La importancia de elevar el nivel a la discusión sobre los impuestos en Colombia

Entre las acciones del gobierno de Iván Duque, una de los que quizá destacará más para los historiadores económicos será el número de reformas tributarias discutidas en cuatro años. Entre tumbadas por la Corte Constitucional y presentadas y retiradas en el Congreso, esta administración diseñó cuatro proyectos de ley para modificar o reinterpretar la relación de los ciudadanos con los impuestos.

Para los anaqueles de la historia también quedará que uno de estos proyectos fue la chispa de arranque del motor detrás de uno de los mayores estallidos sociales en un país ciertamente acostumbrado a vivir en algún estado de crisis.

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Y este es un hecho notable si se tiene en cuenta que, en casi veinte años, el Congreso ha aprobado trece proyectos de naturaleza fiscal. De ahí que comúnmente se diga que uno de los deportes favoritos en Colombia es presentar reformas tributarias.

Hoy, la conversación sobre impuestos es mucho más que eso. De cierta forma, es un debate que raya en la visión de país, pues toca estrategias de recuperación de la economía, pero también de apoyo y garantías sociales durante una de las peores crisis económicas y sanitarias en la historia nacional.

Este es uno de los puntos que, con constancia y disciplina, ha impulsado la Red de Trabajo Fiscal, una alianza de nueve centros de pensamiento de varias instituciones (principalmente académicas) que ha estado al frente de la pregunta de cómo reformular la relación con los impuestos en un país profundamente inequitativo, con problemas estructurales en empleo y producción, por nombrar solo algunos asuntos.

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A lo largo de la administración Duque, pero con énfasis en la debacle de la Ley de Solidaridad Sostenibilidad (la reforma que fue retirada en los albores del paro nacional y presionó la salida del exministro Carrasquilla), la Red ha producido una serie de documentos con recomendaciones y borradores de articulado sobre cómo distribuir mejor las cargas del país, pero desde la visión de los impuestos.

Algunas de sus propuestas plantean ponerles un impuesto a las bebidas azucaradas. También se habló de alivianar la carga tributaria de las pymes. Así mismo, el grupo de expertos propuso un mecanismo para evaluar periódicamente los beneficios tributarios que se han creado y acumulado a lo largo del tiempo. Vale la pena aclarar que esta también fue una de las ideas de la Comisión de Expertos que el propio Gobierno contrató para asesorarlo en la creación de la difunta Ley de Sostenibilidad (la del paro).

La combinación de décadas de experiencia acumulada en la Red ha producido recomendaciones que, en algunos casos, pueden no ser políticamente muy populares (más en un año preelectoral, en la mitad de una pandemia), pero que, respaldadas con análisis y cifras, buscaban volver más progresivo el estatuto tributario colombiano y, a la vez, cerrar el déficit fiscal.

Lea también: ¿Qué trae la nueva reforma tributaria?

Además de las propuestas, el ejercicio de la Red resulta tan necesario como refrescante en un país que suele construir desde las grietas, no desde el colectivo (aún cuando los miembros del grupo vienen de diversas esquinas en cuanto a visión económica y política).

Con la más reciente reforma tributaria, aunque se inauguró un mecanismo casi que de consulta ciudadana, lo que quedó claro es que uno de los titulares para la administración que emerja de las elecciones de 2022 será “Gobierno prepara nueva reforma tributaria”.

A pesar de ser un deporte popular entre los presidentes, ministros y congresistas, la reforma tributaria suele ser un asunto que orbita en torno a lo abstracto y lo inaccesible. Casi por tradición han sido, en su mayoría, textos construidos a puerta cerrada y conciliados con las maquinarias legislativas.

Casi por oposición, y quizá también por racionalidad y cordura, uno de los mantras de la Red ha sido pedir mayor transparencia y fiscalización en la discusión tributaria. Se trata de abrir la discusión, pues, en el fondo, los impuestos son un asunto que nos toca a todos.

La transparencia también incluye, entre otras cosas, tener una conversación no solo sobre la fuente de los ingresos, sino cómo se gastan: mayor granularidad y especificidad para pasar de renglones como “gasto” o “inversión” a destinaciones específicas de recursos, por ejemplo.

Con todo, si algo demostró lo sucedido con la reforma y el paro es que la discusión tributaria sufrió una especie de desnaturalización: de ser una iniciativa manejada exclusivamente en oficinas técnicas a ser percibida también como un asunto político y ciudadano, y en esa medida generó una movilización social (alimentada también por un número más amplio de reclamos y problemas, claro).

En ese marco de discusión más amplio, lejos de los salones cerrados del Congreso o de algunos ministerios, se inscribe el trabajo de la Red. Al fin y al cabo, como ya se dijo, hablar de impuestos también es hacerlo sobre qué tipo de país queremos.

