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La nueva ola de concesiones de infraestructura, bautizada 5G, es casi tan amplia como su predecesora. Se tiene previsto que la compongan 24 proyectos, de los cuales ya se definieron 10: viales, férreos, fluviales y aeroportuarios. En entrevista con El Espectador, la viceministra de Infraestructura, Olga Ramírez, detalló cuál es el paquete de obras y cuáles serán las modificaciones contractuales que se harán para optimizar las concesiones.
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¿Cuáles son los proyectos que serán parte de las 5G?
Los proyectos ya están priorizados por el Gobierno, fue parte de la discusión que tuvimos con el Ministerio de Hacienda para contar con las vigencias futuras que necesitamos. En la fase preliminar están definidos la malla vial del Valle del Cauca y accesos Cali-Palmira, que está en etapa de licitación, y las Asociaciones Público-Privadas (APP) del río Magdalena y del Canal del Dique, ambas en procesos de precalificación. Además, finalizamos la estructuración y tenemos pendiente la aprobación por parte de Ministerio de Hacienda de la ALO Sur, un proyecto de importancia estratégica para las condiciones de movilidad de la sabana de Bogotá, y de la Troncal del Magdalena, antigua Ruta del Sol 2.
¿Los demás en qué etapa van?
En fase de estructuración, y con proyecciones para acabar este año, tenemos la etapa 2 del proyecto Accesos Norte, que se encuentra en fase de estructuración técnica, financiera y jurídica, y la vía Loboguerrero-Buga-Buenaventura, un corredor que conecta al centro del país con el puerto, donde también se retomaron las consultas previas. En estos lo que tenemos previsto es aperturar el proceso de adjudicación para marzo de 2021.
El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) destacó que esta vez los proyectos no serían solo carreteros, ¿qué se incluyó de los otros modos de transporte?
Tenemos la Iniciativa Privada (IP) Aeropuertos del Suroccidente, allí estamos por aprobar la etapa de factibilidad y terminando de cerrar una consulta previa en Buenaventura, porque se tiene previsto iniciar el proceso de adjudicación a mediados del próximo año. También tenemos el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena en aprobaciones por parte del Ministerio de Hacienda, aunque estamos revisando las proyecciones de tráfico por el tema de la pandemia. Por último, para la primera ola de 5G tenemos el tren de La Dorada-Chiriguaná, un proyecto que está estructurando la ANI para que ese tramo sea igual de eficaz al de Chiriguaná-Santa Marta. Ahí tenemos proyectada la apertura del proceso de adjudicación para abril de 2021.
Varios de los proyectos son de vieja data, ¿por qué decir que se trata de una nueva ola?
Lo denominamos 5G porque van a tener una mejora frente a lo que era el modelo anterior de concesiones, lo que hicimos fue revisar las lecciones aprendidas y estructurar de nuevo los contratos, así estuvieran adelantados. Es un paquete de 24 proyectos en dos olas, de la primera ya le hablé y en la segunda hay unas propuestas que apenas están en etapa de estructuración por parte de la ANI.
¿Qué cambia entonces en las 5G?
Las 5G van a recoger la experiencia que tuvimos en las 4G, pero además tienen aportes adicionales, principalmente con la sostenibilidad en temas sociales, ambientales, financieros e institucionales. En el pasado nos encontramos con que muchos proyectos estaban parados porque la comunidad no los aceptaba, porque no tenían cierre financiero o porque no tenían licencias, eso es lo que buscamos mejorar con las 5G.
¿Específicamente qué mejoras habría?
En el tema social, por ejemplo, estamos previendo que haya aportes obligatorios por parte de quienes van a ejecutar el proyecto, equivalentes al 0,5 % del valor del contrato, para hacer una inversión que beneficie a la población que vive en el área de influencia. Otra particularidad es que deben ser propuestas sostenibles financieramente, en el entendido de que las tarifas que se fijen para retribuir a los concesionarios puedan ser pagadas por los usuarios, según su capacidad, porque hemos visto que ha sido un problema la instalación de nuevos peajes o el incremento de las tarifas. La sostenibilidad institucional tiene que ver con el trabajo interno de la ANI, que la entidad se fortalezca y esté a la altura del programa de concesiones porque muchos de los problemas tienen que ver con la gestión contractual. Y en temas de procedimientos para los nuevos contratos que se vienen estamos trabajando de la mano con la Vicepresidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para revisar y mejorar aquellos aspectos que tienen que ver con el trámite de APP.
¿A qué cambios en los contratos se refiere?
El propósito es generar más competencia porque a veces cuando son iniciativas privadas los incentivos están dados para que se las gane el originador del proyecto. Estamos trabajando en un decreto con el DNP que amplía los plazos en iniciativas privadas para revisar la información y presentar propuestas, también revisamos en qué condición se le da al originador la oportunidad de igualar a otros proponentes. Esperamos tener el borrador listo entre septiembre y octubre.
¿Cuándo estarían listas las 5G? ¿Se pueden llegar a demorar tantos años como las 4G?
Con lo que hemos aprendido de las 4G ya tenemos mucho camino recorrido. Sin embargo, hay que saber que una vez adjudicados los proyectos existe una etapa de preconstrucción, que generalmente es de seis meses o un año, y una etapa de construcción, que toma alrededor de cinco años. Tenemos como base los tiempos que hoy existen, aunque se ha planteado ampliar la etapa de preconstrucción. La idea es no repetir los errores en que ya incurrimos y tomar las lecciones aprendidas para optimizar los tiempos.