resumió de manera sencilla y contundente: “Recorrimos cuatro de las sedes educativas asignadas al excontratista hoy investigado: Centros Poblados. Equipos instalados y prendidos, y otros botados y olvidados, el común denominador en esta historia sin internet”.
Dos días después el país se enteró de la renuncia de Adriana Meza y Sandra Orjuela, la secretaria general y subdirectora de Gestión Contractual del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, respectivamente. Las dos lideraron la audiencia de adjudicación del proceso. Dos salidas que se sumaron a la de Camilo Jiménez Santofimio, quien trabajaba como director de Infraestructura y quien además fue supervisor de este cuestionado negocio. No hay que olvidar, por ejemplo, que este contrato se lo ganó Centros Poblados sin tener la experiencia más sólida y demostrada en el sector TIC, y que este 8 de septiembre la Procuraduría radicó una acción popular para el reembolso de los $70 mil millones.
Les contaremos todos los detalles de lo que viene sobre este caso en www.elespectador.com y, al final, sobre quién asume la responsabilidad de este lamentable hecho que entra a sumarse a la larga lista de casos de corrupción que vivimos denunciando a diario en Colombia siempre tratando de proteger los recursos de todos. Por ahora ya se rumora la renuncia de la ministra Karen Abudinen, pero no ha salido la información oficial de Casa de Nariño.
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Edwin Bohórquez Aya ebohorquez@elespectador.com
Periodista. Gerente Digital de El Espectador, @EdwinBohorquezA