Entre las acciones del gobierno de Iván Duque, una de los que quizá destacará más para los historiadores económicos será el número de reformas tributarias discutidas en cuatro años. Entre tumbadas por la Corte Constitucional y presentadas y retiradas en el Congreso, esta administración diseñó cuatro proyectos de ley para modificar o reinterpretar la relación de los ciudadanos con los impuestos.

Para los anaqueles de la historia también quedará que uno de estos proyectos fue la chispa de arranque del motor detrás de uno de los mayores estallidos sociales en un país ciertamente acostumbrado a vivir en algún estado de crisis.

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Y este es un hecho notable si se tiene en cuenta que, en casi veinte años, el Congreso ha aprobado trece proyectos de naturaleza fiscal. De ahí que comúnmente se diga que uno de los deportes favoritos en Colombia es presentar reformas tributarias.

Hoy, la conversación sobre impuestos es mucho más que eso. De cierta forma, es un debate que raya en la visión de país, pues toca estrategias de recuperación de la economía, pero también de apoyo y garantías sociales durante una de las peores crisis económicas y sanitarias en la historia nacional.

Este es uno de los puntos que, con constancia y disciplina, ha impulsado la Red de Trabajo Fiscal, una alianza de nueve centros de pensamiento de varias instituciones (principalmente académicas) que ha estado al frente de la pregunta de cómo reformular la relación con los impuestos en un país profundamente inequitativo, con problemas estructurales en empleo y producción, por nombrar solo algunos asuntos.

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A lo largo de la administración Duque, pero con énfasis en la debacle de la Ley de Solidaridad Sostenibilidad (la reforma que fue retirada en los albores del paro nacional y presionó la salida del exministro Carrasquilla), la Red ha producido una serie de documentos con recomendaciones y borradores de articulado sobre cómo distribuir mejor las cargas del país, pero desde la visión de los impuestos.

Algunas de sus propuestas plantean ponerles un impuesto a las bebidas azucaradas. También se habló de alivianar la carga tributaria de las pymes. Así mismo, el grupo de expertos propuso un mecanismo para evaluar periódicamente los beneficios tributarios que se han creado y acumulado a lo largo del tiempo. Vale la pena aclarar que esta también fue una de las ideas de la Comisión de Expertos que el propio Gobierno contrató para asesorarlo en la creación de la difunta Ley de Sostenibilidad (la del paro).

La combinación de décadas de experiencia acumulada en la Red ha producido recomendaciones que, en algunos casos, pueden no ser políticamente muy populares (más en un año preelectoral, en la mitad de una pandemia), pero que, respaldadas con análisis y cifras, buscaban volver más progresivo el estatuto tributario colombiano y, a la vez, cerrar el déficit fiscal.

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Además de las propuestas, el ejercicio de la Red resulta tan necesario como refrescante en un país que suele construir desde las grietas, no desde el colectivo (aún cuando los miembros del grupo vienen de diversas esquinas en cuanto a visión económica y política).

Con la más reciente reforma tributaria, aunque se inauguró un mecanismo casi que de consulta ciudadana, lo que quedó claro es que uno de los titulares para la administración que emerja de las elecciones de 2022 será “Gobierno prepara nueva reforma tributaria”.

A pesar de ser un deporte popular entre los presidentes, ministros y congresistas, la reforma tributaria suele ser un asunto que orbita en torno a lo abstracto y lo inaccesible. Casi por tradición han sido, en su mayoría, textos construidos a puerta cerrada y conciliados con las maquinarias legislativas.

Casi por oposición, y quizá también por racionalidad y cordura, uno de los mantras de la Red ha sido pedir mayor transparencia y fiscalización en la discusión tributaria. Se trata de abrir la discusión, pues, en el fondo, los impuestos son un asunto que nos toca a todos.

La transparencia también incluye, entre otras cosas, tener una conversación no solo sobre la fuente de los ingresos, sino cómo se gastan: mayor granularidad y especificidad para pasar de renglones como “gasto” o “inversión” a destinaciones específicas de recursos, por ejemplo.

Con todo, si algo demostró lo sucedido con la reforma y el paro es que la discusión tributaria sufrió una especie de desnaturalización: de ser una iniciativa manejada exclusivamente en oficinas técnicas a ser percibida también como un asunto político y ciudadano, y en esa medida generó una movilización social (alimentada también por un número más amplio de reclamos y problemas, claro).

En ese marco de discusión más amplio, lejos de los salones cerrados del Congreso o de algunos ministerios, se inscribe el trabajo de la Red. Al fin y al cabo, como ya se dijo, hablar de impuestos también es hacerlo sobre qué tipo de país queremos.